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En la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, en el vallisoletano barrio de La Victoria, se obran milagros. Sobre la iglesia, en el cuarto ... piso, hay una vivienda gestionada por la fundación de la congregación religiosa, con cinco habitaciones, un almacén con algunos enseres y un cuarto de limpieza, entre otras estancias. En casi todas ellas las puertas lucen carteles que anuncian, en el idioma universal de los dibujos, lo que hay al otro lado. En los corchos no falta tampoco información, en francés y en árabe, sobre consejos para dormir mejor o cómo actuar ante un delito de odio. Todo está dispuesto para que allí convivan nueve jóvenes migrantes, llegados a España en patera o tras saltar la valla, desde distintos puntos de África, con una congregación de frailes mercedarios.
El hogar, gestionado por dos educadores sociales de la Fundación La Merced Migraciones, representa para muchos de ellos la única oportunidad para encontrar un trabajo y poder regularizar su situación en Valladolid, aunque para llegar hasta eso es necesario recorrer un largo camino hacia el arraigo, de al menos tres años, que empieza por aprender el idioma. Frailes, educadores, voluntarios y migrantes comparten, además de los espacios comunes, labores del hogar, charlas en castellano y ritos religiosos. Los últimos llegaron procedentes de Mali y Senegal hace escasos días, tras pasar seis meses en unos barrancones en Alcalá de Henares, donde fueron derivados después de llegar a Canarias en cayuco.
Todos ellos, al igual que muchos otros que han pasado por allí, en torno a 100 desde que el hogar abrió sus puertas en Valladolid en 2017, son mayores de edad y comparten fecha de cumpleaños. Al menos sobre el papel. «Cuando llegan a España vienen sin documentación, sin pasaporte y sin ningún papel. Verbalizan algo y normalmente por físico les ponen que nacen el uno de enero y son mayores de edad», señala Susana Mozo, educadora social, que apunta a la barrera del idioma y a la escasa o nula documentación oficial con la que atraviesan la frontera, como los principales escollos para determinar correctamente la edad.
Por eso es frecuente que algunos revelen que son menores cuando llegan a la casa de la calle saturno. Un estatus que les proporciona muchos más derechos y que les allana el camino para conseguir los papeles y encontrar trabajo en un futuro: «Si eres menor prevaleces, tienes todos los derechos de asistencia sanitaria, se regularizan tus documentos, tienes derecho a estudiar… es completamente otro camino».
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En todo este tiempo la fundación ha presentado «ocho casos» ante la Fiscalía de Menores de Valladolid y «sólo en uno» de ellos han conseguido que lo reconozcan como tal, gracias a que pudieron conseguir el pasaporte y a que el fiscal que atendió el caso lo dio por válido. Aseveran que es un «proceso subjetivo», que comienza por superar la desconfianza inicial entre los jóvenes, para que hagan llegar desde su país de origen la documentación oficial de la que disponen.
«Cuando llega su acta de nacimiento, hay que ir al consulado correspondiente, solicitar un carné y luego poder tener el pasaporte», detalla Mozo. Si el acta de nacimiento respalda su condición de menor, es cuando el caso llega a manos de la fiscalía especializada, y se inicia un proceso que puede durar «cuatro o cinco meses» y que depende en gran medida de los resultados de unas pruebas oseométricas, que están bajo el punto de mira de algunos organismos internacionales, como la ONU.
Susana Mozo
Educadora social de La Merced Migraciones
Estas pruebas, que son la vía «más rápida» para verificar a un posible menor, debido a la extenso proceso burocrático hasta conseguir el pasaporte, consisten en una «radiografía de la dentadura y de la muñeca, con los que se hacen unos informes, a parte de pasar por un médico forense». El resultado que arrojan, en casi la totalidad de los casos, es que son mayores de edad. «Los criterios que se tienen a la hora de valorar esas pruebas son los de la raza europea y la raza negra no es igual, entonces es muy difícil determinar que son menores», contextualiza la educadora.
Un segundo obstaculo es la falta de precisión de estas pruebas, ya que la edad final que figurará en su documentación, una vez la consigan, se estima con un «margen de un año o año y medio» por lo que en aquellos casos que vienen con edades cercanas a los 18 años, las pruebas no son favorables. No hay alternativa, ya que si se niegan a hacerlas «quedan desamparados». Ni si quiera el disponer de un pasaporte emitido por el consulado les garantiza ese reconocimiento, ya que debido a la corrupción en sus países de origen, no se considera como una prueba fiable.
Pese a las dificultades, desde la fundación trabajan para que el proceso sea lo más garantista posible. Sus pasos ahora están acompañados por los profesionales del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), con el que han alcanzado un convenio para poder asistir a los menores que llegan a la fundación durante un proceso incierto.
Un respaldo para quienes tienen que tienen que pasar por ello, pero también para los educadores que los acompañan, que gracias a ello disponen de más medios para pelear las resoluciones: «Ahora mismo estamos en proceso con algunos de ellos. Si hay un posible menor eso es lo que prevalece. Hay que defenderlo hasta que se demuestre si lo es o no».
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