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«La víctima ya no se siente segura ni con sus padres en la misma habitación»La fiscal de Menores de Valladolid, Consuelo de Jesús Vizcaíno, ha advertido este jueves de que se está produciendo un incremento de las demandas por acoso escolar, especialmente en aquellos casos «que se cometen a través de las redes sociales, el conocido como Cyberbullyng». «Es ... cierto que las nuevas tecnologías han venido a afectar a todos los delitos, pero a pocos ha afectado tanto como al acoso escolar», ha detallado la fiscal, en una ponencia celebrada en el Colegio San Agustín sobre la violencia entre iguales y su problemática en los centros educativos, en la que ha compartido con los docentes aspectos para identificar el acoso escolar y la normativa aplicable.
«La víctima ya no se siente segura ni teniendo a sus padres en la misma habitación», ha ejemplificado De Jesús, que ha explicado como las nuevas formas de acoso mediante el empleo de las nuevas tecnologías ha dado lugar a situaciones de hostigamiento constante: «Ahora el uso indiscriminado del móvil por parte de nuestros adolescentes ha hecho que se convierta en un fenómeno permanente, que se prolonga en cualquier momento del día. La víctima ya no se siente segura ni en su casa».
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Las redes sociales han contribuido también a que las humillaciones «perduren», al quedar inmortalizadas mediante contenidos alojados en las redes sociales, que lleguen a un mayor número de personas y que la crudeza sea aún mayores, debido a la «deshumanización» que producen las pantallas, por la falta de contacto visual. «Se dicen cosas que nunca se dirían en una conversación fuera de las redes y por lo tanto se multiplican los casos de acoso».
Estas nuevas formas de acoso, como el empleo de los grupos de Whatsapp escolares para compartir fotos o hablar de las víctimas de forma despectiva, dificultan el control por parte de los padres y de las instituciones educativas. «Las redes sociales son un campo enorme para el acoso escolar, en primer lugar porque ahí no estamos los adultos, es un mundo suyo privado fuera de nuestra observación», explica De Jesús, que ha recordado que la normativa comunitaria que regula los protocolos de acoso, ante estas situaciones que se escapan al control de los centros educativos, establece que se pongan los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Consuelo de Jesús Vizcaíno
Fiscal de Menores de Valladolid
Otro aspecto de preocupación es que estos hechos delictivos cada vez se producen a edades más tempranas. «Tenemos muchos casos en los que los responsables tienen 12 o 13 años», cuenta De Jesús, que advierte de que aunque no se les pueda aplicar el derecho penal juvenil -al ser inimputables por ser menores de 14 años-, puede tener consecuencias. »El hecho de que no exista responsabilidad penal no quiere decir que no exista una responsabilidad civil, si se ha producido un perjuicio susceptible de ser indemnizado», ha recalcado la fiscal, que apunta a que esta responsabilidad puede recaer sobre los padres y sobre el propio centro educativo, si estás situaciones «suceden en sus dependencias, pero también en otros contextos como en el periodo de transporte escolar, actividades extraescolares o las visitas culturales».
«Se trata de un problema de primer orden contra el que todos debemos luchar. Se provoca en la persona miedo, sufrimiento, angustia, pérdida de autoestima. El acoso afecta a su desarrollo personal en un momento vital», ha recalcado la fiscal, que apunta a que tiene consecuencias para toda la comunidad educativa: «También tiene efectos graves para el acosador, ya que si no se le da una respuesta contundente corre el riesgo de normalizar y perpetuar en su vida estás conductas basadas en la dominación y en la violencia física».
Para los demás alumnos, que «sienten la prisión de posicionarse del lado del agresor por miedo a represalias», corren el riesgo de aprender «aptitudes de no intervención, falta de solidaridad y tolerancia al acoso». En aquellos casos en los que ha existido incluso una intervención mínima en los comportamientos de acoso, pueden llegar a cometer un delito de omisión de socorro: «Si simplemente ven los mensajes o las imágenes contra el acosado, conocen la situación y se da el caso de que la víctima no puede prestarse ayuda a si misma, si no lo ponen en conocimiento de un adulto pueden llegar a cometer ese delito».
De Jesús ha recordado que los centros escolares disponen de normativa específica para abordar las situaciones de acoso escolar y que sus actuaciones son compatibles y aconsejables con la labor de la justicia. En los casos menos graves, la adopción de estas medidas por parte del centro pueden encauzar situaciones de conciliación, previstas en derecho penal juvenil, que disminuyan las penas impuestas por el juez de menores o eviten la celebración del juicio. Una experiencia que puede llegar a ser «traumática» para todos los implicados.
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