Más recursos y diálogo: las peticiones de los colectivos vallisoletanos a Ana Redondo en Igualdad

«El hecho de que la titular sea una persona del PSOE y no de Podemos-Sumar posiblemente no quite argumentos a la oposición para que sea centro de las críticas», apunta Rodríguez, aunque sí que augura un modo de actuar «más pausado y didáctico» que pueda rebajar la confrontación en un momento en el que «muchas legislaciones autonómicas en materias de igualdad y derechos LGBTI están en peligro».

«Tendrá que trabajar contra los discursos de odio hacia las mujeres que sustentan la 'manosfera' y el repunte de violencia física y simbólica», afirman desde la Coordinadora de Mujeres, entidad que engloba a 14 colectivos vallisoletanos y que subraya otros tres deberes que esperan a Ana Redondo en su nuevo despacho ministerial.

Uno: «Trabajar para la prevención de todas las violencias hacia las mujeres y dar pasos ante el repunte de violencias sexuales y violencia de género». Dos: «Apostar claramente por una educación sexual integral acorde a la normativa internacional». Tres: «Impulsar y propiciar todas aquellas políticas de empleo que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tendentes a eliminar la desiguladad salarial y todas las consecuencias que de ella subyacen».

«Ana Redondo no ha trabajado en Valladolid directamente con temas de Igualdad, pero siempre le hemos recordado, en sus competencias de Cultura, que los planteamientos deben ser transversales», asegura Nina Infante, del Foro Feminista. En su caso, las reivindicaciones miran hacia dos grandes áreas. Por un lado, reclama más presupuesto en la «lucha contra las violencias». Hasta el 8 de noviembre, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género había consignado en España el asesinato de 52 mujeres (ya son más, a estas alturas del año, de las registadas en 2020, 2021 y 2022). El colectivo vallisoletano entiende que, en esta línea, Redondo tendrá que suturar las heridas abiertas por los efectos de la llamada ley del 'Solo sí es sí'.

«Además, están otras violencias, como los vientres de alquiler, la prostitución o la trata. En estos casos, apostamos por la abolición», dice Infante. El segundo foco lo ponen en la enseñanza. «Se debe insistir en el respeto a la igualdad en todos los ámbitos escolares, con formación para el profesorado». Y a esto suma la necesidad de dotar de más recursos a la judicatura o los agentes de igualdad.

«Hay que ofrecer recursos económicos a las víctimas», insiste Sofía Larrea, trabajadora social de Avadasymt, la asociación de asistencia a víctimas de agresiones sexuales y malos tratos. Desde esta ONG recuerdan que no hay medios económicos «ni personales» suficientes para garantizar que se cumplen las órdenes de alejamiento de los agresores hacia las víctimas. «Nos encontramos muchos casos en los que se saltan esa orden de alejamiento y eso hay que garantizarlo también con recursos policiales», indica Larrea e insiste Conchi Minayo, presidenta de Adavasymt.

Esta asociación pide además un mayor control de las ayudas que llegan a los ayuntamientos a través del Pacto de Estado contra la violencia de género. «En algunos casos, se gasta el dinero en paraguas o viseras y no en acciones concretas para proteger la vida de las mujeres», indica Minayo. Y también insisten en la importancia de la coeducación en las aulas.

«Los temas educativos son muy importantes y hay que reforzar la educación sexual y afectiva», indica Yolanda Rodríguez, quien recuerda que Redondo ha estado cerca de acciones vinculadas con la Igualdad y la Cultura, como el festival Cinhomo y el Zorrilla's Fest en Valladolid. «Por delante tiene varios retos importantes y apasionantes», asegura Rodríguez. Por ejemplo, sacar adelante un pacto de estado contra los delitos de odio, que en situaciones de discriminación con sexo y género crecieron el 76,6% durante 2022.

«Desde el Ministerio se puede dar además una cobertura estatal en algunas materias, aunque estén transferidas, como la educación y la sanidad». Y más, dice, en un momento en el que varias legislaciones autonómicas están en peligro, «como en Madrid, donde se han derogado, o en otras comunidades, que no ponen los recursos necesarios para desarrollarlas». «La base de mucha parte de la legislación ya existe y ahora hay que implantarla», como en la llamada 'ley trans', cuenta Rodríguez, quien confía en que el perfil de Redondo contribuya a que las políticas de igualdad «no estén permanentemente en el foco de la oposición». Y especialmente en un momento de creciente polarización social como el actual.

Desde el Foro Feminista dicen que estarán «atentas» también a las líneas que el Ministerio de Igualdad fije respecto a políticas impulsadas por la anterior titular de la cartera, Irene Montero, con la que no están de acuerdo, como la ley Trans. «Desde el feminismo defendemos los derechos de todos, pero creemos que se han borrado y ocultado en ocasiones los derechos de las mujeres», dice Infante.

«Es verdad que no ha tenido competencias en materia de Igualdad, pero lo va a hacer bien. Para eso, es importante que se deje guiar por lo que ya se ha hecho y también por el papel de empuje que tenemos todas las bases y los colectivos feministas. Nuestra responsabilidad también es importante», dice Elena de la Fuente, de la Asociación de Mujeres de La Rondilla, quien también insiste en más políticas educativas y mejor atención a las víctimas de la violencia de género.