«Reconozco que le di una 'guantá' para quitármela de encima, pero no la secuestré»

Pero el relato de lo ocurrido entre las tres de la madrugada y las cuatro y media de la tarde del día siguiente que pintaron ante el tribunal de la Audiencia de Valladolid fue muy divergente y, en algunas ocasiones, se tornó confuso y hasta «surrealista», en palabras de la defensa, que solo reconoce que se produjo un delito de lesiones (no dos, como sostiene la fiscal) y pide la libre absolución para su cliente del delito más grave del que se le acusa, la detención ilegal.

«Soy culpable de darle una 'guantá' pero no ha sido retenida jamás. ¡Reconozco la pelea, pero no hubo secuestro, coño!», se alteró el acusado ante las preguntas de la fiscal. Paulino Hernández Morales, de 51 años, contó que ese día habían estado pidiendo a la puerta de Mercadona y que volvieron juntos a casa, un microapartamento de 35 metros cuadrados de la calle Santiago. «Ella lo único que quería era más cocaína y yo no quería porque estábamos ya muy puestos de todo y no quería que se gastase el dinero de la pensión porque había que pagar el alquiler y así empezó todo», aseguró en su declaración. Aludió a los problemas mentales de su pareja y en todo momento negó que le diera una paliza. «le empujé para quitármela de encima porque ella también me pegó y le dí en la cara, pero ya está», repitió, y achacó el resto de lesiones que presentaba su mujer a que se cayó «dos o tres veces, porque estaba muy perjudicada». También manifestó que tras la discusión «durmieron juntos» y que entrada la mañana del día siguiente, sobre las once, salió del apartamento para comprar tabaco y tomar una cerveza. «Un momento que ella habria podido aprovechar si es que de verdad hubiera estado secuestrada», argumentó su abogada.

Pero lo cierto es que la mujer pidió socorro en varias ocasiones por la ventana del patio interior y, sobre las cuatro de la tarde, una vecina del edificio de enfrente que la vio, con la cara totalmente desfigurada, avisó a la policía. Pero horas antes, sobre las tres de la madrugada, aunque ella no se acordaba, llamó por teléfono a la hermana de la propietaria del piso para pedirle que fueran a abrir la puerta. Cuando las dos testigos llegaron allí, siempre a través de la puerta, «ambos» pidieron que la abrieran, pero la propietaria se negó argumentando que era ilegal entrar en un domicilio y más a esa hora, que tendría que entrar en presencia de la Policía. Ante esa mención, la pareja dijo que no pasaba nada, que se fueran tranquilas. Se da la circunstancia de que las llaves las tenían puestas en el interior, de manera que la puerta no podría haberse abierto desde fuera, subrayaron las testigos.

«Estaba tan paralizada por el miedo que no se me ocurrió ir hacia la puerta para ver si estaban las llaves puestas. Solo me quedaba sentada en el sofá interrogándome porqué Paulino lo había hecho», señaló la víctima de la agresión a las preguntas de la defensa, centrada en que no fue retenida contra su voluntad. La mujer relató, en contra de lo declarado por el acusado, que ella ese día no fue a pedir a la puerta del supermercado porque se había quedado en la cama. Negó también que hubiera bebido alcohol o consumido cocaína, aunque sí dijo que había tomado tres pastillas tranquilizantes. Manifestó que cree que Paulino utilizó la excusa de que no había hecho la cena para pegarle y aseguró que los golpes se repitieron durante mucho tiempo aunque admitió que en ese intervalo mantuvieron relaciones sexuales y hasta recibió un masaje en el dedo de una mano. «Yo no quería perjudicarle, solo quería que viniera un médico, no la Policía», subrayó la agredida.

Paulino Hernández Morales, que está en prisión preventiva desde el mes de febrero cuando fue detenido por estos hechos, tiene en su haber un antecedente por maltrato a otra mujer que sigue vigente, como recordó la fiscal durante su exposición de conclusiones finales, en la que mantuvo la petición de ocho años de prisión (seis por la detención ilegal y uno por cada uno de los dos delitos de lesiones), así como la prohibición de acercarse al domicilio o lugar de trabajo de la víctima a una distancia inferior a 500 metros por un tiempo total de ocho años.