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Todos somos muy solidarios sobre el papel, pero cuando los posibles (presuntos) problemas se acercan a tu casa, la cosa cambia: ese entusiasmo fraternal torna en recelos, en miedo y precaución. Para unos, es entendible. Para otros, revela falta de humanidad. Elija usted en cuál ... de las dos posiciones se sitúa. La decisión del Gobierno central de paralizar la construcción del centro de refugiados de Delicias ante la indecisión del Ayuntamiento para dar su sí definitivo supone el tercer aborto en dos décadas de grandes dotaciones de carácter social que impulsaban oenegés o la propia Administración. En los tres casos, la presión vecinal ha sido clave. Ponerse en contra de un movimiento ciudadano que rechaza tener cerca a colectivos desfavorecidos o marginales puede conllevar costes políticos que no interesan.
El último capítulo se acaba de escribir estos días. El Ministerio de Inclusión descarta la inversión de 17 millones de euros para levantar un edificio en la calle Dulzaina, junto al Hospital Río Hortega. El proyecto llegó con Puente en la Alcaldía y se esfuma con Carnero en el mismo cargo. Entre ambos, una oposición por parte de los residentes del entorno que ya se anunciaba contundente. Resultado: el Ayuntamiento lo ha dejado estar y los plazos de los fondos europeos para financiar la obra han apretado hasta que ya no cabía la posibilidad de ejecutarlo a tiempo.
De otra manera, Valladolid ya conoce esta película.
Enero de 2002
Se anunció a finales de 2001, como siempre con ese tono que apela a la solidaridad ciudadana. El proyecto contemplaba la construcción de un centro de ayuda a toxicómanos en una parcela de Juan Carlos I, junto al polideportivo de Canterac. No era una narcosala, se matizaba entonces para apaciguar unos ánimos que se caldearon rápido, sino que se limitaría al suministro de preservativos, jeringuillas y otros productos para prevenir males mayores entre los adictos. El proyecto puso enseguida en guardia a un vecindario temeroso y se convocaron unas movilizaciones que comenzaron a incomodar a las autoridades, entre ellas al entonces alcalde, Francisco Javier León de la Riva.
Situar una dotación de estas características junto a un espacio de ocio y un colegio no parecía, a juicio de los residentes, la mejor opción y en las manifestaciones instaba al regidor a llevárselo a la urbanización El Pichón. Siempre, recordaban, la compañía de lo marginal les toca a los mismos. La movilización no cesó y la caldera seguía hirviendo hasta el punto de que en diciembre de 2001 la asociación vecinal llegó a congregar a más de dos mil personas en la plaza del Carmen contra lo que consideraba un nuevo gueto en un barrio ya tocado. En aquella concentración, se avanzaba, además, la intención de iniciar turnos de guardia en la parcela para evitar que entrasen las máquinas. La cosa se ponía fea.
Un mes después, el 11 de enero de 2002, El Norte de Castilla publicaba en su página 8 que Aclad renunciaba a la construcción de un centro que la Junta iba a financiar con 450.800 euros. La presión social lograba tumbar el proyecto. El Ayuntamiento remitía de inmediato una carta, firmada por el primer edil, en la que mostraba su confianza en que la noticia «fuera bien recibida en Las Delicias» al tiempo que realizaba un llamamiento en favor de «la tolerancia hacia un problema que, en mayor o menor medida, nos afecta a todos».
Junio de 2003
La misiva con la que León de la Riva cerraba el conflicto de Delicias, apelando a la solidaridad en un futuro, no caló tampoco en los barrios de Girón y La Victoria. A finales del año 2000, el pleno del Ayuntamiento daba luz verde a la cesión de una parcela junto al colegio Cristo Rey, en la avenida de Gijón, para que Cruz Roja pusiera en marcha lo que se llamó Ciudad Humanitaria, una dotación con un presupuesto para su construcción de más de dos millones de euros en la que la ONG pretendía atender a colectivos vulnerables: desde toxicómanos a indigentes, pasando por mujeres maltratadas o inmigrantes.
Ese visto bueno unánime en el salón municipal de plenos pasaba en cierta manera desapercibido en un primer momento. Pero cuando los vecinos comenzaron a indagar, de nuevo llegó la guerra. Ocho mil firmas recopiladas en tiempo récord y la unión de prácticamente todas las entidades del entorno contra lo que se consideraba un riesgo para la seguridad en la zona anunciaban una compleja cuesta arriba para sacarlo adelante. Durante más un año, la lucha vecinal contra el proyecto quedó reflejada en las páginas de este diario. El rechazo fue 'in crescendo', a pesar de los esfuerzos de Cruz Roja y del propio Ayuntamiento para intentar convencer a los detractores. Ni la propuesta a la baja para reducir las dimensiones del edificio ni las decenas de reuniones mantenidas para intentar ablandar a los opositores dieron resultado.
En marzo de 2002, cerca de cinco mil personas salían en manifestación hasta la Plaza Mayor para reiterar su no tajante a tener como vecino un inmueble que iba a ser ocupado por personas que, a su juicio, podían desestabilizar la paz social en estos barrios. Tras las elecciones municipales de 2003, Cruz Roja bajaba los brazos y daba por zanjado el proyecto.
Enero de 2024
Y llegamos al presente. Y la historia se repite. Delicias, que ya lo vivió hace dos décadas, ha vuelto a decir no. Dos asociaciones vecinales del barrio remitían a los medios este pasado miércoles un comunicado en el que solicitaban al Ayuntamiento que fuera claro en su postura tras conocer que el Ejecutivo de Pedro Sánchez renunciaba al centro de refugiados. En este caso, la resolución ha sido rápida, principalmente por el cambio de Gobierno municipal. Esta dotación, que los de Puente y Saravia anunciaron en marzo de 2022 como una oportunidad para la ciudad, quedó en una especie de limbo cuando accedieron el PP y Vox en junio de 2023.
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Enrique Berzal
El 'ni sí ni no' de los de Carnero, conscientes, sin duda, de que un marrón de estas características no les interesaba para estrenarse en la gestión municipal, ha llevado al ministerio a descartar el proyecto. Esos 17 millones se irán a otro lugar para cumplir la misma función: ofrecer atención a refugiados e inmigrantes a la espera de asilo. Los argumentos de los detractores, unidos por las asociaciones vecinales del barrio, son casi idénticos a los que en su momento se aportaron para oponerse al centro de toxicómanos. '¿Por qué siempre en los mismos lugares?, ¿por qué en un barrio que ya soporta un nivel de población emigrante importante y focos de marginación asentados?' Es verdad que otras 47 entidades de la ciudad firmaron un manifiesto de apoyo a su instalación, pero, según subrayan en Delicias, no representan a la gran mayoría de los residentes del entorno del Río Hortega.
Este jueves, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, reiteraba que el Ayuntamiento tenía de plazo hasta el mes de octubre para responder sobre su postura y estaba en un «periodo de reflexión». «Si la decisión es no acometer aquí en Valladolid el Centro de Refugiados, nosotros como no puede ser de otra manera lo tenemos que respetar», apostillaba en declaraciones recogidas por Europa Press.
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