Rafael Delgado: «Comprar el edificio de Arroyo y las parcelas de Portillo fue beneficioso para la Junta»
comisión de investigación ·
El exviceconsejero de Economía investigado por los casos Perla Negra y la trama eólica se defiende en las Cortes: «Soy el chivo expiatorio de estos procedimientos y he sido perseguido incluso por la Junta»
El principal investigado en las dos macrocausas judiciales por supuestos delitos de corrupción en la compra del edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda, las parcelas del inexistente polígono industrial de Portillo y el reparto de los parques eólicos en Castilla y León ... que generó comisiones de más de 80 millones de euros, según sostiene la Fiscalía Anticorrupción ha comparecido este jueves en la comisión parlamentaria, ha dicho de entrada, para tener la oportunidad de defenderse «después de nueve años de ser el chivo expiatorio de estos procedimientos y ser perseguido incluso por la Junta». Rafael Delgado Núñez, con un currículo de más de 20 años en la Administración autonómica y que ha ocupado altos cargos vinculados a la Consejería de Economía y Empleo en tres legislaturas (desde 2003 a 2015) y que se expone a elevadas penas de prisión, ha seguido la pauta mantenida en sus declaraciones judiciales: todas sus actuaciones se enmarcan en la obediencia debida a sus superiores y con el único objetivo del interés público. En ese contexto ha subrayado reiteradamente que la operación de compra del edificio de la Junta en Arroyo de la Encomienda para agrupar servicios de la Consejería no solo estuvo justificada por el ahorro de los alquileres que suponía (dos millones y medio al año), sino que además «no hubo sobrecostes» en el precio del inmueble que, presupuestado en 58 millones, finalmente costó a la Junta cerca de 70 millones de euros. Según Delgado, se trató de «una decisión política» que no era suya, sino de sus superiores y que resultó «beneficiosa, ventajosa para la Junta», al igual que la compra de los terrenos de Portillo, ha respondido a la portavoz del Grupo Mixto en la comisión, Laura Domínguez, de Podemos. De cualquier forma, el exsecretario general de Economía, que fue durante años el número 2 de la Consejería de Villanueva se ha desmarcado de estas operaciones, que se gestaron entre 2003 y 2009. «Yo no me he beneficiado de estas actuaciones, sino que he actuado de acuerdo a las directrices políticas del titular de la Consejería (el fallecido Tomás Villanueva), quien además vigilaba que se cumplieran».
Durante su declaración, y a preguntas del portavoz socialista José Francisco Martín sobre «quien ha mentido en esta comisión», Delgado ha descartado que estas operaciones fueran desconocidas por los consejeros y, en concreto, por la entonces consejera de Hacienda y hoy concejala del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, quien también ha comparecido ante la comisión y que manifestó no tener nada que ver con las decisiones que culminaron primero en el alquiler y luego en la compra del edificio de Arroyo, conocido como Perla Negra, a través de la empresa pública Gesturcal, después ADE Parques., a pesar de que era su departamento, ha explicado Delgado, «encargó por su cuenta hasta dos tasaciones del inmueble y solo Hacienda estaba facultada para hacer los pagos, dar oficinas y autorizar la salida de las direcciones generales a otras ubicaciones. Hacienda delegó en Economía y esta encargó la operación a Gesturcal».
Tampoco ve Rafael Delgado ilegalidad alguna en el reparto de la tarta eólica en la comunidad, que comenzó en 2003. Respecto de su papel en la avocación (delegación del consejero para que él autorizara de manera centralizada los parques eólicos, un trámite que en un principio se realizaba en las delegaciones territoriales), ha señalado que «ni retrasé ni aceleré la tramitación de los parques eólicos, como han acreditado los funcionarios que han pasado por sede judicial y que me pasaban estos expedientes para la firma». Ha explicado que fue Villanueva quien decidió que se hiciera de esta manera para centralizar las tramitaciones de cientos de solicitudes de un sector en alza que, en ese momento «era el más importante en Castilla y León, era la primera inversión de la comunidad, 5.000 millones de euros; no había una inversión de este volumen, con la implicación que tenían, industrial y de puestos de trabajo, en casi todas las provincias. Era evidente que el consejero tenía que controlar». Si algunos de esos expedientes se agilizaron en 2006 fue, ha asegurado, «porque Red Eléctrica Española dio el visto bueno y Medio Ambiente hizo un borrador previo de aquellos que no tenían objeciones en lo que se refiere al impacto ambiental».
Respecto de la entrada de empresas locales en los conciertos con las empresas eléctricas promotoras de las solicitudes que favoreció la Junta como condición para autorizar los parques eólicos, el exnúmero dos de la Consejería de Economía y Empleo ha señalado que «era por interés público, por apoyar a las empresas de Castilla y León, no por otra cuestión» y en el caso de las plusvalías generadas en la transmisión de participaciones tras la retirada de los pequeños inversores considera que «forman parte de las negociaciones entre las empresas, es legítimo y eran negociaciones conocidas por las autoridades. son negocios lícitos y no me consta que nadie de la Administración se haya beneficiado con esos recursos. De cualquier forma, yo no intervenía en esas transacciones«, ha concluido.
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