Valladolid

Vivir entre ratas, ovejas con sarna y amenazas: «Le vemos sacar animales muertos»

La tapa que separa ambas propiedades soporta al otro lado una montaña de estiércol, de la que emana un olor nauseabundo. «Eso que se ve ahí son orines y heces», apunta Velasco, sobre las filtraciones que presenta la pared junto a una gran grieta. El hedor, aunque en menor intensidad, llega hasta la calle, cuyo suelo está lleno de los excrementos que deja el rebaño, en pleno núcleo urbano. «Y esto no es nada, ahora está hasta limpio», aseguran los vecinos, que han llegado a ver placentas por el suelo.

«Por ahí se cuelan las ratas», señalan, mientras apuntan hacia varios agujeros en la pared de la explotación. El pasado mes de agosto tuvieron una plaga de estos roedores, que yacían junto a sus viviendas tras ingerir un veneno presuntamente depositado por el propietario en la vía pública, que se habría cobrado la vida de varias mascotas. «Salíamos de casa con un palo para retirar las ratas», recuerda Susana Posada, que vive frente a la explotación ganadera desde hace 17 años.

Esta vecina asegura que el problema no es la explotación en sí, sino las condiciones de insalubridad en las que mantiene a los animales: «Nos molesta cómo tiene las ovejas, que da pena verlas. No tienen lana, tienen rastas de mierda», describe la vecina, que prácticamente todos los días ve pasar al ganadero con el cadáver de las reses que se le van muriendo. «Cada dos o tres días le vemos sacar animales muertos. Las ovejas están enfermas, tienen todas sarna». Los vecinos aseguran que a pesar de los problemas de salud del rebaño, el propietario vende corderos ilegales: «Los matan ahí dentro y los sacan en bolsas de basura».

Gran parte de lo relatado por los vecinos consta en varios informes que motivaron la retirada de la licencia ambiental por parte del Ayuntamiento para la explotación ganadera en septiembre de 2015. La orden llegó después de que en marzo de ese mismo año se produjera el derrumbe de la pared que separaba la granja del garaje, en el número 14 de la calle Olmos. «Se derrumbó y sonó como una explosión. Salieron ratas y de todo. Había mierda solidificada como las pirámides», recuerda el vecino. Durante el desplome falleció un animal golpeado por una viga.

Fue entonces cuando la explotación recibió la visita de varios técnicos, entre ellos personal del Ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de la Guardia Civil, en cuyo informe dejó constancia de que había una gran cantidad de estiércol junto al muro derribado y de que la explotación se encontraba «en pésimas condiciones sanitarias y hacinamiento de los animales, no cumpliendo con las medidas correctoras exigidas en la licencia ambiental». Así mismo el informe de la benemérita documentaba que tenía 113 cabezas de ganado más de las que tenía autorizadas -667-.

La revocación llegó después de que el Ayuntamiento instara al ganadero a «apear los elementos estructurales» y a «desescombrar el estiércol acumulado» y tras comprobar los técnicos que no se había procedido a la limpieza y que se estaba ejecutando una obra orientada a la reconstrucción de la nave, para la que no tenía autorización, según consta en la sentencia.

El demandante recurrió la resolución del Ayuntamiento ante el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3, que desestimó el recurso de apelación en 2017. El mismo fue elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que dio la razón de nuevo al Consistorio en 2018. No hay constancia de que la sentencia se haya elevado a otros organismos y los vecinos aseguran que se trata de una sentencia en firme. Este periódico ha intentado recabar la versión del propietario de la explotación, que se ha mostrado hostil y ha rehusado hacer declaraciones.

Los vecinos confirman que las ovejas nunca han llegado a abandonar el lugar y que tampoco se ha efectuado la limpieza. Ahora viven temerosos de que se produzca un nuevo derrumbe, después de que hace tres meses aparecieran nuevas grietas. La calle se encuentra precintada desde entonces, cuando dieron el aviso a los Bomberos y la Guardia Civil, ya que «se oía crujir las paredes». Desde entonces, aseguran, los servicios de limpieza no acceden a la zona para que las vibraciones de los vehículos no afecten a la debilitada estructura. Sí lo hace el propietario, que entra y sale de la granja con el tractor, retirando las vallas y las cintas de balizamiento.

Además de los problemas de salubridad, aseveran vivir con miedo por la violenta actitud del ganadero: «Nos ha amenazado con una escopeta y con destrozarnos los coches con el tractor». El conflicto ha creado algunas divisiones en la localidad, pues los afectados lamentan la incomprensión por parte de otros habitantes: «Nos llegaron a expulsar de un grupo de Facebook por colgar las imágenes de las ratas».

A pesar de estos problemas se muestran agradecidos al actual equipo de Gobierno local, que «se está moviendo», y responsabilizan a la Junta de no haber expropiado a los animales para llevarlos al matadero. El sacrificio de los mismos se ordenó por la Dirección General de Producción Agropecuaria, dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, en abril de 2022. Pero este no se llegó a ejecutar, lo que motivó que el ganadero recurriese la resolución en octubre de 2023, más de un año después.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería para conocer su versión sobre estos hechos, que alega que la resolución de 2022 fue «un error administrativo del anterior equipo de Gobierno», que habría motivado el recurso del ganadero, estimado por la actual administración. Sin dar más detalles sobre la resolución del mismo, aseguran que en la actualidad están a la espera de que el Ayuntamiento comunique oficialmente «el decreto de ruina y desalojo inminente de los animales para que le facilitemos la documentación administrativa que necesita para el traslado de los animales».

Por su parte el Consistorio ha emitido un comunicado en el que ha recordado que el Ayuntamiento revocó todas las licencias y que no tiene las competencias «para reubicar ovejas». Así mismo arguye que pusieron en conocimiento la «grave situación sanitaria» en 2022, «sin que se haya realizado actuación alguna» por parte de la Dirección General de Producción Agrícola. En la actualidad el caso se encuentra en el Juzgado de Instrucción nº2 de Valladolid, en el que se están practicando diligencias tras una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento por presunto maltrato animal.