Intervienen una granja de ovejas presuntamente ilegal en un pueblo de Valladolid

El Pacma recordó que las instalaciones, que no cumplían con los mínimos sanitarios y medioambientales, fueron cerradas por el Ayuntamiento en 2015 tras un derrumbe parcial; medida que fue respaldada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Valladolid y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que desestimó la solicitud del propietario para paralizar la clausura.

Un comunicado del Partido Animalista señaló que la situación de esta explotación ya había sido denunciada de forma reiterada por los vecinos desde hace más de 20 años. Pese a ello, lamentó que «nada ha cambiado para las ovejas que aún sobreviven en su interior, en un lamentable estado de desatención». No en vano, apuntó que estos animales, exclusivamente dependientes de la intervención humana para su subsistencia, desarrollan sus vidas entre heces y escombros desde hace décadas. «Se desconoce cuántos pueden haber muerto a lo largo de los años pero, según los vecinos, las montañas de estiércol y los traslados de cadáveres no son infrecuentes, así como el avistamiento de ejemplares vagando por las calles en pésimas condiciones», denunció.

Pacma cargó contra el alcalde del municipio, José Carlos Martín, y la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Castilla y León, Teresa Rodríguez, que tenían conocimiento de estos hechos, pero no han procedido hasta la fecha a reubicar a las ovejas a pesar de haberse comprometido a «poner todos los medios para solucionarlo».

La formación política considera que esta situación constituye una infracción de la normativa vigente, incluyendo la Ley 32/2007 para el cuidado de los animales en explotaciones ganaderas, y el Real Decreto 348/2000 que incorpora la Directiva 98/58/CE relativa a la protección de los animales en estas explotaciones, y espera que los animales sean puestos a buen recaudo a partir de la intervención de ayer.

Ante la gravedad de la situación, Pacma solicitó una investigación «exhaustiva» de estos hechos, la apertura de un expediente sancionador si procede, el cierre total de las instalaciones y el traslado inmediato de los animales a un santuario donde puedan recibir los cuidados necesarios.