El PP y Cs sacan adelante el presupuesto de la Diputación, que sube el 6,7%

Con intención de continuar la línea de trabajo de los presupuestos anteriores y «dejando a un lado lo importante para atender a lo urgente», debido a la delicada situación económica y social que está dejando y dejará la Covid en la provincia, la Diputación de Valladolid aprobó ayer en pleno –celebrado de forma telemática– los presupuestos para el próximo 2021, los segundos de Conrado Íscar al frente de la institución provincial. Este plan económico sale adelante con los votos a favor del compromiso político mantenido por PP y Cs, las abstenciones de Vox y Valladolid Toma la Palabra y la negativa del Partido Socialista.

Los presupuestos establecidos para 2021 alcanzan una cuantía total de 118,10 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,7% respecto al ejercicio anterior. El compromiso con los más vulnerables vuelve a ser la partida más elevada, ya que se destinarán 47 de cada 100euros de estas cuentas. La modernización de los ayuntamientos, así como la digitalización y la administración electrónica ocupan igualmente un lugar prioritario en los objetivos del nuevo presupuesto provincial. «Los servicios sociales son la joya de la corona de este proyecto dinamizador», defendió el vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso Monge, en su intervención durante el debate, que no estuvo exento de reproches por parte del resto de grupos políticos que calificaron el proyecto de «decepcionante».

Durante las dos horas y media que duró el pleno –no exento de problemas de conexión– los tres grupos de la oposición presentaron 31 enmiendas, que sumaban un importe global superior a los 15,5 millones de euros. Tras la sesión, se dio luz verde a casi la mitad de las propuestas de modificación, con 13 enmiendas admitidas (ocho de TLP y cinco de Vox) por valor de 1,5 millones de euros.

La intervención de la vicepresidenta segunda de la Diputación y portavoz de Cs, Gema Gómez, quien repitió el discurso de «sensatez y moderación» mantenido hace veinte días en la presentación de los presupuestos, no logró aplacar los ánimos de la portavoz de Toma la Palabra, Virginia Hernández, quien endureció el tono al referirse a la libertad de gasto para los municipios. «No jueguen con hipótesis que no van a realizarse. No han aumentado ni un céntimo el dinero destinado a libertad de gasto, después de que basaran el plan de choque tras el estado de alarma en garantizar la suficiencia financiera a los ayuntamientos» y reprochó duramente que se vaya a destinar más de un millón de euros a publicidad o patrocinios.

Pese a la tensión que traspasaba la pantalla del pleno telemático, finalmente ocho de sus 17 propuestas fueron admitidas. Estas enmiendas, por valor de 500.000 euros, son las referidas a las ayudas para la rehabilitación de viviendas por parte de particulares –100.000 euros más de lo previsto hasta alcanzar 470.000 euros-; las destinadas a la compra pública y acondicionamiento de viviendas en el medio rural (250.000 euros), al plan de apoyo al comercio y vendedores ambulantes en municipios de menos de 200 habitantes (100.000 euros), además de las cinco que proponían duplicar la cantidad a recibir por los Grupos de Acción Local de la provincia de Valladolid, «que son las entidades que realmente dinamizan el empleo en nuestro medio rural» –y cuya cuantía se incrementará de 10.000 a 20.000 euros cada uno–.

Por su parte, el grupo provincial de Vox, cuyo portavoz, Mario de Fuentes pedía «mayor transparencia y un mejor reparto de las subvenciones» y apostaba también por «la digitalización en la provincia», finalmente consiguió el apoyo suficiente para que cinco de sus siete enmiendas –que superan el millón de euros– tengan varios destinos. La partida de Internet para la mejora en conectividad de todos los pueblos se incrementará en 850.000 euros, hasta llegar al millón; las actividades de concienciación en acoso escolar contarán con una dotación de 12.000 euros, así como una ayuda directa a hosteleros por valor de 120.000 euros. Con una partida de lucha contra la violencia intrafamiliar (15.000 euros) y una cuantía de 23.500 euros destinados a subvenciones finalizaban las proposiciones de Vox aceptadas en pleno.

En contraposición, las ocho enmiendas por valor de 7,42 millones de euros que presentó el Grupo Socialista, enfocadas «al apoyo de los ayuntamientos y a frenar la despoblación en la provincia» fueron rechazadas en el debate alegando más razones técnicas que de contenido. Su portavoz, Francisco Ferreira, lamentó la falta de apoyo ante un presupuesto que calificó de «poco ambicioso y continuista». «El año pasado presentamos 22 enmiendas, se admitieron tres en relación a algo más de 4 millones y solo una se llevó a cabo», sentenciaba el socialista.