Valladolid

El PSOE demandará a la Diputación si tres localidades no pagan por los bomberos

En concreto, el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira, ha presentado una solicitud administrativa, «previa a la demanda judicial ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa», para que se regularice la prestación a estos municipios «a los efectos de que se suscriban los correspondientes convenios y aportaciones económicas» por su parte. Una vez presentada la solicitud administrativa, el Equipo de Gobierno de la Diputación puede estimar o desestimar la misma, abriéndose un plazo de dos meses para demandar ante la jurisdicción contencioso-administrativa. «En caso de no contestarse la solicitud, pasados tres meses, quedaría abierta la vía judicial», ha advertido el Grupo Socialista en un comunicado.

En la solicitud, el Grupo Provincial Socialista ha recordado que en diciembre de 2020 presentó una proposición al pleno, que fue aprobada por todos los grupos políticos, para regularizar el servicio a los mencionados municipios. Sin embargo, ha denunciado el portavoz del Grupo, la Diputación «está prestando el servicio sin ningún título habilitante que legitime esa prestación y sin ninguna percepción económica».

Ante esta situación, el Grupo Socialista presentó denuncia al Consejo de Cuentas de Castilla y León recayendo resolución de fecha 9 de diciembre de 2021, en la que indicaba «la necesidad de la regularizar la prestación del Servicio de Extinción de Incendios a los municipios de Valladolid de más de 20.000 habitantes».

A posteriori, se emitieron informes por la jefa de área de Asistencia y Cooperación a Municipios y de la secretaria general de la Diputación Provincial con fechas 2 de febrero de 2022 y 30 de enero de 2022, respectivamente, en los que se indicaba que «se deberían realizar los respectivos convenios de colaboración entre la Diputación y los municipios», según ha relatado el Grupo Socialista.

Asimismo, ha precisado que los informes indicaron que los convenios debían determinar «las aportaciones económicas que deberán sufragar los municipios de más de 20.000 habitantes, teniendo en cuenta el incremento del coste que supone para la Diputación prestar el servicio en estos municipios».

En este sentido, Ferreira ha apuntado que «teniendo en cuenta las cuantías destinadas a presupuestos desde 2021 para el Servicio de Extinción de Incendios, en estos años los municipios de más de 20.000 habitantes tendrían que haber aportado una cuantía estimada de 8,8 millones de euros, dinero que se ha detraído a los municipios pequeños». Asimismo, ha acusado al presidente de la Diputación, Conrado Íscar, de «nunca» haber querido ejecutar aquella proposición aprobada en diciembre de 2020, lo que ha supuesto «una pérdida de recursos para los municipios pequeños».

«Es una mala gestión y un auténtico despropósito», ha aseverado Ferreira, quien ha pedido, además, que «no se haga demagogia con este tema acusando al PSOE de querer que los vecinos de Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero y Medina del Campo paguen por el servicio de extinción de incendios».

Así, ha subrayado que «las normas son claras y se están incumpliendo de forma flagrante». «Dichos municipios tienen que contar con servicio propio de extinción de incendios o conveniar con quien disponga de él, que en Valladolid son el Ayuntamiento y Diputación», ha insistido, para añadir que se puede prestar el servicio por la institución provincial «pero con una contraprestación económica por parte de estos municipios, previa firma del convenio entre las instituciones». Por último, el portavoz del Grupo Provincial Socialista ha defendido que los diputados están para «defender los fines propios de la Diputación» que, ha recalcado, «son el prestar servicios a los municipios de menos de 20.000 habitantes, de lo que no se entera o no quiere enterarse el presidente de la Diputación y su Equipo de Gobierno». De este modo, el Grupo Provincial Socialista ha asegurado que «continuará en esta línea de defender a los pueblos pequeños de la provincia y que la Diputación destine sus recursos a los mismos, tal como establece la ley».