Los okupas de La Cistérniga vivieron de forma ilegal en Herrera y lo intentaron en La Corala

De hecho, tal y como informa el alcalde de Tudela de Duero, Luis Javier Gómez, «son reincidentes», pues hace dos años ocuparon una vieja vivienda en la localidad de Herrera de Duero, ubicada junto al Camino de Boecillo. Allí permanecieron unas doce personas durante aproximadamente nueve meses, «en los que la convivencia se hizo muy complicada, porque les obligamos a escolarizar a los niños y se negaban», explica el regidor.

Desde el primer momento, señala, estuvieron «muy encima de ellos» y en permanente contacto con la familia afectada, el resto de vecinos, Servicios Sociales, Subdelegación de Gobierno y la Guardia Civil hasta que llegó el momento del desahucio, aunque hubo que esperar nueve meses para que eso sucediera.

No tuvieron noticias de ellos hasta hace tres semanas, cuando intentaron ocupar una vivienda en la Urbanización La Corala (ubicada en Herrera de Duero), «aunque en apenas unas horas conseguimos echarlos», relata Gómez. Unos doce miembros del clan -con varios niños a su cargo- intentaron entrar de forma ilegal en un chalet cerca de la zona conocida como el Puente de Herrera. «Un vecino dio la voz de alarma y avisó a la Policía Local de forma urgente. El propietario puso la denuncia en el cuartel de Laguna de Duero e inmediatamente pedimos ayuda a la Guardia Civil, que se personó con tres patrullas y también informamos a Subdelegación de Gobierno. En apenas tres horas y sin poner resistencia se marcharon», relata Gómez.

Por su parte, la alcaldesa de La Cistérniga, Patricia González, tras la reunión mantenida hoy con Subdelegación de Gobierno, acaba de publicar un Bando Municipal en el que muestra su apoyo a los vecinos e informa que «el Ayuntamiento tiene constancia desde el primer momento» de la ocupación y está «en permanente contacto con la Policía Local, la Guardia Civil y Subdelegación para atajar el problema con la mayor celeridad posible». Además, recuerda que «el acto delictivo ha pasado a disposición judicial y será un juez el encargado de ordenar el alzamiento de los okupas», que se calcula son once adultos, dos menores y un bebé.

González entiende que la situación «es muy complicada» y reitera la intención de «apoyar cualquier iniciativa para reclamar la devolución de la vivienda a sus propietarios y restablecer la concordia que siempre se ha vivido en La Cistérniga».