Los okupas de La Cistérniga abandonan la vivienda tras 20 días de tensión

De hecho, los agentes de la Guardia Civil recibían este miércoles la notificación del Juzgado Número 1 de Valladolid y poco después comunicaban a los okupas (pertenecientes al clan de los Píos) el deber de abandonar la casa antes de este sábado. Pero no ha sido necesario. De hecho, tal y como ha explicado a El Norte de Castilla el mediador que ha intervenido en el proceso de desalojo, «han entregado las llaves a la Policía Local y se han marchado -se desconoce dónde-. Aunque ya tenían predisposición de irse de forma pacífica, porque su idea era abandonar el pueblo el jueves al mediodía, pero ha surgido un imprevisto de última hora con la vivienda a la que iban a ir que ha obligado a posponerlo hasta hoy».

El agente de Empleo y Desarrollo Local ha podido intermediar en el proceso porque conoce a varios de los okupas «y se han mostrado colaboradores». Prefiere mantener su anonimato y quiere agradecer también la confianza y la actitud de la familia propietaria. «Han estado en todo momento al tanto de todo, me han escuchado, tanto los hijos como la abogada y gracias a ello hemos podido llegar al acuerdo de que se marchasen hoy», explica. Quiere aclarar que los okupas «no tienen ningún delito de sangre, tal y como se ha expuesto en algunos medios, solo tienen antecedentes por delitos menores», argumenta el mediador. «Es cierto que protagonizaron un altercado con el periodista pero porque les metieron las cámaras encima», explica.

Se calcula que en el interior había unas 12 personas (entre las que se encuentran tres menores) que ya habían ocupado previamente varias viviendas de la provincia de Valladolid, pues hace dos años moraron de forma ilegal durante nueve meses (hasta que fueron desalojados) en una vivienda de la Urbanización La Corala y hace tres semanas intentaron entrar sin éxito en una casa en Herrera de Duero.

«Todos están identificados y se han ido de forma pacífica», señala el mediador que quiere zanjar los rumores que circulan por el pueblo. «Que la gente esté tranquila, nadie les va a dar ni una casa, ni un local ni nada parecido. Se van a otro lugar y no han sacado de la vivienda otra cosa que no fuesen sus pertenencias, ropa y poco más. Nadie ha desvalijado nada como se oye por el pueblo», añade el mediador sin revelar el destino de los okupas cuya presencia ha generado malestar entre los vecinos de la localidad durante las últimas semanas.

La alcaldesa del municipio, Patricia González, explica que es un proceso en el que se ha seguido el protocolo «y que se ha resuelto de forma ágil». Aunque lo cierto es que la polémica y la crispación en torno a la ocupación no ha parado de aumentar, González quiere dejar claro que «el Ayuntamiento no ha cedido ningún local municipal a los okupas, sino que ha sido el mediador el que ha sacado las pertenencias de la casa y las ha dejado en un espacio al que, por supuesto, no tienen acceso los okupas». Lo ha hecho, tal y como explica, «con el fin de que se marchasen cuanto antes y quiero hacer público mi apoyo a la Policía Local a la que se ha tachado de no actuar cuando se produjo la agresión al periodista y no es verdad».

Hoy, tras veinte días de ocupación ilegal los miembros del clan de los Píos se han marchado de forma voluntaria, pero el sentir general del pueblo durante todo este tiempo no es el de una victoria. La ocupación de la vivienda de Francisca y Santiago (el matrimonio de ancianos que viven en el inmueble contiguo al ocupado) ha dejado muy mal sabor de boca entre los vecinos que, pese a la marcha de los okupas, sienten rabia e impotencia. «Las leyes deberían cambiar para ser mucho más ágiles. Cuando pasa esto debería ser inmediato el poder echarlos, porque así las personas afectadas están desprotegidas», comenta un matrimonio que vuelve de hacer la compra y prefiere no revelar su identidad.

Tampoco hay discrepancia cuando expresan su preocupación por lo ocurrido. «Esto les ha quitado años de vida a Francisca y Santiago, gente buena que ha trabajado toda la vida para tener algo honradamente», añade una mujer de mediana edad que pasa junto a la vivienda ocupada. Habla con voz baja por temor a ser escuchada, «ojalá que no vuelva ninguno y pobres ellos que son muy mayores y a esas edades los disgustos se viven con más intensidad. Es una pena la verdad, pero que sepan que el pueblo está con ellos».

No quieren que algo así se vuelva a repetir porque ahora lo que les preocupa es «que puedan venir más y ocupar otras casas que vean vacías. Y claro que había miedo y más después de enterarnos de que agredieron a un periodista y amenazaron a uno de los hijos de Francisca y Santiago. Esta gente no trae nada bueno», explica sin apenas pararse una vecina que va de camino al trabajo.

Cerca de la Avenida de Soria, donde se encuentra la vivienda que se ha convertido en foco mediático estos días, pasea una joven empujando un carrito de bebé y afirma que, en su caso, tanto como miedo por un efecto llamada no tiene, «porque La Cistérniga es un pueblo tranquilo y ha sido algo muy puntual que se ha resuelto rápido para lo que podría alargarse en el tiempo, pero aquí nos estamos olvidando todos de que hay menores que seguramente no estén escolarizados y que son los grandes perjudicados. A eso sí que no hay derecho». Espera que «no se politice demasiado el asunto, porque los comentarios en redes se están yendo de madre», asegura, aunque en su caso no tenía previsto ir a la concentración de protesta de este domingo (acto que aún no se ha desconvocado).

Distinta opinión a la de un vecino que descansa en uno de los bancos de una calle cercana. «Si la concentración se mantiene en pie iré, porque tienen que saber del lado de quién estamos y que vean que el pueblo se mantiene unido. También que nos escuche la alcaldesa porque el ambiente en el pueblo a raíz de la ocupación está muy tenso y no queremos que la historia se repita».