Los motivos por los que la jueza ha dejado en libertad a Óscar S.

La jueza se ha apoyado en una serie de premisas para mantener la libertad al sospechoso, frente a la petición de prisión de las acusaciones particulares (en representación de la hermana y los padres de la víctima) y la solicitud de la Fiscalía, que a través de la fiscal jefe, Soledad Martín Nájera, pidió el encarcelamiento eludible bajo fianza de 20.000 euros.

Noticia relacionada

Muerte en Traspinedo

La Guardia Civil descarta que el atropello de Esther López fuera accidental

M. J. Pascual

No obstante, ha reconocido que no está claro el tipo de homicidio al margen de una posible incriminación del investigado: «Aun cuando se estime que de la causa existen motivos bastantes para creer responsable criminalmente del hecho delictivo al investigado, no podemos desconocer que en nuestro derecho penal la muerte por atropello se contempla de tres formas: homicidio doloso, homicidio por imprudencia grave y como un homicidio por imprudencia menos grave».

Considera la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid que el investigado tiene un «arraigo personal, familiar y profesional» que descartaría la posibilidad de «eludir la acción de la justicia». «Tiene domicilio conocido (a partir de ahora deberá comunicar cualquier cambio), mujer e hija menor de edad que depende de él, y tiene un trabajo fijo porque es titular de una agencia de viajes», motivos todos ellos que refuerzan la imposibilidad de que se marche del país. La jueza ha acordado asimismo retirarle el pasaporte o expedirle uno nuevo hasta que concluya el procedimiento.

Además, destaca el escrito judicial que Óscar S. ha colaborado con la justicia y la policía cuantas veces se lo han requerido. «Sometido a una gran presión mediática, siempre ha comparecido a los llamamientos policiales y judiciales y ha colaborado en cuantas diligencias se han practicado sin oponer resistencia alguna», argumenta.

Otra de las razones por las que Soledad Ortega ha descartado la entrada en prisión es porque la investigación policial está «prácticamente concluida» y, por tanto, el investigado «no puede alterar, ocultar o destruir las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento». Para valorar la existencia de este peligro, la Ley de Enjuiciamiento Criminal hace referencia a la «capacidad del investigado o encausado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados (es el único investigado), testigos o peritos o quienes pudieran serlo».

Recoge la magistrada que es «improbable» que Óscar S. pueda cometer nuevos delitos. La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge que «solo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso», aunque en el auto reconoce la jueza que no está claro el tipo de homicidio (homicidio doloso, homicidio por imprudencia grave u homicidio con imprudencia menos grave).

Otra de las razones que reforzarían la decisión de entrar en prisión es la posibilidad de que el investigado pudiera atentar contra bienes jurídicos de la víctima. Este extremo lo descarta la jueza, ya que «no puede actuar contra otros bienes jurídicos de la víctima».

Si hubiera resuelto la entrada en prisión de Óscar S., el tiempo que pasara ahora en la cárcel no le permitiría cumplir por adelantado con la pena que en su día se le pudiera imponer. «Existen otras medidas menos gravosas para garantizar o asegurar su presencia en el juicio oral (única razón por la que «tendría sentido» acordar la prisión, según considera Ortega), siendo importante destacar que la medida cautelar de prisión provisional no se contempla como un cumplimiento adelantado de la pena que en su día se le pueda imponer al hoy investigado», destaca el escrito.