La jueza autoriza que las operadoras den datos para saber quién borró información del coche de Óscar S.

La solicitud había sido efectuda por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que en su escrito recordaba que un perito judicial de la empresa Seada evacuó en octubre del pasado año un informe sobre el Volkswagen T-Roc que detectó la existencia de dos borrados intencionados de los registros de eventos y averías recogidos en los sistemas electrónicos del coche, uno de ellos el 1 de febrero de 2022, a las 13.54 horas, y otro el día 2 de abril, a las 11.05 horas., informa Europa Press.

A raíz de dicha pericial, técnicos del Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo (GATO) de la UCO determinaron que en el primer borrado el turismo de Óscar S.M, a quien la Guardia Civil señala como principal sospechoso de la desaparición y muerte de la víctima, se hallaba conectado a la Cell Global Identify (CGI), compatible con su presencia en la vía N-122A, a su paso por el núcleo urbano de La Cistérniga (Valladolid), y que en el segundo borrado registrado en abril pudiera hallarse estacionado a la altura de la calle González Silva, número 9, de la misma localidad.

El Instituto Armado mantiene la idea de que tales manipulaciones electrónicas estaban dirigidas a ocultar o eliminar todo registro de eventos y averías que los dispositivos electrónicos del coche de Óscar hubieran podido registrar durante la noche del 12 al 13 de enero del pasado año, que fue cuando fue vista por última vez Esther López.

Por ello, si en el informe del perito que realizó el análisis de los dispositivos ya se advertía de que las manipulaciones podrían haber contado con la ayuda de alguna persona con altos conocimientos, la UCO trasladaba a la juez instructora el «interés de abundar» en las pesquisas para tratar de identificar a ese supuesto colaborador.

Es en este punto donde la UCO pedía a la juez autorización para que casi una decena de operadoras colabore con datos e informaciones concretas incluidas en sus sistemas informáticos de almacenamiento para conocer los números de abonados que se encontraban conectados a las diferentes celdas de telefonía CGI--ya sea tanto por llamadas realizadas y/o recibidas, SMS o cualquier tipo de conexión de datos--que ofrecen cobertura a los puntos en los que se encontraba el vehículo del investigado los dos días en los que se procedió al borrado de datos.

«Y ello ante las circunstancias más que probables de que el/los responsables del borrado podría/n haber portado sus teléfonos móviles, estando sujetos a la cobertura ofrecida por sus repetidores de telefonía», apostilla la solicitud de la UCO formalizada a la juez instructora, petición que Soledad Ortega ya ha autorizado a través de la correspondiente providencia.

La solicitud de nueva prueba se producía pocos días después de que trascendiera otro informe de la empresa Ingeniería y Seguridad Vial Consultores y Reconstructores de Accidentes S.L. confirmatorio de que el turismo Óscar S.M. habría sido lavado en una gasolinera de Valladolid capital el mismo día de la desaparición de la joven, el 13 de enero de 2022, también supuestamente, como sostiene el Instituto Armado, de eliminar posibles vestigios que pudieran incriminarle en los hechos.

En ese informe, una de las principales pruebas de que se trataba del mismo turismo es un colgante distintivo del retrovisor interior, que, ante una correlación tan elevada, «difícilmente podría considerarse otro vehículo».

La investigación del caso ha sido prorrogada por otros seis meses. Hasta el momento, la mayoría de los informes realizados por la UCO centran todas las sospechas sobre Óscar S.M, supuestamente la última persona que la noche de autos, el 13 de enero de 2022, la vio con vida y la llevó en su vehículo tras una noche de juerga.

Las investigaciones también recayeron sobre Lucio Carlos G.D. ('Carolo'), si bien el constante goteo de informes de la Benemérita sobre el caso han dejado tanto a éste como a Ramón en un segundo plano y han puesto en el disparadero a Óscar S.M.

Con todo, y pese a las peticiones de la familia de la víctima de encausar ya al aludido, la instructora, con el aval del fiscal del caso, ha rechazado tal pretensión al recordar que aún quedan diligencias por practicar.