Valladolid

Incredulidad en La Pedraja ante una macrourbanización que triplicaría la población actual

Un proyecto que lleva años resonando por el pueblo, sin demasiado éxito, pero que ahora vuelve a ganar fuerza. La Junta ha informado favorablemente de la declaración de impacto ambiental del plan parcial presentado por el Consistorio, que establece los usos de la futura urbanización, entre las críticas de Ecologistas en Acción

Vallinas es Rafael González-Vallinas, un empresario leonés - ocupa el puesto 90 en el ranking de los más ricos de España - que es propietario del 80% de la parcela donde se ubicará la futura macrourbanización a través de la sociedad Estudios y Proyectos Pradamap, según la última memoria disponible en la web del Consistorio. El proyecto, que despierta incredulidad y recelos entre los habitantes de la localidad, supondría prácticamente crear un segundo pueblo a las afueras, ya que La Pedraja actualmente cuenta con una población censada de 1.175 habitantes, según los datos del INE.

Las previsiones de la nueva urbanización, teniendo en cuenta un ratio mínimo de 2,08 personas por hogar, es que el futuro nuevo sector albergue a más de 2.396 residentes, por lo que el nuevo residencial por sí mismo tendría el doble de población que el núcleo urbano actual, triplicando el número de personas censadas en el municipio. «Me parece estupendo si beneficia al pueblo», celebra Henar desde la terraza del bar Paza Quince, que apunta a que la demanda de vivienda ha crecido entre la gente joven «que quiere casas» por la cercanía con Valladolid -a 20 kilómetros-, aunque resalta que «vendría mejor que las hicieran aquí en el pueblo», si bien reconoce que el terreno disponible para edificar es escaso.

Poco sabe del proyecto, relata, más allá de la dificultad que entraña y «que se tiene que hacer sí o sí» por un dinero que se entregó en su día al Ayuntamiento. Según la memoria de 2020, la única disponible para su consulta en la web del Consistorio, la empresa propiedad de González - Vallinas ya habría «abonado íntegramente» a las arcas locales una cantidad correspondiente, -que no detalla- a la monetización del 15% del uso lucrativo de los terrenos por un convenio firmado años atrás entre la promotora y la administración del municipio.

Entre la incredulidad y la desconfianza también hay quien muestra su absoluta oposición. Para Celeste Carro, de 58 años, la macrourbanización es «un despropósito», pues se encuentra en una zona de pinares, rica en vegetación y fauna, como así ha denunciado Ecologistas en Acción. La organización para la defensa del medioambiente ha formulado alegaciones contra el proyecto dado que «las infraestructuras y edificaciones proyectadas supondrían la destrucción de 50 hectáreas actualmente ocupadas por pastizales húmedos, salgüeros, juncales y pinar abierto, de gran valor ecológico» y en las que hay una «presencia constante» de especies protegidas como la avutarda, el sisón, el aguilucho cenizo y el águila imperial ibérica, entre otras.

Destacan también el elevado consumo de agua - 400.000 metros cúbicos del río Eresma - y la sobrecarga en la depuración de los residuos de un pueblo que en la actualidad carece «de las instalaciones necesarias» para dar servicio a tanta población. El incremento del tráfico rodado por la N-601, que discurre paralela a los terrenos, con el consiguiente consumo de combustible y el hecho de que buena parte de las parcelas sean inundables -en base al informe del organismo de cuenca- completan la lista de objeciones hechas por la organización.

«La naturaleza se la van a cargar», resume Carro, que cree que su opinión es un «sentir bastante generalizado» en un pueblo rico en servicios -consultorio médico, colegio, residencia, dos supermercados, kiosco, carnicería, piscina y varios bares- que también recela de una posible masificación, la dependencia de la futura macrourbanización de sus recursos hídricos y redes de saneamiento, o de que vaya a reportar beneficios para el pueblo, por la cercanía con la ciudad.

«Nos vendría fenomenal para el colegio que vinieran niños», subraya la alcaldesa, María del Henar González (PP), que no entiende «tantas pegas». «Podría dar vida al pueblo», argumenta, a la par que reconoce que no es fácil que los nuevos residentes conecten con la localidad, por la distancia con el núcleo urbano y el necesario uso del coche. No cree que la futura urbanización supusiera saturar servicios, pues apunta a que se podrían ampliar si fuera necesario al aumentar los ingresos recaudados mediante el cobro de impuestos.

Tampoco ve ningún problema en abastecer de agua y dotar de saneamiento al nuevo residencial, pues la edificación del nuevo sector lleva aparejada la construcción de una depuradora, que deberá estar en marcha, según exige la declaración de impacto ambiental aprobada por la Junta, antes del comienzo de las obras.

Sobre las alegaciones de Ecologistas en Acción, explica que las lagunas están «alejadas» de la zona a urbanizar y que el proyecto se ha ido «adaptando» a las nuevas normativas, reduciendo además el número de viviendas. En 2020 se modificó la normativa municipal para rebajar el mínimo de casas a construir por hectárea, de 30 a 10, lo que ha permitido que el proyecto pase de unas 2.300 viviendas previstas en 2014, cuando comenzó su tramitación, a las 1.152 que contempla el plan actual. Viviendas que no se van a construir todas de golpe, explica, sino que se efectuarán por fases. No obstante, González, al igual que muchos de los vecinos, alberga también dudas sobre la materialización del proyecto: «No sé si llegaré a verlo».

«A mi me parece que este pueblo no está preparado», comenta Pilar Muñoz, de 79 años, los mismos que lleva viviendo en la localidad. Contenta con el crecimiento sosegado del pueblo, que ha aumentado su población en los últimos años, dice que el agua y los desagües no están pensados para abastecer a más del doble de la población actual y se conforma con que el pueblo se quede como está «que está muy bien».

«Que no lo van a hacer y ya está», sentencia su amiga Fuencisla García, 71 años, que no lo ve «viable» y que al igual que Pilar aboga porque el pueblo crezca «pero más lentamente». Ambas, que se definen como «muy pedrajeras», están en contra de que la construcción del residencial pase por cambiar la vegetación por el cemento en una tierra de pinares «que ha dado muchos jornales».

Ponen un ejemplo cercano, Aldeamayor Golf, también conocido como Aldeamayor 2, donde hay terreno disponible en las zonas ya urbanizadas: «Lo quedaron sin tierras de agricultura y ahí ha quedado». El mismo al que recurre Ángel, ciclista natural de Tudela y vecino de la localidad acostumbrado a recorrer sobre las dos ruedas el paisaje de pinos y lugones, que califica la macrourbanización de pelotazo urbanístico.

«Un atropello para que se beneficien unos ricos que no van a venir aquí a consumir», asegura, a la par que se pregunta por qué no construyen en Aldeamayor Golf, donde hay «mucho terreno urbanizado y urbano», en lugar de recalificar más suelo rural. El pasado mes de mayo el gobierno autonómico suprimió la recalificación automática del suelo de los terrenos en cuestión, que habrían pasado de urbanizables a rústicos en octubre.

Ecologistas en Acción ha acusado a la Junta de «plegarse a los intereses» inmobiliarios de González-Vallinas, tras aprobar la declaración de impacto ambiental con un informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente que advierte de «impactos severos o críticos» para la conservación favorable de los valores naturales y ambientales del territorio. Unas acusaciones que Suárez-Quiñones rechazó la pasada semana, alegando que su consejería no determina «cuántas viviendas y qué volumen va a haber», sino que únicamente establece «limitaciones en la edificabilidad y en la posible afectación a la inundabilidad de los territorios y la fauna».