Valladolid
Hallan ahorcado en su casa al trabajador que destapó el caso del 'cambiazo' de ataúdes
Valladolid
Hallan ahorcado en su casa al trabajador que destapó el caso del 'cambiazo' de ataúdesEl denunciante de la trama del 'cambiazo' de los ataúdes, Justo Martín Garrido, fue hallado el miércoles ahorcado en el patio de su casa ... de Santovenia de Pisuerga. El funeral por el hombre, de 74 años, se celebrará este viernes en la iglesia parroquial San Juan Bautista de Santovenia de Pisuerga, localidad en la que tanto él como su familia llevan años residiendo.
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El fallecido es la persona que documentó la estafa de los ataúdes de la funeraria El Salvador, el caso del supuesto 'cambiazo' de los ataúdes en la funeraria vallisoletana. Había trabajado siempre en las instalaciones del horno crematorio del cementerio de Santovenia y había documentado con anotaciones, fotos y vídeos de los difuntos los supuestos cambios de féretros desde que empezó a trabajar allí, en abril de 1995, hasta su jubilación, el 27 de febrero de 2015. Con este material, chantajeó al propietario de la empresa de pompas fúnebres, ya fallecido.
El caso está a la espera de que se fije la fecha de juicio. La Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de condenas que, globalmente, se elevan a un total de 206 años de cárcel para las veinticuatro personas que se encuentran investigadas en la Operación Ignis destapada el 31 de enero de 2009 por la Policía Nacional y relacionada con el supuesto fraude en el Grupo Funerario El Salvador consistente en el 'cambiazo' de ataúdes por otros más baratos en el periodo comprendido entre 1995 y 2015.
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En su escrito de calificación provisional de 363 páginas, la acusación pública imputaba un rosario de casi una decena de cargos, como constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa; delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capital y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
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Las penas más duras las solicitaba para la mujer del empresario funerario fallecido, María del Rosario V. L., y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario, a razón de veinte años de cárcel para cada uno de ellos, junto con su inhabilitación para la prestación, directa o indirecta, de servicios funerarios por espacio de tres décadas y el pago de multas por importe de 12 millones de euros.
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