La Policía Nacional busca al exconcejal de Bobadilla y su esposa procesados por estafa procesal

Por ese motivo, en una providencia del 18 de julio pasado, la magistrada juez de Instrucción 2 de Medina, María Jesús Gutiérrez Rodríguez, ordenó remitir un oficio a la Policía Nacional para que «se practiquen las diligencias necesarias para averiguar el actual domicilio y lugar de residencia del matrimonio, aunque por el momento no se ha emitido una orden de busca y captura contra los acusados.

El exconcejal popular y su mujer están procesados como presuntos autores de estafa procesal, al presentar al juzgado falsos certificados covid con el fin de impedir su desahucio de la vivienda que habitaban en Medina por impago del alquiler. La fiscal solicita a la Audiencia de Valladolid (donde tendrá que celebrarse el juicio, si es que se les localiza) que se les impongan penas, respectivamente, de cuatro años de prisión y multa de 10 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros, mientras que la acusación particular reclama cinco años de cárcel para cada uno de los acusados y una indemnización para el dueño de la vivienda, como perjudicado, de 3.600 euros, por no poder ejercer la acción de desahucio durante siete meses. Se les atribuye un delito continuado de falsedad en certificación y un delito de estafa.

Señala el ministerio público en su escrito de calificación provisional que los acusados, mientras estaban incursos como demandados en un juicio verbal por desahucio ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Medina del Campo, «con el ánimo de demorar la recuperación de la posesión de la vivienda en la que residían» por parte del propietario de la misma, «confeccionaron varios informes de pruebas ovid-19, haciendo constar que la PCR había dado positivo» y los aportaron al procedimiento como justificante para que no les desalojaran de la vivienda el día que estaba programado.

En concreto, señala la fiscal, la mujer del edil acusada presentó dos informes a su nombre, de fechas 4 y 18 de febrero de 2021 en los que se hacía constar que era positivo en coronavirus. Su marido el concejal presentó otros dos certificados de las mismas fechas e igual contenido. Con estos documentos falseados consiguieron que el Juzgado suspendiera los lanzamientos señalados para los días 10 de febrero y 3 de marzo de 2021.

Una vez comprobada la autenticidad de los documentos, concluye la acusación pública, «la única prueba covid a la que se sometieron los acusados fue el 24 de agosto de 2021 y en ambos casos dio resultado negativo».

El procedimiento para desahuciar por impago del alquiler al concejal popular del Ayuntamiento de Bobadilla del Campo Francisco Javier Fernández Salinero y su esposa, María Jesús Carrasco Manjón, permitió destapar una cadena de estafas que culminó con la detención, después de seis meses en busca y captura, del matrimonio y su hija Inés, también concejala del municipio. Se les atribuyen además varios delitos de estafa y usurpación de identidad. Las supuestas estafas están valoradas en 60.000 euros.

Todo comenzó en el verano de 2019. El propietario de la vivienda en la que residía el matrimonio en Medina del Campo comenzó a reclamarles el pago del alquiler del piso, ya que a los cuatro o cinco meses empezaron a dejar de abonar la mensualidad y, cansado de las evasivas y excusas, relata la letrada del demandante, inició un procedimiento de desahucio que se puso en marcha en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Medina del Campo. Ya en plena pandemia, para evitar que les echaran del piso, los demandados presentaron varios certificados como que estaban contagiados de coronavirus. «Uno de estos certificados me salió de ojo, así que solicité al juzgado que librara un oficio para que el médico del centro de salud confirmara que, efectivamente, estaban en aislamiento por covid», relata la acusación particular.

La respuesta de la doctora, el 12 de enero de 2021, sobre dichos certificados de coronavirus esgrimidos por el concejal y su esposa es que «no consta en la historia clínica ningun test covid positivo». Al parecer, el 21 de septiembre de 2020 ambos habían consultado con el centro de salud de Medina para indicar que tres dias antes estuvieron en contacto con familiares que dieron positivo y por eso el matrimonio comenzó un aislamiento domiciliario voluntario al día siguiente. El 24 de ese mismo mes se les realizó la prueba PCR y dio negativo. El día 28 de septiembre de 2020, según figura en la documentación sanitaria aportada al juzgado, se cerró el proceso en el centro de salud.

El 18 de febrero de 2021 se señaló el juicio verbal de desahucio y finalmente salieron de la vivienda. «Se llevaron hasta la lavadora, destrozaron la casa y dejaron más de 6.000 euros en alquieres sin pagar», resume la demandante. Ese procedimiento en la vía civil, quedó zanjado, pero se abrió otro en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Medina el 26 de febrero de 2021 por la vía penal contra el edil y su mujer como presuntos autores de un delito de falsificación de documentos públicos al quedar acreditado que los certificados covid eran falsos.

Pero ni Salinero ni su esposa se presentaron a los sucesivos requerimientos judiciales para que comparecieran a dar su testimonio sobre este posible delito de falsedad documental. Así que el juzgado emitió orden de busca y captura y detención contra ellos por «intentar sustraerse a la acción de la justicia». Lo cierto es que el matrimonio, declarado en rebeldía desde noviembre de 2021, ha estado viviendo a poca distancia de la otra vivienda en Medina (hay otro procedimiento de desahucio en ciernes sobre ellos porque no pagan en alquiler, a pesar de que ambos cobran sendas pensiones). El edil y su hija han estado ejerciendo sus funciones como cargos públicos en el pueblo de Bobadilla del Campo durante todo este tiempo, aunque para la Justicia ha estado hasta la fecha en «paradero desconocido».

Este procedimiento penal por falsificar los certificados no es el único al que se enfrentan el exedil, su mujer y la hija de ambos. Para la acusación, la estafa es un medio de vida para estas personas. «Son trileros, estafadores profesionales, a mi cliente le han intentado timar no solo con los alquileres, sino con otros negocios y tienen pendiente otro desahucio, así como múltiples ejecuciones por impagos en los juzgados». A la actual denuncia por falsificación documental añade otro supuesto delito por estafa procesal, ya que Inés, la hija del matrimonio, simuló haber pagado por transferencia varias mensualidades del alquiler aportando al juzgado supuestos justificantes bancarios que también eran falsos.