Un proceso de desahucio destapó el fraude de los ediles de Bobadilla

Todo comenzó en el verano de 2019. El propietario de la vivienda en la que residía el matrimonio en Medina del Campo comenzó a reclamarles el pago del alquiler del piso, ya que a los cuatro o cinco meses empezaron a dejar de abonar la mensualidad y, cansado de las evasivas y excusas, relata la letrada del demandante, inició un procedimiento de desahucio que se puso en marcha en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Medina del Campo. Ya en plena pandemia, para evitar que les echaran del piso, los demandados presentaron varios certificados como que estaban contagiados de coronavirus. «Uno de estos certificados me salió de ojo, así que solicité al juzgado que librara un oficio para que el médico del centro de salud confirmara que, efectivamente, estaban en aislamiento por covid», relata la acusación particular.

La respuesta de la doctora, el 12 de enero de 2021, sobre dichos certificados de coronavirus esgrimidos por el concejal y su esposa es que «no consta en la historia clínica ningun test covid positivo». Al parecer, el 21 de septiembre de 2020 ambos habían consultado con el centro de salud de Medina para indicar que tres dias antes estuvieron en contacto con familiares que dieron positivo y por eso el matrimonio comenzó un aislamiento domiciliario voluntario al día siguiente. El 24 de ese mismo mes se les realizó la prueba PCR y dio negativo. El día 28 de septiembre de 2020, según figura en la documentación sanitaria aportada al juzgado, se cerró el proceso en el centro de salud.

El 18 de febrero de 2021 se señaló el juicio verbal de desahucio y finalmente salieron de la vivienda. «Se llevaron hasta la lavadora, destrozaron la casa y dejaron más de 6.000 euros en alquieres sin pagar», resume la demandante. Ese procedimiento en la vía civil, quedó zanjado, pero se abrió otro en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Medina el 26 de febrero de 2021 por la vía penal contra el edil y su mujer como presuntos autores de un delito de falsificación de documentos públicos al quedar acreditado que los certificados covid eran falsos.

Pero ni Salinero ni su esposa se presentaron a los sucesivos requerimientos judiciales para que comparecieran a dar su testimonio sobre este posible delito de falsedad documental. Así que el juzgado emitió orden de busca y captura y detención contra ellos por «intentar sustraerse a la acción de la justicia». Lo cierto es que el matrimonio, declarado en rebeldía desde noviembre de 2021, ha estado viviendo a poca distancia de la otra vivienda en Medina (hay otro procedimiento de desahucio en ciernes sobre ellos porque no pagan en alquiler, a pesar de que ambos cobran sendas pensiones). El edil y su hija han estado ejerciendo sus funciones como cargos públicos en el pueblo de Bobadilla del Campo durante todo este tiempo, aunque para la Justicia ha estado hasta la fecha en «paradero desconocido».

Pero este procedimiento penal por falsificar los certificados no es el único. Para la acusación, la estafa es un medio de vida para estas personas. «Son trileros, estafadores profesionales, a mi cliente le han intentado timar no solo con los alquileres, sino con otros negocios y tienen pendiente otro desahucio, así como múltiples ejecuciones por impagos en los juzgados». A la actual denuncia por falsificación documental añadirá otro supuesto delito por estafa procesal, ya que Inés, la hija del matrimonio, simuló haber pagado por transferencia varias mensualidades del alquiler aportando al juzgado supuestos justificantes bancarios que también eran falsos.

María Inés Fernández Salinero, también concejala en la localidad (aunque ha presentado ya su renuncia) está también acusada de varios delitos de estafa, usurpación y falsedad documental por valor de 42.000 euros. Fue detenida en abril y está en libertad con cargos. Pesan sobre ella varias denuncias de víctimas de sus timos, a quienes embaucaba haciéndose pasar por «conseguidora» apelando a sus «numerosos contactos» en las esferas políticas.

La última denuncia contra Inés que ha salido a la luz fue la presentada por un primo suyo en enero de 2021. Al parecer, este hombre estaba interesado en comprar una licencia de una administración de lotería y como Inés lo sabía, en febrero de 2020 esta contactó con él para comunicarle que se había enterado por un conocido que trabajaba en Hacienda de que se iba a habilitar una licencia para la apertura de una cuarta administración de lotería en Medina. Así que, el denunciante confió en su prima para que gestionara la documentación y lo trámites necesarios. En septiembre, Inés le dijo que una responsable del SELAE, de Loterías y Apuestas del Estado, le comunicó que tenía que pagar 6.000 euros para continuar con los trámites. Así que el primo realizó la transferencia a unas cuentas facilitadas por la concejala. Posteriormente, recibió un correo del 'contacto' en el SELAE con el justificante bancario de que se había recibido la transferencia.

En paralelo, Inés le indicó que tenía un local adecuado para instalar la administración de lotería y que se lo alquilaba, así que él le fue pagando desde el 13 de septiembre de 2020 mediante transferencias en varias cuentas las mensualidades y los servicios de agua, luz, basuras y comunidad. Su prima le comunicó que los papeles para la licencia de apertura de la administración de lotería se realizarían en una notaría del municipio. El aspirante a lotero llegó a entregarle hasta 10.000 euros, pero después descubrió que no tenía ni licencia, ni local, ni nada.