Condenada la mancomunidad Zona Norte a pagar 126.239 euros a una empleada por hostigamiento laboral

El Juzgado de lo Social 1 de Valladolid ha estimado parcialmente la demanda de Pilar Izquierdo Paredes, técnico de la mancomunidad de Municipios Zona Norte de Valladolid desde 1989, contra la organización que preside el alcalde de Ceinos, Ricardo Collantes, a quien atribuye acoso laboral. La sentencia firme impone a la mancomunidad el pago de una indemnización de 126.239 euros a la trabajadora, que durante un año ha estado «castigada» en un rincón de la oficina en el Ayuntamiento de Villalón, donde la mancomunidad tiene su sede, explicó ayer la demandante. Esta afirma que ha estado sometida a un verdadero acoso laboral «por venganza», pues declaró como testigo en el caso de la trabajadora de la limpieza que denunció por agresión y acoso sexual al alguacil de la localidad, condenado por la Audiencia a siete años de prisión en 2007 y para quien el alcalde, Javier Mazariegos, llegó a solicitar el indulto.

Según el relato de hechos probados de la sentencia, la técnico superior de la administración, empezó con contrato temporal bajo el mandato de Mazariegos y en 2017 pasó a ser indefinido. Desde que Ricardo Collantes fue elegido presidente en 2019, «él y la trabajadora han mantenido continuos enfrentamientos motivados por diferencias en la gestión».

El problema fue evidenciado por el vocal del Ayuntamiento de Villavicencio de los Caballeros, Alberto de Paz, quien remitió un escrito al resto de vocales de la mancomunidad (integrada por 36 municipios) denunciando que «la única obsesión del señor presidente es cargarse a Pilar, a la que ha ido quitando sus funciones y vaciando su contrato de contenido, cuando ella es el alma mater de nuestra mancomunidad, perfectamente preparada, licenciada en Derecho y que maneja toda la operativa».

El pasado 18 de enero de 2021 se le abrió un expediente disciplinario y le supendieron de empleo y sueldo. Collantes nombró como instructor del expediente a un primo carnal suyo, un expediente en el que se alegaban incumplimiento como no comunicar las vacaciones o ausentarse de la oficina, que «nunca se resolvió», precisa la sentencia. La técnico se reicorporó a su puesto el 19 de julio al expirar la suspensión de seis meses y no le abonaron las retribuciones. La jueza considera probado «el hostigamiento persistente» y el «despojo de funciones» a la técnico, que le quitaron las llaves, le cambiaron arbitrariamente los horarios de trabajo y le impidieron acceder a los ordenadores, una situación que ha llevado a la demandante a necesitar tratamiento psicológico. Además del impago de salarios, reconoce la sentencia, «ha existido una vulneración de la dignidad de la trabajadora».