Boecillo

Condenan al Ayuntamiento a pagar al policía que hizo labores de mantenimiento

El denunciante relató que, una vez despedido su antecesor en el cargo como jefe de mantenimiento, vio muy atractivo asumir la jefatura, en lugar de seguir como policía local, tanto por sus conocimientos en mecánica como por motivos personales.

La sentencia contra el Ayuntamiento se fundamenta en que «ha quedado acreditado que el actor recibió una atribución temporal de funciones en virtud de un acuerdo que no ha sido impugnado en tiempo y forma, por lo que ahora no se puede discutir su legalidad». Asimismo, continúa el fallo del Contencioso, también «ha quedado acreditado que el actor percibió un único sueldo, correspondiente a su puesto originario de policía, respetándose el régimen de retribuciones de los funcionarios de la administración local, en el que se encuentran incluidas las gratificaciones correspondientes a servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal de trabajo».

Unas horas extras que el demandante ha acreditado y que «la administración no ha desplegado prueba alguna en contrario».

Precisamente, este procedimiento ha estado suspendido por prejudicialidad penal al estar abiertas las diligencias por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa de la exalcaldesa de Boecillo María Ángeles Rincón. Este finalizó, con sentencia de la Audiencia Provincial fechada a 2 de marzo de 2022, en la que se condenaba a la exedil a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de carácter electivo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un periodo de nueve años.

En esa vista oral de la Sección Segunda de la Audiencia se analizaron los hechos que se remontan al 9 de noviembre de 2016, cuando la entonces alcaldesa propuso el nombramiento temporal a Rafael A. como encargado municipal de Obras, cargo que se hallaba vacante, de un agente de la Policía Local y por el que el Ayuntamiento ha sido condenado recientemente al pago de 6.500 euros, así como la imposición de las costas con el límite de 200 euros por todos los conceptos.

La alcaldesa se amparaba en la creencia de que no estaba incurriendo en delito y ante la necesidad de cubrir una serie de «servicios esenciales» en el municipio. La ahora condenada sacó a relucir las malas relaciones que mantenía con el secretario municipal y enmarcó en este contexto la dificultad de discernir si los reparos que éste ponía a buena parte de sus decisiones seguían criterios objetivos o no.

En ese juicio, la Fiscalía de Valladolid acudía con una petición para la exregidora de cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por delito continuado de malversación y otros quince de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública solicitaba que la encausada indemnice al Ayuntamiento de Boecillo con 11.102,32 euros y con otra cantidad a determinar por los materiales utilizados en una de las obras presuntamente ejecutadas de forma ilegal.