Cementos Molins afirma que sus propuestas para el convenio de Cabezón «ofrecen mejoras»

La plantilla, compuesta por 120 personas de las que una veintena tienen un contrato temporal, inició el pasado martes un calendario de protestas que contempla cinco jornadas de paros parciales de dos horas de duración por turno durante este mes de abril, que se transformarán en una huelga indefinida a partir del 6 de mayo si no se atienden sus reivindicaciones. Han adoptado esta medida ante el «inmovilismo» de la Dirección a la hora de aprobar una nueva regulación de empresa.

De hecho, los representantes de los trabajadores aseguran que las conversaciones que han mantenido desde el pasado septiembre han resultado infructuosas, lo que les ha llevado a levantarse de la mesa y optar por movilizarse para forzar una solución. Frente a esto, fuentes de la compañía afirman que «seguimos con el proceso de negociación como hemos venido haciendo en los últimos meses, abierto y de buena fe», y sostienen que su intención es «llegar a un acuerdo beneficioso para todos».

La plataforma que ha presentado el Comité de Empresa de la planta de Cabezón reclama que el futuro convenio colectivo –el anterior caducó en 2018– incluya una subida «consolidada en tablas» del 1% en 2024, y que para 2025, 2026 y 2027 el aumento sea «del IPC real del año anterior más un punto» y «como mínimo del 3%». Ese órgano está formado por nueve delegados de los que seis pertenecen a Comisiones Obreras, dos a UGT (en representación del personal de oficina) y uno a USO.

Por el momento Molins, la primera gran empresa catalana que regresó tras el 1-O a esa autonomía después de haberse mudado a Madrid, no se ha pronunciado sobre el detalle de esas peticiones ni tampoco sobre el hecho de que el convenio colectivo provincial de Derivados del Cemento de Valladolid «supera al de la empresa», como sostienen los sindicatos. «Confiamos en poder avanzar hacia una solución dialogada lo antes posible», se limitan a manifestar fuentes de la firma con sede en Sant Vicençs del Horts (Barcelona).

El grupo fundado en 1928 por Juan Molins Parera, que salió a Bolsa en un ya lejano 1942, tiene una decena de instalaciones dedicadas a la producción de prefabricados de hormigón en España. Además de la vallisoletana, posee factorías en Venta de Baños (Palencia) y en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Buñol (Valencia), Cambre (La Coruña), Castejón (Navarra), Cervera (Lérida), Dos Hermanas (Sevilla), Tarragona y Villagarcía (Pontevedra). A esto se suma su presencia internacional en Croacia, Turquía, Túnez, Argentina, México, Uruguay, Colombia, Bolivia y Bangladesh.

Entre los proyectos para los que ha suministrado material destacan la ampliación del CTR de Villanubla y de la factoría de Michelin, ambos en la provincia vallisoletana, y la nueva fábrica de Campofrío en Burgos, que sustituyó a la que resultó calcinada en 2014. La sociedad aumentó su beneficio neto el 22% el año pasado, hasta alcanzar los 184 millones de euros gracias a unas ventas de 1.365 millones, el 1% más que en 2023. Su EBITDA (las ganancias antes de impuestos) se situó en 356 millones de euros, el 6% por encima del ejercicio anterior, «destacando el incremento en los negocios en Europa, Sudamérica y Norte de África».

De cara a 2025 Molins contempla «una recuperación paulatina de la actividad en la mayoría de los países afectados por crisis económicas e inestabilidad política y social». En este contexto, prevé «un incremento de EBITDA de un dígito bajo basado en la eficiencia en costes y gestión de precios de venta para compensar la inflación y el impacto desfavorable de tipo de cambio, sujeto al impacto en la economía que pudiera tener el endurecimiento de la política arancelaria».