Cárcel para la exedil de Bobadilla por estafar a un primo con una concesión

El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha condenado a dos años y medio de cárcel a Inés María F. S., la que fuera edil de Festejos de Bobadilla del Campo, la misma que en 2023 ya fue condenada a más de dos años de privación de libertad y que ahora vuelve a recibir un nuevo varapalo judicial por idéntico delito, en este último caso por engañar a un primo suyo al que ofreció mediación para que obtuviera una administración de lotería en Medina del Campo y del que obtuvo, sin hacer gestión alguna, casi 10.000 euros.

En esta última condena, a la que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el juzgador considera a la exconcejal autora de un delito continuado de falsedad, en concurso medial con otro delito de estafa continuada y, junto a la citada pena privativa de libertad y una multa de 4.500 euros, le impone, en concepto de responsabilidad civil, el abono al perjudicado de una indemnización de 9.995,22 euros.

El juez también advierte en su fallo de que en caso de que el mismo adquiere firmeza, no cabría suspender la ejecución de la pena, al superarse el límite legalmente admisible, y la condenada tendría que ingresar en prisión.

En el relato de hechos se apunta que la ahora condenada, sabedora del interés de su primo y la familia de éste de conseguir una concesión administrativa a su favor en la zona de Medina del Campo tipo estanco o administración de lotería, guiada por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito engañando a sus familiares, contactó con el primero en febrero de 2020 y se ofreció a ayudarle porque, según le dijo, un conocido suyo que trabajaba en Hacienda tenía conocimiento de que se iba a habilitar una licencia de apertura de una administración de lotería en dicha localidad vallisoletana.

La acusada se ofreció a ayudarle a adquirir la licencia y a gestionarle toda la documentación y los trámites necesarios para ello por cuenta de su primo. También le informó, de forma falsa como en el primer caso, de que conocía a la responsable de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), persona que podía ayudar también a la consecución de la licencia.

Y fue a partir de entonces cuando Inés María simuló diferentes direcciones de correo electrónico para hacer creer a su familiar que los dos supuestos contactos que podían favorecer la adjudicación de la administración de lotería eran personas reales, al tiempo que comenzó a falsificar distintos documentos para convencer a la víctima de que ella misma, con adelanto incluso de dinero por su parte, estaba ya realizando distintos trámites, incluida la remisión de un correo electrónico con un documento que simulaba ser un contrato de cesión de Administración de Lotería por parte de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Además, la acusada ofreció a su primo, para la instalación del pretendido negocio, la cesión en alquiler de un local del que afirmó falsamente ser la propietaria y que acababa de adquirir al haber cobrado una herencia, lo que fue aceptado por el perjudicado, quien arrendó el inmueble con una renta mensual de 400 euros más IVA.

La acusada dijo también al denunciante que los trámites para la licencia de apertura se iban a realizar en una notaría de Medina, para lo cual envió a su primo varios correos electrónicos haciéndose pasar por personal de dicho establecimiento, si bien el primo comenzó a sospechar del engaño tras recibir sucesivas comunicaciones que la condenada elaboró para anular varias citas para la supuesta firma del documento de adquisición de la licencia.

No fue hasta finales de enero de 2021 cuando su primo, que residía en Madrid, se desplazó hasta la localidad de Medina del Campo y comprobó que el local que supuestamente le había alquilado su prima correspondía a un negocio cerrado, denominado Zapaterías Salvador Artesanos, en el que había un cartel que anunciaba que estaba en alquiler y del que nunca había dispuesto la acusada, sin que tampoco hubiera realizado las obras prometidas para adaptar el local a las especificaciones técnicas que exigía la concesionaria de la lotería.

También comprobó entonces que en la notaría de Medina del Campo no habían tramitado documentación alguna relacionada con la administración de lotería, con lo que finalmente el engaño terminó en conocimiento de la policía. El total de las cantidades percibidas con esta maniobra por la acusada ascendió a 9.995,22 euros.

La nueva condena se suma a la de dos años y tres meses de cárcel impuesta a la exedil de Bobadilla por parte de la Audiencia de Valladolid en el verano de 2023 y confirmada en enero de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por quedarse con el dinero que una amiga íntima había ido ingresando en una cuenta de la condenada en la creencia de que la misma pertenecía a la Agencia Estatal Tributaria y de que con ello quedaba libre de cargas el piso que pretendía vender.

En aquella sentencia se consideró probada la autoría de un delito de estafa agravada, dada la confianza íntima que existía con la víctima, y de otro de falsedad en documento oficial, por los que el fiscal del caso y la acusación particular habían solicitado penas de cinco y seis años, respectivamente.

El fallo, además de los dos años y tres meses de privación de libertad, incluía el pago de una multa de seis meses -6 euros diarios durante ese periodo-. Además, en concepto de responsabilidad civil, la condenada debería indemnizar a los perjudicados en la cantidad global de 10.322 euros.

La condena puso así fin a un 'embarazoso' proceso judicial jalonado por cuatro suspensiones de juicio y una falsa rotura de aguas de la ahora condenada, embarazada de más de siete meses, ante los intentos de ella de demorar lo que ya intuía como una condena ineludible, como así ha ocurrido finalmente.

También los padres de Inés María han tenido problemas con la Justicia. Casualmente, seis días después de que el TJSCyL ratificara la condena de su hija, la Audiencia de Valladolid sentó el 31 de enero de 2024 en el banquillo a los progenitores de la exconcejal, Francisco Javier F. S. -fue también edil en Bobadilla- y María Jesús C. M., por falsificar unos certificados Covid aparentando que eran positivos para así evitar que fueran desahuciados por la titular de la vivienda donde vivían.

El juicio, sin embargo, no llegó a celebrarse debido a que los acusados pactaron finalmente una condena de dos años de cárcel y una multa de 1.080 euros como coautores de dos delitos de falsedad documental en concurso medial con dos delitos de estafa procesal en el que concurren la atenuante de reparación parcial del daño -habían abonado 300 euros de la indemnización- y la también atenuante cualificada de dilaciones indebidas.

Las penas privativas de libertad, inferiores a los cuatro años iniciales que solicitaba el fiscal y los cinco de la acusación particular, no las cumplió ninguno de los condenados al haberse acordado la suspensión de la ejecución, en el caso de ella por un periodo de tres años y en el del varón durante cuatro, periodos en los que ninguno de ambos podrá volver a delinquir. El acuerdo incluía el compromiso de ir pagando la responsabilidad civil y, además, estar siempre a disposición del tribunal y comunicar cualquier cambio de domicilio.

En concepto de responsabilidad civil, la pareja, de forma conjunta y solidaria, tenía que abonar al titular de la vivienda donde se alojaban en régimen de alquiler un total de 3.600 euros por las rentas impagadas, con el compromiso de pagar 200 euros mensualmente entre los dos hasta saldar la deuda.

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