La exedil de Bobadilla fingió romper aguas en la Audiencia de Valladolid

Pues no, ni rotura de aguas ni incidencia alguna en su embarazo de siete meses -la gestación sí que es real y notoria-que impida a la encausada volver a ocupar este viernes el banquillo de la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde estaba siendo juzgada el lunes por hacerse pasar por funcionaria de Hacienda para ingresarse en una cuenta propia los pagos que una amiga realizó para levantar el embargo del piso que quería vender.

Tras el espectáculo de la inconclusa vista iniciada el lunes, con toda la prueba testifical practicada y a falta de algunas periciales, el tribunal sentenciador ha dictado una providencia en la que fija la continuación de la misma este viernes--en el supuesto de no celebrarse en los próximos treinta días el juicio tendría que celebrarse de nuevo íntegramente--para dejar el proceso visto para sentencia, tras ya cuatro suspensiones sufridas.

La reanudación del juicio contará con la presencia de una forense para evitar sorpresas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. La última se produjo cuando la exconcejal, que ya había declarado ante la sala, se dirigió al magistrado presidente para pedir un receso con el fin de ir al servicio. El juicio ya no se reanudó ante la supuesta rotura de aguas de la gestante y su traslado de urgencia hasta el Río Hortega, donde, sin embargo, se comprobaría más tarde que el líquido amniótico seguía intacto, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La encausada, que ocupará este viernes nuevamente el banquillo, salvo nueva contingencia, se expone a una posible condena de entre tres años y seis meses y seis años de cárcel, según las peticiones respectivas del fiscal y la acusación particular, por delito de estafa, aunque ella, en su declaración de este lunes ante el tribunal, mantuvo su inocencia.

La exconcejal reconoció la amistad que la unía con la Sheila, la supuesta víctima, ya que sus hijos compartían la misma guardería en Medina del Campo, y explicó que en septiembre de 2019 su convecina le comentó que había recibido un piso en herencia pero que no podía venderlo porque sobre el mismo pesaba una carga de 10.000 euros.

Negó que se identificara como empleada de Hacienda y precisó que actuó de mera intermediaria entre su amiga y un inspector al que conocía, sin que luego tuviera más participación y sin que tuviera explicación lógica de por qué llegó a manos de Sheila un número de cuenta corriente, el de la acusada, para que hiciera ingresos mensuales para levantar el embargo del piso y dejarlo así libre de cargas para proceder a su venta.

Sin embargo, las supuestas víctimas de la que fuera concejal de Festejos del PP en el Ayuntamiento de Bobadilla, Sheila, su madre y la pareja de ésta, fueron muy claras y acusaron a Inés María de hacerles creer que era funcionaria de Hacienda para apropiarse de los distintos pagos que la familia ingresó en su cuenta bancaria en la creencia de que la misma correspondía al fisco.