Alejandro Fernández vuelve a denunciar a la sociedad familiar por cosechar en su viñedo

Según explica el denunciante, él es el propietario de esas parcelas y aporta el registro vitivinícola y la tarjeta vitícola como prueba de que él es el titular de las parcelas vendimiadas por la sociedad a finales de septiembre. Recuerda en la denuncia que «en las vendimias de los años 2018 y 2019 se encontró ante la misma situación en la que las denunciadas, además de realizar la vendimia, presentaron un contrato simulado que fue objeto de denuncia por la Fiscalía de Valladolid».

Esa denuncia sobre el contrato de arrendamiento que Fernández no reconoce se extiende a dos sociedades del grupo Pesquera (rebautizado como Familia Fernández Rivera) como personas jurídicas: la empresa Alejandro Fernández Tinto Pesquera, buque insignia de la marca, y Bodegas Condado de Haza.

La Audiencia de Valladolid revocó el pasado febrero el archivo de las diligencias previas dictaminado por el Juzgado de Instrucción 4 y ordenó continuar la investigación por los supuestos delitos de falsedad en documento mercantil y estafa por otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero. Las responsables de las sociedades tendrán que volver a comparecer en el juzgado, después de que la declaración programada el 29 de septiembre se aplazara. El pasado 2 de julio, la Audiencia también estableció que los hechos denunciados en 2019 son los mismos y por ello «se integran en un mismo delito continuado», explicaron fuentes jurídicas.

Pero los pleitos penales y civiles abiertos en los tribunales desde hace tres años para repartir el emporio bodeguero de la Ribera y determinar la propiedad de las marcas Pesquera no solo siguen abiertos en Valladolid, Madrid y Londres, pues desde marzo, en pleno estado de alarma, han saltado el Charco.

La sociedad matriz, Alejandro Fernández Tinto Pesquera, ha denunciado al fundador ante un tribunal de California. Este trató de vender a través de su distribuidor en Estados Unidos 40.000 botellas de un vino confeccionado por él y la sociedad impidió la transacción comercial y planteó una demanda por la marca en el tribunal estadounidense que se resolverá antes de final de año. Fuentes próximas a la sociedad familiar subrayaron que las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el reparto del patrimonio «siguen abiertas».

En paralelo, el demandante espera respuesta del Consejo Regulador de la DO Ribera de Duero para tener acceso a los expedientes de las vendimias realizada por las bodegas en las campañas de 2018 y 2019 en Pesquera de Duero y Roa «con notoria ausencia de la tarjeta de viticultor». Reprocha al órgano que, también en el caso de la vendimia de 2020, «no ha adoptado las medidas y cautelas oportunas para evitar un aprovechamiento ilícito».