El alcalde de Tordesillas declara como investigado por dejar sin tramitar 47 multas

El edil, que revalidó el mandato en las anteriores elecciones municipales de mayo de 2023, ha llegado al juzgado acompañado de su abogado y del concejal de Deportes, Jesús Carro. La comparecencia, que estaba prevista para las 11:30 horas, ha dado comienzo pasadas las 12 de la mañana y se ha alargado durante casi una hora, en la que Oliveira ha trasladado al juez su versión de los hechos «de manera minuciosa y respondiendo todas y cada una de las preguntas y aclaraciones», según él mismo ha relatado después a través de un comunicado sin entrar en detalles del contenido.

«Ahora es el momento de dejar trabajar a la Justicia, en la que tenemos absoluta confianza», ha añadido el regidor antes de aseguar que encara el proceso «tranquilo» y que está «satisfecho» de haberse podido explicar en sede judicial. «Estoy dispuesto a colaborar en todo lo posible para aclarar lo sucedido y depurar responsabilidades», ha aseverado.

Los hechos se remontan a 2019, cuando la jubilación de la funcionaria que tramitaba las sanciones dejó vacante una plaza en el Ayuntamiento. Fue entonces un técnico de la corporación quien asumió esa función extra a cambio de una compensación económica, hasta junio de 2022, cuando el empleado dejó de tramitar las sanciones por incompatibilidad con el resto de sus cometidos.

El asunto fue denunciado en la Fiscalía por la propia Policía del municipio a mediados de junio, que propuso que se delegase la tramitación a la Jefatura Provincial de Tráfico o que se contrataran los servicios de una empresa externa para suplir la falta de personal. Por su parte, el Ayuntamiento planteó encomendar a los agentes la tramitación como un extra, algo que rechazaron.

En ese mismo mes se convocó el proceso para cubrir la vacante, que se dilató hasta noviembre, quedando durante ese tiempo medio centenar de multas sin tramitar, 40 leves, por un valor de 80 euros, y siete graves a razón de 200 euros cada una, en total 4.600 euros que ya no podrán cobrarse al haber prescrito las mismas.

El pasado mes de noviembre, cuando se tuvo conocimiento público de los hechos tras incoar diligencias la Fiscalía, el equipo del alcalde emitió un comunicado en el que defendió no haber sacado ningún benefició de algo que tildó como «contratiempo», alegando que la vacante tardó en cubrirse seis meses debido a «limitaciones» impuestas por el gobierno central a las administraciones locales en materia de contratación. «Sé que ha habido unos meses en los que no se ha podido realizar esa labor, pero es que tras la pandemia no ha sido fácil sacar una plaza», justificaba el regidor tordesillano hace unos meses en declaraciones a Europa Press.

«Lo triste es que un policía denuncia a la administración cuando a ellos mismos se les ha ofrecido hacerse cargo de la tramitación, pagándoles por ello, y se han negado», lamentaba Oliveira sobre la denuncia presentada por la Policía Municipal de Tordesillas, deslizando que el conflicto laboral mantenido en su día con la plantilla del cuerpo por una serie de pagos atrasados podría ser el motivo de tal actuación.