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El exvicepresidente de la institución y alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, y otros tres encausados se enfrentan a 11 años de inhabilitación y al pago de 11,6 millones de indemnizaciónEcologistas en Acción que, junto con Valladolid Toma la Palabra lidera la acusación popular en el caso Meseta Ski, el proyecto fallido de las pistas secas de Villavieja (Tordesillas), ha solicitado a la Audiencia de Valladolid que se llame a declarar como testigo en ... el juicio a Ramiro Ruiz Medrano, quien presidía la Diputación de Valladolid en 2006, cuando se gestó el proyecto. En el escrito en el que solicitan la apertura de juicio oral, formulan acusación contra el exvicepresidente de y de Sodeva, Alfonso Centeno, alcalde de Olmedo; contra el gerente de la empresa pública, Pedro Pariente; y contra dos funcionarios, Luis Torroglosa y el arquitecto Valentín González. Se les acusa de un delito continuado de prevaricación y se propone que se les impongan penas, para cada uno de ellos, de 11 años de inhabilitación en cargo público y el pago de una indemnización, de manera solidaria, de 11,6 millones de euros, cuantía del dinero público «malgastado» en los contratos del proyecto. Para la acusación popular, estos cuatro encausados fueron los responsables de «cuantas decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse en la concepción, desarrollo y finalización del complejo de ocio, que finalmente fue desmantelado por orden judicial». Y por ello se les atribuye un delito continuado de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, que «castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitaria en un asunto administrativo».
El escrito de acusación se presenta dos meses después de que el juez instructor diera por concluida la investigación y acordara continuar con la tramitación del procedimiento para la apertura del juicio oral. El magistrado sostiene que hay indicios de que el contrato de las pistas secas de Meseta Ski se adjudicó de manera irregular y arbitraria por parte de Sodeva y de su entonces presidente, Alfonso Centeno, para favorecer a la empresa Corsan-Coviam y prácticamente se duplicó el presupuesto inicial de poco más de cuatro millones de euros.
Entiende la acusación que, aunque el consejo de administración de la sociedad dependiente de la Diputación Sodeva ha tenido más miembros, solo los encausados «son conocedores del proyecto desde sus inicios hasta su final y solo ellos están al corriente de los pormenores de la realidad de la encomienda y de las obras en conjunto». Además, argumentan que «solo ellos tienen las claves técnicas y negociales con la empresa (Corsan-Coviam) que resultó adjudicataria a lo largo de todo el proceso de contratación, ejecución y desestimiento final de las obras» y «solo a ellos pueden atribuirse los numerosos y onerosos cambios en el proyecto».
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Además de solicitar que testifique el expresidente de la Diputación Ramiro Ruiz-Medrano (PP), se pide también que se llame a declarar al entonces alcalde de Tordesillas, Emilio Álvarez, (PSOE), actualmente subdelegado del Gobierno en Valladolid y a una decena de testigos más, entre ellos, los representantes de la empresa beneficiaria de la obras y otros miembros del consejo de administración de Sodeva, la sociedad de la Diputación que promovió y encargó el proyecto del centro de ocio.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación popular, Alfonso Centeno, como presidente del consejo de administración de Sodeva (Sociedad Provincial de Desarrollo), lideró el proyecto de las pistas secas de esquí, cuya ubicación en Villavieja del Cerro, a mediados de marzo de 2006, «ya estaba decidida sin que constara acuerdo alguno de órgano colegiado». Sostiene que el acusado, a la sazón vicepresidente de la Diputación, «sin el mínimo informe técnico sobre unas instalaciones de características desconocidas para todos, ordenó la preparación y redacción de unas bases o pliego de condiciones para licitar el proyecto de la futura estación de esquí seco». Así se inició, apostilla Ecologistas en Acción, «una mera apariencia de un proceso de libre concurrencia», pues considera que la adjudicación a Corsan estaba predeterminada para beneficar a esta empresa en concreto.
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