Valladolid

Los principales encausados en La Perla Negra apuntan al consejero fallecido Tomás Villanueva

El primero en sentarse en la silla de acusados fue Rafael Delgado, el que fuera por aquel entonces viceconsejero de Economía y Empleo, vicepresidente de la Agencia de Desarrollo y presidente y consejero delegado en Gesturcal, que ha iniciado su intervención con un tajante «soy totalmente inocente». Dos horas sin descanso de declaración en la que en más de una docena de veces desvió las preguntas con la respuesta de «seguía órdenes del consejero Villanueva».

Precisamente a través del consejero fallecido, Delgado tuvo conocimiento del mandato de buscar una sede central para albergar y aglutinar todos los servicios. «No sabía qué locales se buscaban», ha precisado el acusado al tirar de memoria sobre unos hechos que están a punto de cumplir veinte años. Porque en 2005 se firmó un informe para convocar un concurso que se adjudicó a Urban Proyecta. «No conocía a los socios de la empresa, ni tuve ninguna participación. Más tarde, tuve conocimiento por parte del consejero de que se había otorgado a Urban», ha recalcado Delgado a preguntas de la fiscal, además de puntualizar que «la urgencia de búsqueda estaba motivada porque la administración llevaba dos años buscando».

Asimismo, Delgado también se ha desmarcado de la posterior compra del edificio conocido como La Perla Negra, cuyos trámites arrancaron en 2008 a través del servicio de Patrimonio de la Consejería de Hacienda, cuya titular era Pilar de Olmo. «Tuve el mandato de los dos consejeros. Gesturcal hacía siempre lo que decían los consejeros. Estaba todo decidido y negociado», ha agregado Delgado.

Fue precisamente Delgado, en su condición de consejero delegado del consejo de Gesturcal, quien firmó la compra del inmueble, tras firmar un cheque de 7 millones de euros de señal, para «garantizarnos la posibilidad de adquirir el edificio». «Se hizo lo que debía de hacerse, pero siempre bajo lo mandatado por Villanueva, que eran quien controlaba, inspeccionaba y daba las órdenes», ha matizado Delgado, quien ha añadido que fue una operación «muy ventajosa» al cerrarse por dos millones por debajo de la tasación (56 millones de euros).

El repaso al controvertido edificio de Arroyo ha continuado con las obras internas que Gesturcal efectuó en el interior del inmueble. La orden, según ha incidido, también vino desde lo alto de la Consejería, aunque ha detallado que esos costes se les tenían que haber repercutido a las empresas que allí se iban a instalar.

La declaración de Delgado también ha abordado la compra de los terrenos en Portillo para un futuro polígono industrial. La misma que también ha apuntado al exconsejero Tomás Villanueva. «La operación empezó en marzo de 2008 y yo no intervine», ha declarado.

La firma de un convenio marco con Cementos La Bureba llegó dos años después. Asimismo, Delgado ha negado cualquier interés personal y que actualmente desconoce por qué sigue siendo prácticamente un polígono fantasma. «Salí de la administración en 2011 y después creo que han pasado tres consejeros. No tenía constancia de que Begoña Hernández no estaba de acuerdo, pero la decisión era del consejero», ha manifestado Delgado.

Más corta ha sido la declaración de Hernández, quien también se enfrenta a once años de cárcel. Un testimonio similar al de Delgado y que pone en el epicentro de cualquier decisión al consejero Villanueva. Hernández, quien también se ha declarado inocente de todas las acusaciones, ha mantenido un discurso muy similar y ha asegurado que se valoró la compra del inmueble «como mejor opción». «Se abrió un proceso para la compra de forma transparente. No me consta que se negociara la compra con Urban Proyecta», ha manifestado la que fuera viceconsejera de Economía y Empleo desde 2007.

Precisamente la firma de Hernández también se encuentra junto con la de Delgado para abonar los 7 millones de euros en concepto de señal para la compra del edificio. «Formaba parte de las instrucciones del consejo de administración de Gesturcal para poder acceder a esa adquisición del inmueble», ha explicado la encausada.

Respecto a los terrenos de Portillo, Hernández ha recalcado que no tuvo una participación directa y que llegó a trasladar a Villanueva «los riesgos» por las «tensiones de tesorería que atravesaba la sociedad».

«El consejero me dijo que iba a convocar una reunión para intentar un desistimiento de mutuo acuerdo con la parte vendedora, aunque en el encuentro los vendedores no me consideraron interlocutora válida y dijeron que el contrato era correcto. Se intentó rescindir de forma unilateral, pero Garrigues nos dijo que estaba bien y que no se podía desestimar», ha resumido Begoña Hernández.

Por el mismo sendero ha caminado la declaración del tercer acusado en declarar este miércoles. Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal entre noviembre de 2003 y septiembre de 2008, ha apuntado al exconsejero Villanueva. «Todos los temas del edificio de Arroyo se decidían desde la Consejería. Gesturcal recibió este encargo sabiendo ya con quién, cuándo, cómo y dónde tenía que firmar el contrato», ha remarcado Sacristán.