Juicio de la Perla Negra

Urban Proyecta se interesó por terrenos en Arroyo un año antes del concurso

La supuesta información privilegiada manejada por Urban Proyecta ha vuelto a planear durante la novena jornada del juicio de la Perla Negra que se sigue desde el pasado día 26 de febrero en la Audiencia de Valladolid, donde Ramón López Casal, quien fuera administrador único de Mahía, inicial propietario del solar de Arroyo de la Encomienda en el que se levantó el polémico Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como 'La Perla Negra', ha apuntado que fue «más o menos a principios de 2005» cuando la mercantil bajo sospecha contactó con el grupo inmobiliario gallego.

Ramón López Casal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha concretado que fue Germán José Martín Girado, uno de los encausados y administrador de Urban Proyecta, quien a inicios de 2005 se interesó por la adquisición de una parcela que, tal y como ha matizado el testigo, abarcaba cerca de hectárea y media y «tenía mucha edificabilidad». Inicialmente, en 2005, se firmó un contrato privado en el que Urban Proyecta desembolsó 1.200.000 euros más IVA, equivalente a una señal del 10% por el precio total fijado en 12 millones de euros más IVA.

El administrador único de Mahía ha indicado que su contacto en Urban no le explicó cuál sería el destino del solar pero sí ha precisado que no fue hasta 2006 cuando se formalizó la escritura, demora que se produjo por expreso deseo del grupo gallego, y entonces el nuevo propietario del terreno aportó la totalidad del precio convenido. «No sé de dónde sacaron el dinero», ha zanjado el testigo.

También ha comparecido el presidente del estudio Lamela y Asociados, Carlos Lamela, quien ha indicado que el 1 de noviembre de 2005 firmó con Urban Proyecta un primer contrato de servicios para la elaboración del proyecto y ejecución de las obras del Edificio de Soluciones Empresariales, cuyo coste final, según el certificado con fecha de 20 de noviembre de 2008 que lleva su firma, se elevó a un total de 33.800.000 euros.

Sobre dicho importe, el testigo ha precisado que la cifra solo incluía la ejecución de las obras, no así el precio del solar, algo que Lamela y Asociados «desconoce en el 99% de los casos», al tiempo que también ha asegurado que cuando Urban Proyecta se identificó al inicio como propietario del terreno desconocía que esta mercantil todavía no estaba en posesión del mismo, algo que, por otro lado y según su experiencia, no era una práctica inusual por parte de sus clientes.

El presidente de Lamela y Asociados ha declarado que su empresa no llegó a contactar en ningún momento con Gesturcal y que su relación se ciñó al encargo recibido del encausado Ángel Román Montes, de Urban Proyecta, aunque no ha sabido explicar por qué antes de la firma del contrato su estudio ya había girado facturas por distintos trabajos, circunstancia que el testigo ha justificado en el hecho de que él era el máximo responsable de la mercantil y tenía a su cargo cerca de un centenar de empleados.

«Yo dirigía el estudio pero no estaba al detalle. Hasta su jubilación hace poco, Francisco López de Blas, como gerente general del estudio, era el responsable técnico de todos los proyectos que hacíamos, pero fue otro arquitecto el que dirigió este encargo», ha explicado Carlos Lamela, quien también ha manifestado no recordar si para la elaboración del proyecto de cara al concurso convocado por la Junta en diciembre de 2005 Urban Proyecta les remitió previamente el pliego de condiciones del mismo.

A lo largo de la breve jornada -se ha renunciado a varios testigos- ha testificado igualmente la que fuera técnico en Parques Tecnológicos de Castilla y León, Lourdes Barrio, quien en la época investigada trabajaba en el Departamento de Contabilidad de Parques Tecnológicos de Castilla y León aunque luego siguió con el mismo cometido tras la fusión de dicha sociedad con Gesturcal.

La testigo ha sido interrogada por los letrados de dos de los encausados sobre la operativa seguida para contabilizar las facturas relativas a la compra del edificio de la Perla Negra y, con independencia del método seguido, Barrio sí ha sido taxativa al concretar que «todas ellas las firmaba el consejero delegado de Gestural» y principal encausado, Rafael Delgado.

El juicio sigue este martes, a partir de las 10.00 horas, con nuevos testigos cuyos testimonios se centrarán en la compra de terrenos para el fallido polígono industrial en Portillo. Quien no comparecerá el miércoles como testigo es el actual procurador en Cortes y en la época investigada presidente de la Diputación de Valladolid, Ramiro Ruiz Medrano, ya que su testimonio también ha sido deshechado finalmente.

El proceso judicial investiga la compra de 'La Perla' y el fallido polígono industrial de Portillo, operaciones que, según las acusaciones, fueron propiciadas desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente Urban Proyecta PM3 y Parque Empresarial de Portillo) a través de sociedades de participación pública de la Junta, Gesturcal S. A. y a partir del año 2008 ADE Parques Tecnológicos de Castilla y León S. A.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que pide Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 que globalmente pide la Junta, como acusación particular, para ocho de los encausados.