Condenan a Pipi y sus padres a penas que suman 20 meses de prisión por blanqueo

Junto a Rivera Díez, el tribunal impone seis meses de cárcel por blanqueo a sus padres, Sotero Rivera Maestro, jubilado de Fasa-Renault y Segunda Díez González, ama de casa, que carecen de antecedentes penales y con toda probabilidad no ingresarán en prisión. Además, Pipi tendrá que hacer frente a 45.000 euros de multa y a cada uno de sus progenitores se les impone la misma cantidad, con privación de un día de libertad por cada 300 euros que no paguen, así como las costas del juicio.

El tribunal considera «un hecho acreditado de forma objetiva» que Pipi «ha sido condenado en numerosas ocasiones por delitos contra el patrimonio» y que su hoja histórico-penal acredita que antes del 29 de abril de 2013 y al menos desde el 13 de febrero de 2001 ya había sido condenado por diversos delitos contra el patrimonio y robos con fuerza en las cosas. De hecho, las sentencias condenatorias se suceden hasta marzo de 2018. «Es evidente que esta actividad delictiva acreditada de forma objetiva tuvo que generar unos ingresos a José Luis Rivera Díez» pero esto hay que enlazarlo con el hecho de que Pipi ha trabajado un año, cinco meses y 29 días, según su informe de vida laboral y no ha aportado indicios de que haya trabajado en la compraventa de coches e inmuebles entre Valladolid y Madrid. «Sí se ha acreditado que, antes de realizar los tres actos que sustentan esta acusación del FIscal, Rivera Díez había cometido diversos delitos contra el patrimonio y que no había realizado actividad profesional a partir del 17 de mayo de 2012 en que se extinguió su subsidio de desempleo». Por ese motivo, la Sala considera probado que «tuvo ingresos derivados de su actividad delictiva», mientras que no se puede acreditar ingreso proveniente de actividad laboral propia o de su entorno familiar directo, pues su entonces pareja tampoco había trabajado nunca.

La actividad delictiva de Pipi, indica la sentencia, al ser «dilatada en el tiempo» era conocida por sus padres ya que «expresamente Sotero Rivera en la vista oral manifestó que se llevaba bien con todos sus hijos, por lo que lógicamente ha tenido conocimiento de la actividad a la que se dedicaba su hijo José Luis, por más que dijera que sus problemas eran de poca monta».

Respecto de los bienes adquiridos con el producto de los asaltos, el tribunal considera respecto del vehículo Opel Vivaro que no hay pruebas suficientes para establecer el blanqueo, pero sí del BMW de Pipi, que puso a nombre de su padre. No se acredita que el jubilado tuviera ingresos para abonar los 21.000 euros de la compra ni los más de 8.000 euros en reparaciones. Unas facturas que «en realidad fueron pagadas con dinero proveniente de la actividad delictiva de José Luis Rivera», al igual que la adquisición, por 12.000 euros, del inmueble de Tudela. El matrimonio aseguró que «el merendero» lo habían adquirido con sus ahorros «pero lo cierto es que no hay ningún indicio de que Sotero Rivera recibiera 14 años antes (se jubiló en 2001) una cantidad que alcanzara este importe y carece de sentido que con el importe al que ascendía el único ingreso acreditado de la unidad familiar, que era su pensión, se guardara en una hucha esta importante cantidad de dinero».

La Audiencia cifra en más de 36.000 euros la responsabilidad civil a pagar por la banda del BMW a los propietarios de los establecimientos asaltados (desde gasolineras a bares y colegios). Nueve de los acusados, antes de la celebración del juicio, ya aportaron algunas de las cantidades.

El tribunal considera probado que, durante 2016, un grupo de personas unidas por vínculos familiares y de vecindad, lideradas inicialmente por José Luis Rivera Díez, alias 'Pipi', de 40 años, «se han venido dedicando como actividad única a la comisión de hechos delictivos». Pipi era la persona encargada de fijar el objetivo, planificando y organizando su ejecución y distribuía las funciones entre el resto. La operativa comenzaba por establecer un control perimetral al objetivo seleccionado, en el que se apostaban uno o varios miembros del grupo para controlar las vías de acceso y detectar (y, en su caso, avisar) de la presencia policial, una o varias personas a bordo de uno o varios turismos con el motor en marcha para darse a la fuga de manera inmediata y varios ejecutores directos para llevar a cabo el asalto al objetivo determinado.

Con este modus operandi se cometieron, desde el 19 de diciembre de 2016 al 16 de enero de 2017 asaltos «con maza» en el Bar Antequera, en el establecimiento Motoextremo, en el restaurante Pirita, en Soldiers of Green y en Empresa, Lotes, Cestas y Regalos SL.

Sostiene la sentencia que, para poder ocultar el dinero que generaban los delitos cometidos por Pipi y «poder beneficiarse de estos ingresos», sus padres, Sotero y Segunda colaboraron con él, de forma que el padre puso a su nombre un BMW adquirido en 2014 por 21.000 euros «que se abonaron en metálico con dinero que provenía de los delitos cometidos previamente por José Luis Rivera». De la misma forma se pagaron entre marzo de 2015 y enero de 2016 facturas de reparaciones de este vehículo por 8.428 euros. También se pagó «con dinero que provenía de la previa comisión de delitos contra el patrimonio» la compra, el 2 de diciembre de 2015 de un inmueble en Tudela de Duero por 12.000 euros que fueron entregados en metálico por el matrimonio.

José Luis Rivera Díez fue detenido el 10 de marzo de 2017 cuando conducía un Mercedes. Llevaba encima cinco teléfonos móviles.

Como Pipi vivía habitualmente en Madrid, señala el fallo, el grupo se organizó en su ausencia, dado que además pesaban sobre el jefe de la banda varias requisitorias judiciales para su busca y captura. Así que fue relevado en la dirección generalmente por Rafael Borja Hernández, alias 'Ángelo'. A partir del 9 de noviembre de 2016 hasta febrero de 2017 asaltaron los establecimientos El Regalo, Unión Roche CB, Churrería La Madreka, el Instituto de Enseñanza Secundaria Campo Charro y el Colegio Rural Agrupado Doñinos.

A finales de febrero de 2017 intentaron el secuestro exprés de un empresario de Zaragoza que la propia víctima frustró. Posteriormente se dedicaron al robo de cobre en explotaciones agrícolas hasta que fueron detenidos el 30 de marzo de ese año en un control de la Guardia Civil.