Piden 18 años de cárcel para una familia dominicana por narcotráfico en Valladolid

A las 12:30 horas del 23 de septiembre de 2022, en un jardín urbano próximo a la estación de autobuses, funcionarios de la Policía Nacional que estaban de servicio en la zona observaron a un hombre que mostraba una actitud «sospechosa y huidiza». Cuando abandonó la estación y a la altura de la gasolinera cercana de la avenida del Puente Colgante, los agentes le dieron el alto y comprobaron que llevaba una bolsa de mano. Dentro de ella había una cartera en cuyo fondo había un bloque apelmazado de una sustancia que resultó ser cocaína con un peso de casi medio kilo (449,65 gramos) y con una riqueza superior al 76% que, según refiere el escrito de la Fiscalía, estaba destinada a la venta.

El acusado, Leosmalvin F. F., residía con su pareja Yomaira A. C. M., su hija menor de edad y un tercer acusado, el hermano de la mujer, Melvin E. C. S. en un domicilio de la capital, «donde guardaban y tenían la disponibilidad de más cocaína destinada al tráfico». Indica el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía que los otros dos acusados reaccionaron al conocer la detención por la llamada realizada por Leosmalvin a su pareja y «temiendo que la droga pudiera ser descubierta», puestos de acuerdo, Melvin «procedió a sacar de la vivienda común esos objetos y sustancias». Pero había una patrulla apostada para vigilar el domicilio y cuando salió el cuñado de la vivienda los policías le interceptaron y cachearon.

Se le intervino un objeto oscuro de forma rectangular, una bolsa de plástico negra y una balanza de precisión. Dentro del objeto había cuatro envoltorios y una bolsa que contenían varias cantidades de cocaína. Esta droga tendría un valor de más de 33.000 euros en el mercado ilícito.En total, la droga intervenida a la familia les hubiera proporcionado un beneficio ilícito superior a los 85.500 euros.

Los dos hombres permanecen en prisión provisional desde el 24 de septiembre de 2022, a la espera de juicio. El hermano de la mujer se encuentra, además, en situación irregular en España y tiene abierto un expediente de expulsión. La Fiscalía solicita para cada uno de los tres acusados la pena de seis años de prisión, multa de 200.000 euros con responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un día por cada 100 euros no abonados. Además, el ministerio público interesa la expulsión de los tres encausados a su país de origen tras cumplir en España las dos terceras partes de la pena que se les imponga y con la prohibición de regresar a territorio español por diez años