Los pensionistas dados por muertos piden «una solución, explicaciones o, al menos, una disculpa»

Las «disculpas» que ha pedido la delegada Virginia Barcones no le sirven a Carmen. «Habla de lo que está pasando casi como si fuera algo habitual, en genérico, sin una llamada personal de nadie para que nos diga cómo puede suceder esto y, sobre todo, cuándo se va a arreglar», lamenta. A ella, como sucede con el jubilado de Medina del Campo Francisco Ayala, o con Ricardo Rojo, vecino de Villabáñez que se encuentran en su misma situación, el organismo sigue sin concretarles cuándo repondrá el ingreso de sus pensiones, que entraron y salieron de sus cuentas bancarias hace ya dos semanas.

Carmen Tola no solo ha visto cómo la pensión de septiembre se volatilizaba, sino que además no puede formalizar los trámites para solicitar la prestación de viudedad que le corresponde tras el fallecimiento de su esposo, ya que para la Seguridad Social también ella está muerta.

En los tres casos conocidos por El Norte se repite el patrón de fallecimiento del cónyuge entre finales de julio y principios de agosto. A los afectados, sin embargo, no les han confirmado este extremo y consultada la Dirección Provincial respecto de la causa de estos errores, explicaron que «en el supuesto de que puedan producirse estos casos por una confusión, tratamos de corregirlos lo antes posible».

Desde la Subdelegación del Gobierno en Valladolid aseguran que ya se ha dado orden a las entidades financieras para que efectúen los ingresos y que en el mes de octubre (las pensiones se abonan entre los días 24 y 26 de cada mes) todos los casos estarán actualizados.

En su relato de los hechos, la delegada del Gobierno manifestó que «solo ha ocurrido en Valladolid» y que «en las ocho incidencias se ha dado de baja al cónyuge vivo en lugar del cónyuge fallecido». Francisco Ayala, sin embargo, ha constatado que están dados de baja tanto él como su esposa, a la que ingresaron exactamente la parte proporcional de la pensión de julio, ya que falleció el día 26.

Martín, el marido de Carmen, falleció el 8 de agosto después de pasar sus últimos meses de vida en una residencia. «La Junta nos ofreció una plaza en Soria y tuvimos que buscar un centro privado en Valladolid», relata para explicar que sus finanzas no están muy boyantes. Carmen, de 67 años, madre de cuatro hijos y trabajadora del sector de la limpieza, sufre una discapacidad desde que fue víctima de un accidente de tráfico.

Como en los casos de Francisco y Ricardo, descubrió que algo raro pasaba a través de su tarjeta sanitaria. Carmen en el centro de salud, donde le instaron a dirigirse a la Seguridad Social para que le aclarasen por qué estaba desactivada. Ya su primera experiencia con el INSS fue problemática. «Conseguir cita previa para acudir de forma presencial fue completamente imposible. No hubo manera, así que fui sin cita a la calle Boston y en la primera visita me dirigieron al banco. Allí solo me confirmaron que ya no figuraba en el listado de beneficiarios».

Para demostrar que está viva, Carmen está teniendo que superar toda una carrera de obstáculos. «A continuación me pidieron la tarjeta sanitaria, se la llevaron y cuando me la devolvieron me dijeron que ya estaba activada. Pero fui al centro de salud y no era así. También he tenido que ir al Juzgado porque me pidieron una fe de vida». Narra su periplo con más resignación que indignación, aunque también puntualiza que «no estaría de más que alguien hubiese demostrado un poco de humanidad».

Lo peor de todo, aparte de estar sin pensión, es para Carmen «el estado de indefensión absoluta en el que te encuentras». «Piensas que es algo que habría que denunciar en los tribunales, pero luego caes en la cuenta de que vas a luchar contra un gigante, que son ellos mismos quienes se otorgan los plazos de resolución y que tienes que buscar un abogado y un procurador. Al final, ves que en realidad no puedes hacer nada», admite. En el caso de Francisco Ayala, su hija sí se está planteando acudir a un abogado, a medida que comprueba que van pasado los días y el problema no se arregla.

A Carmen le gustaría encontrarse con la delegada del Gobierno para que le «clarificase qué ha sucedido, cómo es posible que pueda pasar algo así y, sobre todo, cuánto tiempo van a tardar en arreglarlo». «Tampoco estaría mal algún tipo de compensación por todos los desplazamientos y disgustos», comenta.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, anunció la semana pasada que el organismo «incorporará de forma inmediata a 1.615 trabajadores para mejorar la atención al ciudadano». Será el primer incremento neto de plantilla en una década y de ellos 119 corresponden a Castilla y León. Once se destinarán a Ávila, 14 a Burgos, 13 a León, 12 a Palencia, 14 a Salamanca, 13 a Segovia, 11 a Soria, 19 a Valladolid y 12 a Zamora.

«Hay una voluntad política de solucionar el abandono que ha sufrido la organización desde comienzos de la pasada década, de reforzar su estructura e impulsar su modernización en medios y efectivos», señaló Suárez al anunciar la medida. El INSS admite así la necesidad de «paliar las carencias de personal consecuencia de las medidas de recorte adoptadas durante la crisis financiera».

¿Puede este refuerzo de plantilla servir para reparar estos casos y evitar que vuelvan a producirse? Trasladada la pregunta a los afectados, surge una respuesta coincidente dentro de la variedad. «Ojalá. Y ojalá los funcionarios que se incorporen demuestren también un poco de sensibilidad».