Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
«El 29 de enero nació nuestro sueño», cuentan Iván Galván (Valladolid, 1983) y Vanesa Gómez (Zamora, 1990), una pareja, vecinos de La Cistérniga, atrapada en un laberinto burocrático que amenaza con convertir el sueño en pesadilla. Son una de las cuarenta familias españolas ... que esperan en Kiev una solución legal que les permita inscribir en el registro (y volver así a España) a los hijos que han tenido por gestación subrogada (una práctica ilegal en España, pero no en Ucrania). El Ministerio de Justicia emitió la semana pasada una instrucción que rechaza la prueba de ADN como válida para llevar a cabo la inscripción y ahora el Gobierno, que desde 2006 desaconseja este procedimiento (conocido como vientres de alquiler), asegura que busca «la mejor respuesta posible» para llevar a cabo el registro, con «soluciones individualizadas» para casa caso. «Ahora mismo estamos en un limbo, no tenemos explicaciones de ningún organismo oficial. Dicen que salvarán los derechos de los menores, pero es todo un sinsentido», cuenta Iván por correo electrónico desde Ucrania.
Iván y Vanesa llevan juntos más de diez años. Se casaron en 2016. Cuentan que formar familia siempre estuvo en sus pensamientos, pero que ella tiene hipertensión pulmonar primaria, lo que la imposibilita para la gestación. «Valoramos varias opciones. La primera, por supuesto, fue la adopción. Queremos ser padres, poco vale la carga genética cuando lo que importa es el sentimiento, pero en España los procesos de selección son largos, duros y costosos. Yo soy autónomo (tengo una pequeña sociedad, Montajes Gago, que se dedica al montaje de mobiliario comercial) y vivimos de alquiler. Nos pusieron muchas trabas. Hace tres años, escuchamos hablar de la gestación subrogada a raíz de los casos de muchos famosos, como Ricky Martin, Cristiano Ronaldo o Tamara Gorro, así que decidimos informarnos». Cuentan que apostaron por Ucrania después de descartar EE UU o Canadá («allí la subrogación puede costar 150.000 euros más gastos»), y de no contemplar Georgia como país con garantías legales suficientes.
La palentina Ana Reyes Rodríguez, junto a su pareja Fernando Frontela, llegó a Kiev en diciembre del año pasado. Mes y medio después, aún esperan una solución para su hija Alba. «El Gobierno (español) está jugando con las familias, dejándonos desamparados y utilizándonos para mandar un mensaje negativo a otras parejas españolas que estén considerando la gestación subrogada», asegura Ana Reyes. «Solo queremos inscribir a nuestros bebés y volver a España con ellos», afirma Amador, integrante de otra de las cuarenta familias que, como los vallisoletanos Iván y Vanesa, están esa situación. Su mujer, María Gil, voló de regreso a España. «Tengo que volver sin mi niña, a quien no podré volver a ver en varias semanas. Tengo el corazón roto», explicaba mientras no apartaba la mirada de Daniella, que el domingo cumplió dos meses, informa Efe.
Algunas de las familias cuentan con abogados especializados en la materia para asistirles durante el proceso, y registran a los bebés como hijos de una relación extramatrimonial con el consentimiento tanto de la madre gestante en Ucrania como de la pareja española. «Para España, la madre es la que pare. Sin embargo, en Ucrania la legislación nos reconoce como padres y madres de pleno derecho desde que el niño nace», cuenta Ramón Martínez. «Se nos acusa de ser compradores de niños y se nos reprocha no adoptar, pero lo que no se menciona es lo largo y duro que es el proceso de adopción, y lo difícil que es cumplir todos los requisitos para poder aspirar a ser padre adoptivo», añade Ramón.
«Sabíamos que la práctica en España era ilegal, que declaraban nulos los contratos realizados en otros países, pero en Ucrania es el padre quien pone la carga genética. La embajada española en Kiev realizaba una prueba de ADN al padre y al hijo y un laboratorio español se encargaba de corroborarlo, así que, si los dos casos eran positivos, el bebé era español de pleno derecho», cuenta Iván.
En su caso, llevaron a cabo el procedimiento directamente a través de una clínica («no confiamos en ninguna agencia que mediara»). El centro médico se encargó de buscar a la gestante, al vientre de alquiler. «Después dos intentos, el verano pasado recibimos la noticia de que estábamos embarazados. Estuvimos seis días saltando de alegría»
El 29 de enero nació Alejandro, «un niño muy sano aunque vino con 37 semanas». Pesó 2,980 kilos. «Es un niño de ensueño, no llora, se porta genial». «La clínica nos mandó ecografías en 4D. No podíamos dejar de llorar». Dos días después viajaron a Ucrania. Allí están desde entonces. «Una vez que le dieron el alta en el hospital, solicitamos cita en la embajada el 6 de febrero. Nos dieron el 20 de marzo para entregar la documentación. Nosotros pensábamos que sumando otras tres semanas de valija, en dos meses podríamos estar ya en casa, en Valladolid».
El vacío legal y la falta de una legislación uniforme provoca que aunque la legislación española establece la nulidad de los contratos de vientres de alquiler, en la práctica no sanciona la práctica, por lo que familias españolas pueden viajar al extranjero y recurrir a este proceso en aquellos países en los que está permitida la maternidad subrogada. El presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, incide en que la gestación subrogada no está prohibida en España: «Ése es el gran problema. Aquí está declarada la nulidad del contrato, pero no está prohibida la actividad, que permite contratos sorprendentes y repugnantes». En el libro 'Vientres de alquiler', la abogada Nuria González explica que la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara nulo de pleno derecho el contrato de gestación por sustitución y aclara que la filiación viene determinada por el parto. También en 2010 el Tribunal Supremo declaró nulos esos contratos. Sin embargo, en esa misma ley se mantiene «a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico».
¿Y cómo se permite que ciudadanos españoles recurran a los vientres de alquiler en el extranjero? Gracias a una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que considera que lo mejor para el menor es la filiación a favor de los padres comitentes, los padres inscriben a los niños en los registros consulares. Según el Gobierno, España ha tramitado entre 2010 y 2016 un total de 979 inscripciones por gestación subrogada en los registros consulares del extranjero, si bien la asociación Son Nuestros Hijos eleva esta cifra a mil cada año.
Existen varias agencias españolas que actúan de intermediarias, previo pago, para que ciudadanos nacionales recurran al extranjero para tener un hijo por gestación subrogada. Canadá, EE UU, Reino Unido, India, México, Tailandia, Ucrania, Rusia o Sudáfrica son algunos de los países a los que los españoles han acudido con este fin.
«Esta práctica reduce a las mujeres a vasijas, a hornos, a instrumentos de producción. Las mujeres no hemos venido al mundo para esto», se queja la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo. Por el contrario, el presidente de Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, considera que todas las críticas hacia la gestación subrogada se acabarían si se regulara en España con garantías, «cuando sean las mujeres españolas con suficiencia de medios y absoluta libertad las que decidan gestar para otros».
Ciudadanos es el único partido del Parlamento que se ha mostrado a favor de regular por ley la maternidad subrogada. El modelo que propone es altruista: una mujer se presta a gestar un hijo de terceros de manera voluntaria, sin recibir remuneración, pero sí «compensación» para los gastos del embarazo, y bajo la supervisión de un sistema oficial.
Iván continúa su relato: «El problema comienza el día 13, cuando dos parejas españolas acuden a su cita para entregar la documentación y se las deniegan. La alternativa que nos dan es que registremos al bebé como ucraniano para salir del país y luego en España acudir a juicio para obtener la nacionalidad». Esto supondría, calcula Iván, hasta tres o cuatro meses en Ucrania. «Aquí estamos en un apartamento que nos cubre la clínica hasta cierto tiempo. Después, como están haciendo la mayoría de parejas, nos tocaría pagar alquiler y manutención, sumando a los gastos que ya se tienen en España. Nos dicen que existe una ayuda consultar, pero hasta que se resuelva… Somos gente obrera que lucha por un sueño, que andamos muy justos, a cuatro mil kilómetros de casa… Y con un bebé. ¿Dónde y cómo recibimos ayuda pediátrica si nuestro país no nos abre la puerta?». «Yo soy español, mi hijo es español. Lo tuvimos en Ucrania para no cometer delito. ¿Por qué no puedo inscribir a nuestro hijo?», se pregunta Iván.
La pareja vallisoletana participó ayer, de nuevo, en una protesta frente al consulado español en Kiev para reclamar una solución. La pasada semana, se abría una vía a la inscripción de los niños nacidos por gestación subrogada con una prueba de ADN del progenitor, mediante una instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia enviada a los consulados españoles de los países donde esta práctica es legal. Solo un día más tarde, el Gobierno reculaba y anulaba esta orden, a la vez que se comprometía a «perseguir» a las agencias «que se lucran conduciendo a cientos de parejas a procrear en terceros países mediante esta actividad ilegal», informa Efe. «He parado esta instrucción personalmente porque no tenía conocimiento de ella y se había hecho pública sin el criterio de la ministra», dijo ayer la titular de Justicia, Dolores Delgado.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.