El Gobierno cierra la vía ucraniana para los bebés de gestación subrogada

De forma «extraordinaria», el Ministerio de Asuntos Exteriores dio papeles -estarán inscritos en el Registro Civil- a esos 39 bebés para que lleguen a España con sus progenitores. «Nuestra hija ya es ciudadana española», indicaron Ana y Fernando a Europa Press, que se encuentran «atrapados» en Kiev desde hace varias semanas. Una decisión que el departamento dirigido por Josep Borrell ha tomado junto al Ministerio de Justicia amparándose en el interés superior del menor y en el principio de seguridad jurídica. Un funcionario viajará al Consulado para reforzar el servicio y pode agilizar los trámites administrativos.

Sin embargo, fuentes gubernamentales recalcaron que no habrá más medidas extraordinarias. Las familias que hayan iniciado este camino para poder tener un hijo, deberán solicitar un pasaporte ucraniano para poder salir del país. Un proceso que suele durar, como mínimo, tres meses. Después, deberán inscribirse en el Registro Civil en España, donde se toparán con otro problema. Desde 2010, la Dirección General de Registros y Notariado estableció que era necesaria una resolución judicial que determine la filiación. Un trámite muy común en Estados Unidos, sobre todo en California, y que suele ser bastante rápido. Sin embargo, en Ucrania no existe este mecanismo y tampoco se pedía, lo que ha provocado que las familias españolas -hay unas 150 ucranianas embarazadas, aunque es una estimación de las asociaciones- estén buscando soluciones por vía diplomática y judicial para los casos que se den en los próximos meses. La más plausible es que el padre solicite la sentencia de filiación en un tribunal español para que luego la pareja inicie un proceso de coadopción. Un proceso que puede llevar meses.

El Ministerio de Asuntos Exteriores recordó que desde 2016 se desaconsejó a las familias que deseen tener un pequeño que acudiesen a Ucrania, una vía más atractiva para las familias desde el punto de vista económico. Tener un bebé subrogado cuesta entre 40.000 y 60.000 euros, menos de la mitad del precio en Estados Unidos. Los motivos esgrimidos por el Ejecutivo -que, en general, ha desaconsejado siempre la gestación subrogada en cualquier país- era la inseguridad jurídica y que la Fiscalía del país está investigando unos posibles casos de tráfico de menores en una clínica.

Con esta decisión, el Gobierno zanja una polémica surgida hace una semana, cuando el Consulado de Kiev rechazó las inscripciones de los menores al no tener la resolución judicial de filiación. Los progenitores acudían con la gestante y con una prueba de ADN, un requisito que no figura en ningún reglamento. El viernes, la Dirección General de Registros y Notariado mandaba una circular a todos los consulados en la que señalaba que se aceptaba la prueba genética para certificar que los pequeños eran hijos de padre español.

Solo un día más tarde, el Ministerio de Justicia dejaba sin efectos la instrucción recordando que los vientres de alquiler es una «práctica prohibida» en España, por lo que se comprometía a perseguir a las agencias que «se lucran conduciendo a cientos de parejas a procrear en terceros países mediante esta actividad ilegal». Ayer, los dos ministerios encontraron una solución.