El padre de Pipi se arranca contra el fiscal: «Usted tiene que decir la verdad»

El juicio estaba programado para nueve días y ha quedado visto para sentencia en una sola jornada tras las «conformidades» suscritas la víspera por 12 de los 16 acusados, que se han declarado culpables de los delitos continuados de robo con fuerza e intento de robo con violencia e intimidación. En el banquillo, este miércoles, se ha sentado finalmente el matrimonio y uno de sus seis hijos, José Luis Rivera Díez, que tiene en su haber 47 antecedentes. Para los padres se les pide penas, respectivamente, de dos años de prisión y multa de 150.000 euros, mientras que para Pipi, que lleva cinco años en prisión, la Fiscalía solicita una condena de tres años de cárcel y multa de 150.000 euros. Se da la circunstancia de que el procesado aceptó este martes por los delitos de robo una condena de 4 años de prisión, de forma que va a encadenar una condena con otra.

El primero en declarar ante el tribunal fue Pipi, de 40 años, quien tiene una vida laboral reconocida por la Seguridad Social de un año, cinco meses y nueve días. En mayo de 2012 fue la última vez que trabajó. «He trabajado más veces, pero no estaba asegurado. Ahora vivo de la prisión». Cuando el fiscal le ha preguntado sobre su medio de vida, ha afirmado que en 2014 era intermediario en la compraventa de vehículos y de inmuebles «a título particular». Respecto del BMW, uno de los dos coches que supuestamente se compraron con dinero producto de los robos, ha afirmado que era suyo y que lo compró él en mayo de 2014 «con dinero de la compraventa de coches», pero figura su padre como titular. «Yo no llevaba el carné o lo tendría caducado», se ha limitado a decir para justificar que el turismo estuviera a nombre de su padre. Esta fue una de las contradicciones más evidentes en la que los acusados incurrieron en la vista, puesto que Sotero mantuvo después que el coche lo había pagado él. A la salida del juicio, cuando el magistrado ya había pedido que se despejara la sala, indicó que su marido no tenía nada que ver con la compra de ese coche y que era de su hijo.

Lo cierto es que Pipi no tiene ni una sola propiedad en la que aparezca como titular, a no ser la cuenta conjunta con su expareja. La acusación subrayó que, por el contrario, una de sus dos hijas, de nueve años «tiene vehículos a su nombre», algo de lo que el acusado se desmarcó. La acusación incidió en la falta de ingresos normalizados que respaldaran las compras, realizadas con casi 60.000 euros en metálico, «que se desconoce de dónde salieron», mientras que el abogado defensor puso hincapié en que no hay pruebas del blanqueo ni que ese dinero empleado para adquirir las tres propiedades fuera producto de los últimos robos de 2016 y 2017, «que, además, entre todos sumaron 18.000 euros a repartir» entre los miembros de la banda. Respecto de la furgoneta Opel y el merendero de Tudela, ha afirmado que los había comprado su padre «con su dinero».

«Yo no he cometido ningún delito», empezó Sotero Rivera su declaración «Jamás en mi vida he blanqueado dinero con nadie». Justificó la compra del BMW en que «durante 36 años (luego dijo 32)» había trabajado en Fasa y adquirió el vehículo «con el dinero que he ganado». Aseguró que pagó por mensualidades los 20.000 euros y otros 26.000 euros se facturaron a sun nombre por reparaciones del coche por parte de las compañías aseguradoras. Respecto de la furgoneta Opel ha afirmado que la compró antes que el turismo y que no pagó por ella 14.000 euros como sostiene el informe patrimonial de la Policía Nacional, sino poco más de 4.500 euros. Insistió en que sus hijos no le dieron dinero, ni él a sus hijos, aunque ha reconocido que Pipi ha tenido «algún problema, pero de poca monta».

La última en declarar fue su esposa, Segunda Díez, quien señaló que el dinero de las compras de los coches y del merendero procedía de «una hucha» con los ahorros «que los tenía de cuando se jubilo mi marido». Negó saber del BMW pero sí de la furgoneta, aunque se pagaron, aseguró 4.500 euros. «Sí porque en el banco no se puede tener nada», subrayó al término de su declaración.

La defensa se empleó para desvirtuar el informe patrimonial de la Policía Nacional sobre el que se basa toda la imputación. La policía que testificó al respecto incidió en que basaron las sospechas de blanqueo en el historial delictivo de Pipi, con 34 reseñas de la Policía y más de un centenar de la Guardia Civil. Sus padres tienen otras tres pero, advirtió la defensa en su empeño por desvirtuar el informe policial, «una reseña puede ser una identificación, no la atribución de un delito y estas personas nunca hasta ahora han sido encausadas».

Para la Fiscalía, los indicios de blanqueo son claros. «Hay cerca de 60.000 euros sobre los que no hay explicación para atribuirlos a una conducta lícita y en Hacienda no constan declarados. Pienso que de manera legal es difícil que hubieran hecho frente a esa cantidad de dinero porque no consta en ningún registro y por los antecedentes y delitos de Rivera cabe inferir el origen en un hecho delictivo», ha concluido la autora del informe.