La operación en Tudela es la décima acción contra el terrorismo yihadista en Castilla y León

Así, en la comunidad se han registrado dos operaciones en la provincia de León (Mansilla de las Mulas y Santa Marina del Rey), una en Ávila (Cebreros), otra en Valladolid capital y cinco en Segovia (con tres detenciones en la capital, dos en El Espinar, una en La Granja de San Ildefonso y otra en Los Ángeles de San Rafael).

Segovia es la provincia de Castilla y León donde más golpes se han asestado contra el terrorismo yihadista. En Zamora, Palencia, Salamanca, Soria y Burgos no se ha detectado este tipo de actividad delictiva en los últimos diez años. Sin embargo, en Burgos sí que hubo seis detenidos (cinco hombres y una mujer) en octubre de 2007. Presuntamente usaban como tapadera una carnicería de Burgos para enviar dinero a yihadistas presos en Marruecos.

13 de marzo de 2015. En Cebreros (Ávila) vivía el presunto líder de una «célula local» vinculada al Estado Islámico (Daesh), que se encargaba de elaborar y editar material audiovisual en apoyo al salafismo yihadista. Quería difundir «el terror informativo»en Internet, según explicaron fuentes policiales. El detenido llegó a colgar en una web un vídeo donde grababa a su hijo, de apenas dos años, respondiendo a varias preguntas del padre. Entre otras, el pequeño contestaba que de mayor quería «ser yihadista». Además, el niño lanzaba besos a una foto de líderes del Daesh que su padre le enseñaba en la pantalla del ordenador. Entre el material incautado, había un texto con amenazas al Rey y a su familia. En esta operación con epicentro en Ávila hubo también detenidos en Barcelona, Gerona y Ciudad Real.

23 de noviembre de 2015. Un hombre marroquí de 42 años, A. Chiakhi, es detenido mientras cumplía condena por violencia de género en la cárcel de Segovia. Según los investigadores, intentaba captar a otros internos de prisión para que se unieran al Estado Islámico y crear así una célula cuyo objetivo era «sembrar de bombas los metros de Madrid y Barcelona». Los agentes llegaron a él porque, en septiembre de ese mismo año, había mandado cartas amenazantes al PP contra Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, después de autoproclamarse imán de un grupo yihadista. Chiakhi, un hombre «totalmente radicalizado» (según el Ministerio del Interior), quería reclutar para convertirlos en yihadistas a jóvenes presos desarraigados, mayoritariamente musulmanes, a punto de cumplir condena por delitos ajenos al yihadismo y habitualmente relacionados con el menudeo de drogas.

13 de diciembre de 2016. Una operación contra el terrorismo en Segovia se cerró de madrugada en la calle de la Plata con la detención de Daniel Fernández Aceña, de 57 años, un antiguo sicario de los GAL (que había sido condenado en 1985 a 29 años de prisión por el asesinato en Hendaya de un ferroviario francés). Este pasado y sus «problemas psiquiátricos» lo convertían en un «peligro andante». La investigación, que certificó sus reiteradas consultas en Internet sobre contenidos salafistas (con vídeos de ejecuciones y atentados), concluyó que preparaba una matanza de turistas en Segovia. Su objetivo era inmolarse dentro de un autobús cerca del acueducto. Durante el juicio en la Audiencia Nacional, el exsicario de los GAL aseguró que consultaba esos vídeos «por curiosidad». Recibió una condena de cuatro años de prisión por un delito de autocapacitación o autoformación terrorista yihadista.

26 de septiembre de 2016. La Policía Nacional detuvo en el barrio de Delicias a un ciudadano marroquí que, según el Ministerio de Interior, radicalizó sus creencias a través de Internet «accediendo a los contenidos propagandísticos e ideológicos que la organización terrorista [Daesh] difunde a través de su potente aparato de publicidad y comunicación». El hombre, de unos 32 años, había alquilado recientemente un piso en el número 35 de la calle Arca Real, bajo el nombre de Ali Afarkhane. Los agentes también registraron otro piso, en San José de Calasanz, 15, que había compartido antes con otros cuatro compatriotas que trabajaban en la recogida de la patata.

La investigación sobre el sospechoso, que había trabajado en una explotación agropecuaria en Amayuelas de Abajo (Palencia), descubrió que había viajado a Turquía con la intención de pasar desde allí a Siria e iniciar su instrucción como integrante activo del Daesh, con el objetivo de regresar luego a Europa y atentar. «El final de su viaje se produjo en la frontera turco-siria, donde la Policía turca lo detuvo», informaba el Ministerio del Interior. Una vez libre, regresó a España junto a otra persona, Kamal T. (a la que conocía por proceder del mismo pueblo de Marruecos) que fue detenida, el mismo día, en Murcia. La investigación calificó a Ali como un sujeto peligrosos, «una bomba de relojería que estaba a punto de explosionar». El juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, decretó su procesamiento por delitos de intento de integración en grupo terrorista y autoadoctrinamiento (con vídeos y propaganda a través de Internet).

22 de abril de 2017. La Guardia Civil detuvo en un hostal de El Espinar a Haken Mohktar Abdallah, ciudadano egipcio de 32 años. Tenía orden internacional de detención por posible pertenencia a una organización terrorista vinculada con una célula desarticulada en Hamburgo (Alemania) en 2002. Esa célula estaba encabezada por Mohamed Atta, uno de los terroristas implicados en los atentados de las Torres Gemelas. La investigación destapó una trama (a través de una empresa de material informático de El Espinar) para financiar este grupo terrorista en Alemania. Su modo de operar era a través del comercio de material informático reciclado, que vendían (sin dejar registro) para obtener fondos que enviar a Alemania y que servían también para «compensar económicamente a las familias de aquellos individuos que, una vez captados, se enrolaban como combatientes en las filas de esos grupos terroristas». Los agentes detuvieron 72 horas después a un ciudadano marroquí de 49 años y a otro de nacionalidad español, de 41, en El Espinar y Los Ángeles de San Rafael, pero finalmente el juez los dejó en libertad provisional (con medidas cautelares).

5 de febrero de 2019. La operación Kafig permitió a la Policía Nacional desarticular una célula yihadista que operaba en los centros penitenciarios de Madrid III (en Valdemoro) y Mansilla de las Mulas (León), con la detención de siete personas, entre ellas cinco reclusos de origen marroquí (condenados por tráfico de drogas) que se habían radicalizado en prisión. Uno de ellos, el cabecilla, al que llamaban «jefe», preso en Valdemoro, ofrecía dinero al resto para que, una vez obtenida la libertad, atentaran. Uno de esos presos (un marroquí de 25 años y con condena hasta 2025) se encontraba en el momento de su detención en la prisión de Mansilla de las Mulas. Además, se detuvo a un funcionario de prisiones que pasaba de forma ilegal dispositivos móviles (como 'pendrives') con material yihadista a cambio de dinero.

Los registros del Ministerio del Interior no ofrecen más datos sobre el detenido en Santa Marina del Rey y otro de los arrestados en Segovia.