Once colegios plantean expedir certificados para que los padres accedan a la ZBE

Una de las instituciones que presentó alegaciones fue Escuelas Católicas de Valladolid, entidad que acoge a 42 centros educativos de la provincia, once de los cuales se encuentran en el interior de la zona de bajas emisiones. Francisco Otero, presidente de la delegación provincial de Escuelas Católicas Castilla y León, confía en que sus demandas sean escuchadas. «Legislamos ideológicamente, sin tener en cuenta a los ciudadanos. Por encima de las ideas están las personas, siempre y cuando se tenga en cuenta que tenemos que hacer un mundo más sostenible. Nosotros no negamos eso, pero empezar la casa por el tejado, siendo más exigentes que en otros sitios, es un riesgo», sentencia Otero.

Para evitar el malestar generado entre las familias de los alumnos de estos once colegios, más de 6.000 que acuden cada día a las aulas, Escuelas Católicas Valladolid cree necesario realizar excepciones en los horarios de entrada y salida de los alumnos. Por eso, el escrito presentado por estos centros escolares contempla permitir la entrada a la zona de bajas emisiones a los vehículos de las familias que vayan a dejar o recoger a sus hijos en los centros ubicados dentro del perímetro. Para justificar esta excepción, se ha planteado que los padres cuenten un certificado de la dirección del centro donde se reflejen los datos de los progenitores, del alumno, del curso donde está escolarizado, así como de las horas de entrada y salida del centro y del vehículo utilizado. «Nos preocupa especialmente la situación en la que pueden quedar los padres de nuestros alumnos más pequeños, los de Infantil y Primaria, porque no pueden ir solos al colegio», concluye el presidente de la delegación provincial de Escuelas Católicas.

Uno de los once colegios englobados dentro de Escuelas Católicas que está dentro del perímetro de la zona de bajas emisiones es el de las Teresianas y el presidente del AMPA, José Ignacio Hernández, asegura que la preocupación entre los padres es notable, ya que muchos residen lejos del centro y solo pueden llevar a sus hijos al colegio en coche. El propio presidente del AMPA es uno de los padres que se encuentra con este problema, ya que tiene un coche que carece de etiqueta y reside en un pueblo de las afueras. «Igual que muchos padres, elegí que mis hijas estudiaran aquí por la proximidad a mi centro de trabajo. Si al final no se nos incluye dentro de las exenciones, somos muchos los padres que vamos a tener un problema importante», asegura Hernández.

Otra de las instituciones que presentó alegaciones es la CEOE y Ángela de Miguel, la presidenta de la patronal en Valladolid, confía en que sus propuestas sean escuchadas. «Esperamos que se tengan en cuenta nuestras alegaciones, que van muy encaminadas a minimizar el posible impacto económico negativo que puede tener la implantación de la zona de bajas emisiones, que es la parte que nosotros tenemos la obligación de defender», indica.

Uno de los aspectos que más controversia genera es el del perímetro que delimitará el espacio restringido. En la primera propuesta de junio de 2021 la superficie era de 1,4 kilómetros cuadrados, pero la propuesta definitiva acabó, en febrero de 2022, en 3,1 kilómetros cuadrados. La CEOE presentó un escrito de doce folios en el que, entre otros aspectos solicitó al Ayuntamiento la rebaja de la superficie definitiva. «Debería excluirse todo el tramo que comprende el río, la zona de talleres Renfe, así como el Campo Grande, por ser zonas en las que no hay tráfico rodado con lo que las emisiones quedan muy reducidas. Además, de mantenerse, supondría una dificultad adicional a los accesos a la estación de tren y a la estación de autobuses, que carece de aparcamiento», explica la patronal en sus alegaciones con unas palabras que su presidenta espera que logren el efecto que persiguen. «Queremos que se valore bien si es necesario que la zona cuente con los límites establecidos», recalca.

El hecho de que se hayan cumplido casi dos meses y no haya noticias sobre las alegaciones solo responde al gran número de escritos que se tienen que revisar, según la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez. «Los técnicos las están estudiando. Hay un volumen importante y lo están haciendo con el mayor rigor técnico. Cuando las tengamos estudiadas, nos reuniremos tanto con la CEOE como con los representantes de Escuelas Católicas», explica la concejala, quien huye de hablar de plazos a la hora de señalar cuándo se conocerá la resolución de las alegaciones para recalcar después que los tiempos que se están manejando en este asunto nada tienen que ver con las elecciones. «No creo que esto suponga un problema. Lo que no vamos a hacer es dejar de tener rigor técnico a la hora de estudiar las alegaciones porque haya elecciones municipales», añadió.