Valladolid

Los okupas de La Circular se niegan a abandonar el edificio sin una vivienda alternativa

Un furgón de la Policía Municipal con cuatro agentes continuaba esta miércoles con las labores de vigilancia del edificio. Relevaban a otros compañeros que habían estado controlando el acceso durante la noche, después de que el martes el concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado (Vox), ordenara que una patrulla permaneciera en la misma calle para evitar la llegada de nuevos okupas al bloque, que alberga unas ocho viviendas.

No hay denuncia ni la consiguiente orden judicial, por lo que únicamente se había previsto la posibilidad de que, tras el desalojo voluntario, se procediera a clausurar el edificio mediante un tapiado igual que el que se llevó a cabo en el inmueble en ruinas de calle Olmedo. Algo que finalmente no se ha producido ante la negativa de la familia a abandonar el inmueble hasta que tengan una solución habitacional alternativa. A cambio, se han comprometido a no dejar que nadie más entre al edificio: «Aquí no va a entrar nadie, somos gitanos y nos tienen que respetar», explicaba uno de ellos ante el dispositivo policial.

Aseguran que han entrado con la intención de quedarse allí, al no tener donde ir tras años rotando por varias casas de familiares en Cigales y Delicias, después de que los desahuciaran de un piso de su propiedad en La Rondilla. Algo que atestiguan las pertenencias que han ido introduciendo en los últimos días a la primera planta del bloque. A través de la ventana se puede observar un armario atestado de ropa, un póster y un colchón de reciente aparición.

«Lo desinfectamos, lo limpiamos bien, la primera planta está habitable», defienden, a la par que apuntan ser conscientes del mal estado del edificio. La puerta abierta en la planta baja deja ver un patio lleno de maleza y las paredes caídas a cachos. Fuentes policiales aseguran que el suelo de la tercer piso está totalmente «abovedado» y a última hora de la mañana los Bomberos del Ayuntamiento han visitado el inmueble ante el mal estado de la cubierta, pendiente de una reforma desde hace cuatro años.

La siguiente visita prevista, según les han explicado, es la de un arquitecto del Ayuntamiento, que será quien determine mediante un informe si existe riesgo de derrumbe, lo que les obligaría a abandonar el bloque. Ante esta situación, la familia se ha mostrado dispuesta a negociar una salida si les ofrecen una alternativa habitacional, de la que por el momento desconfían. «Si ellos tardan 3, 4 o 5 días nos tenemos que quedar aquí», cuentan, a la par, que detallan que no piden «lujos», sino «una vivienda para vivir tranquilamente» por la que estarían dispuestos a pagar «300 o 500 euros».

Por el momento se niegan a acudir a un albergue, que sería la solución más inmediata. Tras abandonar las trabajadoras sociales el inmueble, en lo que ha resultado ser una primera toma de contacto, han explicado que la alternativa que les han ofrecido es un ayuda económica para pagar la entrada a un alquiler, que tendrían que conseguir por si mismos en el mercado libre.

Algo que no ven factible a corto plazo, dado que ninguno de ellos tiene un contrato laboral. Se dedican, explican, a hacer trabajos esporádicos de «mecánica y chatarrería» y el único ingreso estable es una «pensión por excarcelación» de unos 400 euros del patriarca. Nos han dicho que busquemos a alguien que nos avale», detallan, algo que no creen probable por las malas relaciones familiares.

El concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto (PP), que aún no ha confirmado los detalles de la reunión mantenida esta mañana, adelantaba antes de la vista de las trabajadoras que su concejalía no se dedica «a desahuciar a nadie» y que tratarán de ofrecerles algunos de los recursos de los que disponen del Ayuntamiento, bien sea «un albergue, una vivienda social, una alojamiento provisional o una ayuda al alquiler». Si bien advierte que lo primero es estudiar la situación de la familia y ver qué recursos tienen, porque «no se puede otorgar una vivienda social porque sí».

El bloque, propiedad de la Sareb y con un expediente abierto en el Ayuntamiento desde 2020, que requirió a la titular la ejecución de unos trabajos para asegurar la cubierta después de que se produjera un desprendimiento de cascotes, ha sido ocupado al menos dos veces en lo que va de año. Los vecinos de la zona aseguran que en primavera hubo otra persona residiendo en el edificio, que siempre ha tenido un cierto trasiego, pero que finalmente abandonó el bloque tras la visita de la Policía Municipal, que quedó clausurado con un candado y una cadena.