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La odisea de dos padres por la educación inclusiva de su hija de trece añosSergio Carreño y Henar Martín miran en el teléfono móvil una foto de sus dos hijas. Mellizas, de trece años, en la imagen una de ... ellas da un beso a su hermana, quien sonríe. La sonrisa es de Elisa, una niña con Trastorno del Espectro Autista. Desde hace tres años estudia en el colegio público San Fernando. «Es el mejor sitio en el que ha estado. Está encantada, se siente querida y cuidada», asegura su madre. Poder decirlo ha costado. Detrás queda la experiencia en otros cinco centros educativos de Valladolid hasta que han encontrado uno donde su hija quiere estar y se siente integrada. «Ha logrado adaptarse y ha evolucionado positivamente gracias a la profesionalidad, humanidad y cariño del personal del centro», destacan sus padres. Allí cursa ahora sexto de Educación Primaria, dentro de un aula CLAS (comunicación, lenguaje, autonomía y socialización), clases inclusivas en colegios públicos, con un máximo de cinco alumnos con necesidades especiales. «Conseguir plaza no fue nada fácil, tuvimos mucha suerte».
Elisa cumplirá pronto catorce años y cuando termine este curso pasará de ciclo para empezar en Secundaria. Es aquí donde aparece su problema. Los padres piden para su hija una repetición extraordinaria, hasta que cumpla los 16 años, cuando finaliza la educación obligatoria. «Nos instan a que la matriculemos en un colegio especial, pero ya ha estado en dos y siempre lo ha rechazado. Ella necesita un espacio súper tranquilo y cuando ha estado en un centro especial ha salido de los nervios, no avanzaba y estaba fatal. Ahora está muy a gusto y también se beneficia de que tiene ciertas horas de clase ordinaria que le corresponde por curso».
Aseguran los padres que han pedido esta repetición excepcional a Inspección Educativa, y que su petición se ha rechazado verbalmente. «Argumentan cambios en normativos en 2022 -con la nueva Ley educativa, la LOMLOE-, que impulsa más que los alumnos no repitan. Pero también creemos que hay excepciones que permiten ser flexibles en este aspecto», defienden los padres.
En el escrito dirigido a la inspección educativa los padres apuntan a que su hija ha conseguido importantes logros desde las «vertientes comunicativas, de emisión de gestos y sonidos (con palabras completas), de escritura ordinaria y de signos». Aspectos relevantes para ellos, pues Elisa «no tiene lenguaje verbal o de signos». Por el momento aseguran no haber recibido respuesta por parte de inspección. Y en las últimas semanas también han remitido una queja al Procurador del Común, que ya ha sido admitida a trámite. Los padres confían en contar con una resolución favorable por parte del Defensor autonómico. De hecho, desde el despacho que dirige Tomás Quintana se han realizado en las últimas semanas algunas resoluciones favorables también referentes a alumnos dependientes.
Los padres también critican la acción de una de las inspectoras, a quien achacan una «incomprensible animadversión a esta familia». Todo, aseguran, desde unos supuestos malos tratos en un centro educativo que los padres denunciaron, denuncia que se terminó archivando al no determinar la causa ni quién había sido la supuesta persona responsable. «Esto genero un profundo trauma psicológico en Elisa y la dejó sin plaza escolar en un aula CLAS durante dos años. Tuvimos que llevarla a clases privadas y en mayo, con el curso casi terminado, nos pusieron una profesora, pero en verano otra vez sin colegio. La niña iba por todas las puertas de los colegios llamando, a mí se me caían las lágrimas», relata su madre. Y añade el padre. «Esta misma inspectora fue quien sacó a Elisa de un centro especial por otro problema, y ahora quieren que entre otra vez, cuando conoce de sobra la situación».
Después de esos dos años fue cuando encontraron sitio en el San Fernando, donde la niña permanece escolarizada desde hace tres años. «Con la experiencia que había tenido se pasó dos o tres meses llorando en la puerta, pero se terminó por adaptar». Frente a la posibilidad de que Elisa termine matriculada en un centro de educación especial, los padres apuntan, «con el máximo respeto», a tres motivos por los que no quieren que su hija acuda a un colegio de estas características. El primero es el propio rechazo de la pequeña, que ya rehusó estar en un centro especial en dos ocasiones, «generando un severo trauma que le impidió dormir una sola hora en aproximadamente cuatro meses»; que la mayoría de los compañeros serían niños y jóvenes de hasta 21 años, «donde entendemos que Elisa estaría totalmente desvalida al carecer de lenguaje»; y su evolución en el colegio actual, donde los profesionales tratan a la niña con «profesionalidad y cariño, con mejores recursos que los que pudiera tener en cualquier otro centro».
Por el momento, los padres permanecen a la espera de esa respuesta al escrito que mandaron a inspección y de la resolución del procurador, mientras que el plazo de matriculación se acerca. «Tenemos que moverlo todo ahora para que su plaza no quede cubierta, porque si se adjudica a otro niño luego va a ser todo muy complicado», apuntan los padres. Y advierten de que para conseguirlo agotarán todas las vías disponibles, ya sean administrativas, asociativas, institucionales y judiciales. «Para nosotros, escolarizar a la niña ha sido un calvario. Solo buscamos su bienestar, es una cuestión de humanidad», zanjan los padres.
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