Nuevo intento de okupación en el residencial de chalés de Villa Paulita

Desde entonces el número 8 de la calle Montes Torozos tiene inquilinos en su interior y el miedo que compartían los vecinos era el del efecto llamada, un miedo que este lunes se ha materializado en el intento de okupación de otro de los chalés deshabitados, en esta ocasión en el número 2, el que linda con la calle Ancares.

Los okupas han logrado acceder al interior al romper parte de una de las planchas de madera que cubren todas las puertas y ventanas de la vivienda. En concreto, la de la parte posterior, aunque no se ha consumado la okupación. «La Policía dio aviso de lo sucedido el lunes al personal del servicio de Mantenimiento, que esta misma mañana ha acudido para reforzar la entrada que había sido forzada», señala el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, Manuel Saravia.

El edil explica que este intento no se corresponde con una okupación para habitar la vivienda. «Se trata de algo más testimonial, como hacen a veces en algunos edificios municipales de la zona sur. Entran, están unas horas y no vuelven más, lo hacen sin tomar posesión del sitio. Estamos muy pendientes», aclara Saravia.

Tras reforzar con planchas metálicas las parte posterior del inmueble que habían intentado okupar, «nos aseguramos de que no haya más accesos en esa vivienda», señala el concejal, quien comprende el malestar de los vecinos, pero asegura que «el Ayuntamiento no se ha quedado de brazos cruzados» desde que tuvieron conocimiento de lo sucedido en el chalé que lleva dos meses okupado.

Pese a que el sentir general de los vecinos de la calle Montes Torozos es el de «impotencia por cómo funciona la ley en estos casos» y el del «temor a que en vista de lo sucedido esta semana puedan venir más», agradecen la presencia policial diaria porque se sienten «más seguros».

Se trata de una zona tranquila de paseo como el que se daba este miércoles, María del Carmen García, una vecina que asegura que ha puesto ya tres quejas al Ayuntamiento de Valladolid por la presencia de los okupas. «Me dicen que el proceso jurídico está en marcha, pero a mí que no me digan que el primer día no pudieron echarles cuando tuvieron oportunidad. Habría que cambiar la ley», dice la mujer.

Se refiere a lo sucedido el día 12 de marzo, cuando se percataron de la presencia de los okupas, ya que fue uno de los vecinos de esa calle el que alertó a la Policía, aunque como la okupación se había producido días antes (el día 10) y ya tenían enseres en su interior no pudieron desalojarlos de inmediato. «Al tratarse de una propiedad municipal está considerado como usurpación, por lo que los plazos se dilatan más que si fuera una vivienda de un particular, entonces el desalojo sería inmediato», aclara Saravia.

Seis personas entraron el pasado 10 de marzo en el número 8 de Villa Paulita, aunque la Policía Local se puso en marcha de inmediato para elaborar el atestado en el que se informaba de los hechos, «los plazos en estos casos son los que son, no dependen de nosotros», puntualiza Saravia.

Los jóvenes, que habían fracturado la puerta de acceso y habían realizado «una precaria conexión ilegal al suministro de electricidad», fueron identificados por los agentes y debidamente informados de que tenían que abandonar el inmueble. Aunque en el vecindario coinciden en que los okupas apenas hacen ruido y no se dejan ver, este hecho generó desde el principio rechazo y temor por el posible efecto llamada.

Diez días más tarde, el 20 de marzo se inició el expediente de recuperación del dominio por parte del Ayuntamiento y se requirió a los ocupantes que procediesen al desalojo voluntario del inmueble en el plazo de 10 días hábiles. Conforme a la ley, se les dio un plazo de 10 días para que pudiesen consultar el expediente, formular alegaciones o presentar documentos y justificaciones en defensa de sus intereses, aunque no presentaron documento alguno y se instó a la Policía a notificar el deber de abandonar la vivienda a los okupas identificados anteriormente.

Ese expediente se completó el pasado 21 de abril con el Informe del Servicio de Intervención Social, que estimó que «se trata de personas adultas, no hay menores ni existe situación de vulnerabilidad», explica Saravia. Un mes más tarde, el 23 de mayo, y con un Informe jurídico favorable se formaliza la propuesta de desahucio del inmueble, por lo que el pasado jueves 25 de mayo, se da un plazo de ocho días para un desalojo voluntario.

«Transcurridos esos días se procederá a su lanzamiento en el plazo de otros cinco y se instará entonces a la autorización judicial para la entrada al domicilio», determina el concejal de Planeamiento Urbanístico y Vivienda. Si todo marcha según lo previsto, en el mes de junio finalizaría un episodio que ha trastocado la tranquilidad diaria en esta zona residencial de Parque Alameda, donde lanzan dos peticiones que consideran de importancia para el barrio.

«Tienen que vallar tanto esta vivienda como las otras tres, porque puedes acceder a pie de calle y no hay nada que lo impida», dice García, quien coincide también con el resto de vecinos en la importancia de «que el Ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento de los jardines para evitar un peligro de incendio con todas estas hierbas altas y secas y toda esta maleza que puede arder en cualquier momento», finaliza.