Una nueva normativa obligará a hacer cambios en 6.000 ascensores de Valladolid

La reglamentación que lo determina es la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores», que «regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección» de ese tipo de maquinaria, «así como el incremento de la seguridad del parque» actual. Aunque fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado 2 de abril vía real decreto y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 13 de ese mismo mes, no comenzará a aplicarse hasta el 1 de julio de 2024.

El espíritu que inspira la ITC AEM 1 es el de incorporar los avances tecnológicos que se han ido produciendo en los últimos años a la totalidad de los elevadores y en particular a los más añejos, que son los que necesitarán cambios de mayor calado. En relación a esto, el Ministerio de Industria y Turismo calcula que de los 1,13 millones de que están en funcionamiento en nuestro país alrededor de 400.000 tienen más de tres décadas de antigüedad.

El presidente de la Asociación de Ascensoristas de Castilla y León (Acyleas), Jesús Marino, aclara que eso no significa que haya que reemplazarlos. «Afectados por las normas a mayores que hay que aplicar habrá un 40%-45% de los ascensores, y lo que hay que hacer para cumplirlas tampoco es tan crítico como para cambiar el ascensor entero a no ser que tenga ya 50 años y haya que cambiarlo pero porque es muy viejo, no por esto», explica. En el 55% restante de los casos las modificaciones serán menores o incluso innecesarias, si se trata de instalaciones modernas.

Las principales novedades que incluye la instrucción de Industria son siete, la mayoría de carácter muy técnico. En concreto, será preciso mejorar la nivelación; que la detección del usuario en puertas con cortinillas no solo sea por una sola 'fotocélula' o haz de luz puntual, para evitar golpes y atrapamientos; más protección frente a los movimientos incontrolados de la cabina; que en su interior exista una línea de comunicación 24 horas que permita pedir auxilio en caso de no poder salir; la sustitución de determinados tipos de guías; la incorporación de dispositivos de control de carga, cuando sea viable y no implique poner otro cuadro de maniobra, y la modernización del contrapeso para que las pesas no se salgan de la guía.

El presidente de Acyleas prefiere no aventurar cuál será el coste medio de las adaptaciones para intensificar la seguridad, puesto que «será necesario realizar un estudio en cada caso particular». El ministerio que dirige Jordi Hereu, por su parte, indica que el importe de las mejoras que se llevarán a cabo en España será de 708 millones de euros distribuidos en siete años, que es el plazo que se da para que estén completadas.

Esto último es así porque la ITC AEM 1 no tiene un efecto inmediato sobre el conjunto de los ascensores a la vez, sino que les irá afectando de forma gradual. En aquellos que tengan en regla la inspección periódica no habrá que hacer nada de momento, sino que será en la siguiente cuando se analice si cumplen con las exigencias de la nueva norma. Cabe recordar que como mínimo es obligatorio que la pasen cada dos años los elevadores de los edificios industriales o de pública concurrencia; cada cuatro años los de los inmuebles residenciales de más de 20 viviendas o más de cuatro plantas, y cada seis años el resto.

De llevar a cabo las revisiones periódicas se encargan organismos de control acreditados para este fin, pero son las compañías que llevan el mantenimiento habitual las que avisan a los titulares de cuándo tienen que realizarlas. Hasta ahora «si no la ejecutaban dentro del plazo las empresas mantenedoras empezábamos a presionar, pero digamos que no había una actuación por parte de la Administración al respecto», señala Jesús Marino. «Sin embargo ahora la ITC deja muy claro que si llega la fecha en la que corresponde hacer la inspección y no se ha contratado o no se ha efectuado los mantenedores estamos obligados a paralizar el ascensor», alerta el máximo responsable de Acyleas, que añade que «este es el punto clave: aunque en realidad no cambia la filosofía de lo que había antes, sí cambia cómo vamos a trabajar».

En la misma línea se expresa Luis Fernández, director de Calidad de Ascensores Zener, que incide en que ya no se va a permitir que haya elevadores funcionando con la inspección periódica caducada y «ese incremento de seguridad va a ser algo beneficioso para todos». Fernández considera que la regulación conlleva, asimismo, «una carga administrativa importante» para las compañías del sector, porque «se ha unificado el mantenimiento». «Realizaremos el chequeo de una serie de puntos conforme a una norma y entregaremos un boletín cada mes al titular. Será algo parecido a la ITV del vehículo, donde nos dicen lo que han revisado», ejemplifica.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta recuerda, al hilo de esto, que «en Castilla y León ya existe la obligación de que los organismos de control presenten a través del aplicativo informático PITI las actas de inspección de los ascensores», lo que «permite tener en tiempo real» la información sobre las revisiones realizadas. No obstante y «para dar cumplimiento al nuevo reglamento, se van a establecer nuevos parámetros en la aplicación PITI, en lo referente a las nuevas frecuencias de inspección y a la nueva defectología».

Además de esto, el departamento que tiene al frente a Mariano Veganzones llevará a cabo «campañas específicas de inspección a los organismos de control, para comprobar que cumplen adecuadamente sus obligaciones, que tendrán que estar contenidas en el Plan de Inspecciones de Seguridad Industrial para el año 2025 y siguientes».

¿Y qué ocurre con las comunidades de propietarios? ¿Están pidiendo asesoramiento al respecto? Ana Serrano, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Valladolid, responde que «de momento no nos lo están pidiendo porque la gente no lo conoce, existe mucho desconocimiento». De ahí que, en previsión de que las consultas se eleven a partir del 1 de julio, la institución haya organizado una jornada divulgativa a finales de este mes para sus asociados.

En la misma línea, la Dirección General de Industria de la Junta tiene previsto «dar difusión y formación sobre la nueva normativa a los distintos agentes que intervienen en estos procesos», es decir, empresas conservadoras, organismos de control, funcionarios que deben aplicarla y, precisamente, «comunidades de vecinos y administradores de fincas, para que conozcan sus obligaciones respecto a las nuevas medidas de seguridad». En esa tarea contará con la colaboración de Acyleas, según afirma Marino, quien resalta que «estamos teniendo mucho apoyo por parte de la Junta de Castilla y León».

La instrucción técnica que entra en vigor el 1 de julio es complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de 1985, que está a punto de cumplir 40 años. Para su elaboración se ha consultado a las comunidades autónomas, así como a aquellas entidades relacionadas con el sector más representativas, entre las que figura la Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda).