La Mesa del Soterramiento de Valladolid se reunirá a mediados de enero

Según informa el Consistorio, este fue uno de los acuerdos en la reunión que mantuvo este lunes el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, con representantes de esta plataforma ciudadana, en la que también estuvieron los concejales de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, y de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado.

Otro de los acuerdos ha sido «insistir» ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la petición de una reunión presencial de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, ya solicitada por el alcalde. Por último, se expresó «la intención» de reclamar a la propia Sociedad el conocimiento del estado actual de los proyectos y trabajos de integración en la ciudad, así como el estado de las obras de soterramiento en otras ciudades españolas.

El Ayuntamiento de Valladolid quiere que la Sociedad retrase el pago de 11 millones previstas de su aportación al proyecto de integración en 2024, con el objetivo de atender con es apartida nueve acciones en la ciudad, como explicó el alcalde la pasada semana. La Mesa del Soterramiento, constituida el pasado 14 de julio, tiene el respaldo de 15 entidades de carácter económico y social, si bien está abierta a las incorporaciones que se consideren precisas en este proyecto de ciudad.

Por su parte, la Plataforma explicó en nota de prensa que no entienden que aún no se haya reunido la Sociedad Valladolid Alta Velocidad desde las últimas elecciones municipales para conocer y analizar la nueva posición de algunos de sus socios con respecto al proyecto de integración y del soterramiento. Además, quiere la Plataforma que se detalle «claramente» la situación económica de la sociedad y la situación de las obras de integración en superficie y, por último, conocer los mecanismos para modificar el convenio de 2017 «tan perjudicial para los intereses de la Valladolid».

Los miembros de la Plataforma también informan de que seguirán con las concentraciones hasta que las administraciones públicas modifiquen el convenio de 2017 para acabar con el Proyecto de Integración Ferroviaria basado en la construcción de túneles que no resuelve, en su opinión, «la marginación de los 90.000 vecinos que viven al otro lado de las vías del tren».