Los mediadores advierten de que «quieren trasladar el Serla para acabar con el servicio»

Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta ahora mismo la fundación es el impago del alquiler de la sede, una situación que se arrastra desde diciembre y que no cambiará tras el visto bueno del presupuesto de 400.000 euros que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo aprobó este jueves. Una cantidad que aseguraba el consejero, Mariano Veganzones, «se adecúan a las necesiades reales». Según el documento de aprobación de la subvención directa, este dinero no se podrá destinar al arrendamiento de las oficinas actuales del Serla, sobre la que ronda un posible desahucio por impago de alquiler. «En marzo tampoco se ha pagado, ya que se debe abonar durante los primeros cinco días del mes y no se ha hecho. La propietaria del local ya ha avisado de que tomará acciones legales para echar al Serla. Pero si este presupuesto está condicionado a no pagar el alquiler pues vendrá un desahucio, porque no podemos hacer nada», asevera el secretario de Acción Sindical de CC OO, Fernando Fraile. Cabe destacar que tampoco se atienden los gastos de pagos a proveedores, de luz ni de telefonía.

La solución que da la Junta de Castilla y León es que el servicio traslade su sede a la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid, motivo por el que, según explica el propio Ejecutivo en el documento de aprobación del presupuesto, «no se permitirán gastos de arrendamiento». Es decir, no permiten pagar el alquiler porque ya han ofrecido una alternativa. Según apunta Fraile, el nuevo espacio se reduce a dos salas mientras que en el actual puede llegar a haber hasta cinco ocupadas al mismo tiempo. «Como mínimo se utilizan tres al día. Está claro que quieren pasar allí el Serla para que no funcione y así tener una excusa para cerrarlo y acabar con ello», afirma. «La relación con la Junta ha cambiado, pero eso no exime a quien gobierna, porque son cómplices de la situación, son los que están permitiendo esto, vía la Consejería. Pero no deja de ser el Gobierno quien lo permite. Es en todo. Esa sensación de asfixia, de querer acabar con el diálogo social y de lo que públicamente se vanaglorian, de acabar con los chiringuitos, algo que se dice con discursos grandilocuentes pero con poco contenido», asevera Alonso.

La mayoría de los procesos que permanecen parados en el Serla corresponden con reclamaciones individuales, donde se encuentran casos como despidos o reclamaciones en las remuneraciones de los propios despidos. «Los conflictos colectivos se están celebrando y los trabajadores del servicio los llevan sin cobrar -se acumulan retrasos desde enero en el pago de las nóminas- pero los individuales no se están haciendo», apunta Alonso. Esto significa que los nuevos afectados que entran por la puerta del servicio se encuentran con una única solución: expedir certificados de la no celebración de la mediación e ir al juzgado. «La mediación es obligatoria para ir a juicio. Pero no se pueden hacer porque no hay posibilidad de hacer las comunicaciones a las partes por correo, ya que tampoco se atienden estos pagos», recuerda Alonso.

El año pasado 150.000 trabajadores se vieron afectados por las negociaciones colectivas que se retrasaron en 2023. «Si todo este problema escala puede significar que incluso cosas tan básicas como la convocatoria de una huelga no se puede cerrar porque no se puede llegar a un acuerdo. Esto también aumenta la conflictividad en la propia empresa, es otro agravante», añade el mediador de CC OO.

El Serla debe celebrar la conciliación en un plazo de 15 días como máximo, como paso previo para evitar que las partes vayan a juicio. Pero ahora, como no se están celebrando, el paso directo es el juzgado. «Esto hace que un trabajador no tenga posibilidad de llegar a un acuerdo con la empresa y hay un crecimiento exponencial del problema. Además, hay un exceso innecesario de interposición de demandas, lo que satura los tribunales. Los conflictos pueden tardar en resolverse hasta 18 meses», apunta uno de los miembros de los servicios jurídicos de CC OO.

Un problema que también afecta al bolsillo de los trabajadores, que deben preocuparse de buscar un abogado o que a veces incluso deciden no llegar a los tribunales porque son reclamaciones que en ocasiones apenas son de 300 euros, menos dinero que lo que costaría llegar a juicio. «Las empresas también se ven perjudicadas, que tampoco pueden llegar a acuerdos previos. Esto hace que muchas entidades empiecen a ver con recelo instalarse en la comunidad si ven los problemas que existen en la mediación», añade Fraile.

Ante la situación de asfixia y los «ataques» provenientes del consejero de Empleo, los sindicalistas explican que el Serla es un servicio «de todos». «El organismo no es exclusivo de nadie. Es de todos los trabajadores y de las empresas que lo utilizan como paso obligado de mediación. Cualquiera puede necesitar la mediación, no es de ningún particular», reitera el líder de Acción Sindical. «Está claro con lo que les mueve -a la Consejería- son razones ideológicas. El Serla es uno de los máximos exponentes de la autonomía de las partes. Juntar a los protagonistas del conflicto para que se pongan de acuerdo. Parece que es algo que les molesta. Los sindicatos les molestamos», añade.

El documento de aprobación del presupuesto del Serla también indica que se mantiene la exclusión de los gastos derivados de contratos de alta dirección, que «han supuesto hasta 76.000 euros». Según explican desde CC OO, el director del centro lleva sin cobrar desde julio de 2023. «Está sometido a un hostigamiento incomprensible. Es una vergüenza», reiteran. Para los trabajadores la situación actual tampoco es mucho mejor. Viven retrasos en sus nóminas desde diciembre, también con la paga extra de dicho mes. De momento, los seis trabajadores del centro -son siete contando al director- tampoco han ingresado su sueldo ni en enero ni en febrero. «Calculamos que el dinero se ingrese la próxima semana y a partir de ahí ya podrán cobrar porque es una gestión interna de la fundación. Una vez se paguen las deudas es cuando veremos que la aportación dineraria se ha reducido a la mínima expresión», asegura Alonso.

Esta situación también genera una situación de incertidumbre e indefensión en los propios empleados del Serla, que durante estas semanas han realizado su labor sin saber si percibirían la nómina a final de mes. «No es solo eso, es la presión que están sufriendo. Lo tratan con la mayor profesionalidad posible pero viven una situación de desgaste», asegura el mediador de CC OO. Según explican desde el sindicato, el presupuesto de gasto de este año asciende a los 860.000 euros, más del doble de la financiación otorgada de 400.000 euros. «Es pan para hoy, hambre para mañana y en unos meses volveremos a estar igual», apunta Fraile.