Explosión de gas en Valladolid

La «mayoría» de afectados de Goya tiene ya cubierto un año de alquiler gratuito

El resto de situaciones en las que por el momento no se tiene garantizado ese alquiler temporal por parte del seguro es porque «todavía no han hablado con ellos». «El paso principal, fundamental, que deben dar es hablar con las aseguradoras, porque los que todavía no tienen cubierto ese alquiler es porque no se han puesto en contacto con ellos», ha matizado Nieto.

Una vez transcurrido ese límite temporal de arrendamiento gratuito -un año después del siniestro-, el Ayuntamiento revisará «caso por caso individualizado todas las situaciones» de los dueños, en caso de que «no hayan podido regresar a sus viviendas». «Hay un compromiso de que, una vez pasado el límite temporal que tengan por parte de las aseguradoras, se analizará cada caso para garantizar que en ningún supuesto se queden sin la habitabilidad, que siempre tengan un recurso, ya sea con ayudas sociales, ayudas de emergencia al alquier o vivienda social», ha argumentado Nieto.

En estos momentos, son nueve las personas que están realojadas en el hotel facilitado por el Consistorio vallisoletano, si bien «una lo abandonará esta misma semana». Allí podrán permanecer el tiempo que sea necesario, «sin un límite definido», hasta que tengan una garantía de habitabilidad. Para ello, el Ayuntamiento ha suscrito un contrato de emergencia por 32.000 euros hasta el 4 de septiembre para costear los gastos derivados del establecimiento hotelero, si bien el responsable de Servicios Sociales ha insistido en que ese límite se debe a una cuestión legal, «no significa que sea un límite temporal para ellos». «No hay un límite determinado. Si a partir de entonces alguien siguiera necesitando dónde residir, el Ayuntamiento lo seguiría garantizando», ha continuado.

Asimismo, para aquellos que estaban como inquilinos en algún piso del número 32 de la calle Goya, se han puesto en marcha ayudas de alquiler de emergencia «para ayudarles a acceder durante los primeros meses al alquiler». En estas situaciones, el proceso «natural» que se ha seguido es el de rescindir el contrato y buscar otra casa en la que residir. Respecto a las viviendas sociales, Rodrigo Nieto ha incidido en el hecho de que el Consistorio «no puede suplantar el trabajo de las aseguradoras y las prestaciones que los afectados tienen contratadas». «No podemos prestar una vivienda social a aquellas personas que tienen garantizado el alquiler por parte de sus seguros», ha añadido el concejal.

En cuanto al estado del edificio, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha considerado que «pasar al interior va a ser lento» porque tanto Policía Científica como Judicial han requerido estar presenten en las zonas «sensibles» cuando se inicien los trabajos de desescombrar, en concreto en la zona donde cedió la cocina y el forjado donde fue hallada la vecina fallecida, Teresa Bergondo, de 53 años, que residía en el primero C.

Asimismo, se continúan realizando estudios para estabilizar los pilares afectados para poder entrar en el interior del inmueble y hacer un análisis estructural en profundidad de cara a tomar una decisión definitiva sobre su demolición o reconstrucción. «Los arquitectos son de absoluta confianza. Hay un experto estructuras de hormigón, de los mejores del país, por lo que estoy seguro de que estamos en buenas manos», ha subrayado Zarandona, quien también ha remarcado que el coste que está asumiendo el Ayuntamiento en estos momento es en relación al alojamiento provisional en el hotel que se está prestando a los afectados.

«No es el Ayuntamiento el que está actuando de oficio; el desescombro lo está realizando una empresa contratada por la propiedad. El gestor ha sido diligente porque desde el primer momento contrataron el servicio de los técnicos, que se pusieron manos a la obra para hacer un segundo informe basado en el primero que habían realizado los técnicos de la Concejalía», ha señalado Zarandona, al tiempo que ha precisado que el Consistorio «es el que controla las operaciones que se llevan a cabo con toda la prudencia y las exigencias de Policía Científica y Judicial, pero no el responsable de la intervención».