El macrojuicio de la Perla Negra ya tiene fecha: juzgará a 12 acusados durante 26 días

El juicio fue suspendido en marzo de 2022 por el tribunal en los momentos previos para evitar indefensión, al prosperar el argumento de los letrados de la defensa de que no les había llegado toda la documentación del proceso y la Audiencia ordenó al Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid que les trasladara «la totalidad de lo actuado», tanto en soporte de papel como digital.

El asunto llegará a juicio tras una larga e intrincada instrucción judicial que empezó en 2013. La causa compleja está contenida en miles de folios y 'acontecimientos' digitales, con los 12 acusados y sus correspondientes defensores, tres acusaciones (la Fiscalía, la Junta de Castilla y León y el PSOE), 90 testigos (entre ellos, el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera y la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo) y peritos. Más una abultada prueba documental plagada de tasaciones, contratos públicos, informes económicos y oficios de ida y vuelta a la Administración sobre los que preguntarán las partes antes de exponer sus conclusiones finales.

Se sentarán en el banquillo cinco cargos y excargos de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta y siete empresarios afines al Partido Popular, supuestamente beneficiados en los 'pelotazos' urbanísticos del edificio de la extinta Agencia de Desarrollo (ADE) en Arroyo de la Encomienda (hoy, edificio de Soluciones Empresariales) y las parcelas del parque empresarial fantasma de Portillo. Unas operaciones que habrían resultado ruinosas para las cuentas y supervivencia de la empresa pública Gesturcal, pérdidas que al final tuvieron que ser asumidas por la propia Junta, según subrayan las acusaciones.

Están acusados los exviceconsejeros de Economía Rafael Delgado Núñez y Begoña Hernández Muñoz; el exconsejero delegado de Gesturcal-Ade Parques, Juan Carlos Sacristán Gómez; el administrador de la promotora Urban Proyecta, Germán José Martín Giraldo; el director gerente de Gesturcal Salvador Molina Martín; el director financiero de esta sociedad, Francisco Armero Gutiérrez; Ángel Román Montes López, también de Urban Proyecta; Alberto Esgueva Gutiérrez, actual empresario y exdirector de la División de creación de empresas e internacionalización de servicios de ADE; su hermano Francisco, presidente del consejo de administración de Cementos La Bureba y fundador de Parque Empresarial Portillo con Luis Ángel Rodríguez Herrero, administrador; Luis Antonio Recio García, vocal y Carlos González Maestro, que fue secretario de dicha sociedad.

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El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid, César Gil Margareto, emitió en febrero de 2019 el auto de imputación, en el que redujo la lista original de casi una treintena a estos doce imputados. Se les acusa de delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y cohecho cometidos entre 2005 y 2011. Los doce se enfrentan a un conjunto de peticiones de penas de prisión que suman 221 años de cárcel, en el caso de las calificaciones del PSOE, o los más de 70 años de prisión que solicita para todos ellos el ministerio público.