El proceso a El Mancha por asesinato inaugura un curso judicial caliente en Valladolid

En la Sección Cuarta, los juicios comenzarán el 19 de septiembre y la mayoría de los procedimientos que se verán desde entonces hasta mediados de diciembre, explican fuentes jurídicas, son «reseñalamientos» de vistas que se tuvieron que suspender -entre el 24 de enero y julio- por las movilizaciones laborales de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ, los antiguos secretarios) y los funcionarios. No se espera que antes del año próximo la secretaría de esta Sección pueda programar el macroproceso de la denominada trama eólica contra ex cargos de Economía de la Junta y empresarios por el supuesto reparto ilícito del pastel de los parques eólicos en la comunidad.

La Sección Segunda tiene a la vuelta de las vacaciones veraniegas el primer juicio con jurado de la temporada, el de José R. L., alias 'El Mancha', y su hermano Manuel por el asesinato a cuchilladas en febrero de 2022 del vecino de Medina del Campo Borja P. G. Ambos, que se enfrentan a condenas de 21 años de prisión por el crimen, se sentarán en el banquillo junto a otros dos hermanos suyos, acusados de lesiones leves. La vista oral con tribunal popular comenzará el próximo 26 de septiembre y se desarrollará durante los días 27, 28 y 29 y 2, 3, 4, 5 y 6 de octubre. También para el mes de octubre el tribunal tiene programado un macrojuicio contra diez presuntos narcos de Valladolid y Bilbao que fueron detenidos en 2022 en el transcurso de una amplia operación, denominada 'Virgin', con la que la Guardia Civil desmanteló dos laboratorios clandestinos de 'speed' y cocaína. La Fiscalía, en su escrito de calificación, pide para ellos penas que en su conjunto se acercan a los 67 años con multas que superan el millón de euros.

Con esta proyección temporal -y siempre que los funcionarios no decidan retomar la huelga que dejaron en suspenso poco antes de las elecciones del 23-J-, las grandes causas judiciales, que precisan de muchos días, no podrán tener encaje en el calendario antes del primer semestre del año que viene. Una de ellas es el caso de supuesta corrupción política y económica vinculada al edificio 'Perla Negra' de la Junta en Arroyo de la Encomienda, un inabarcable procedimiento que se remonta a 2013, que fue suspendido en los preliminares de la misma vista oral y fue devuelto al juzgado de instrucción y que ya está en manos de la Audiencia a falta de cuadrar fechas en el complejo «encaje de bolillos» del libro de señalamientos. Otra fecha por conocer es la del juicio del caso Meseta Ski, el fallido proyecto de pistas secas auspiciado por la Diputación de Valladolid.

Pero la actividad judicial es mucho más que un puñado de vistas mediáticas y el panorama que dibujan los operadores jurídicos a la vuelta de agosto sigue siendo tan incierto como en julio, con la misma sensación, subrayan, de «abandono» y «año perdido» y cierto agobio por cómo gestionar la avalancha de expedientes que están esperando a entrar en tramitación (hay juzgados donde la pendencia se multiplica por tres, con asuntos parados desde febrero pasado), en medio del desánimo generalizado que expresan con la frase de «la Justicia no le importa a nadie». El retraso afecta especialmente el orden penal, donde se han suspendido cientos de juicios a pesar de los servicios mínimos.

Los abogados están a la expectativa. Sor María González Ortiz indica que tiene sobre la mesa de su bufete muchos procedimientos de divorcio que están en suspenso, y advierte de que la precarización judicial que se está viviendo tiene más efecto en la sociedad de lo que se cree. «Todo lo que no se resuelve en los juzgados de Familia urgentemente suele terminar en violencia de género. Al no tener unas medidas que regulen las relaciones entre cónyuges y menores, los plazos muy extensos terminan, sí o sí, en malas palabras o agresiones». Señala además que, como resultado de tantos meses de huelgas, «muchos compañeros han tenido que cerrar sus despachos».

«Los conflictos se han cerrado en falso porque los acuerdos con los LAJ y con nosotros y los fiscales no se han materializado y los funcionarios siguen como estaban en julio, además del problema de los abogados de oficio, así que nos espera un otoño caliente», pronostica el juez decano de Valladolid, Emilio Vega. A ello se suma «la situación de incertidumbre política que tenemos y el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial está desactivado, la cúpula judicial desierta (en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por ejemplo, están a la mitad de componentes)». En el día a día en los juzgados vallisoletanos, en una situación que «no es la ideal», señala el magistrado que «como siempre se ha hecho, se irá sacando el trabajo poco a poco», aunque reconoce que entre sus compañeros hay cierto desaliento. «La situación real de los juzgados no preocupa a nadie. Es desalentador. Es un poder que lleva paralizado casi un año y ni se habla de ello ni interesa a nadie. Solo se aborda para repartirse los cromos del Consejo».

«La situación evidencia que la Administración de Justicia, a pesar de que es el Poder Judicial, el tercer poder del Estado, está abandonada y es el justiciable quien lo sufre al final. No interesa que la Justicia funcione bien», señala Silvia Santana, portavoz del la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia en Valladolid e integrante de la coordinadora de asociaciones de LAJ que organizaron la huelga a primeros de año. Desconvocaron la movilización tras producirse un acuerdo con el Gobierno sobre una mejora retributiva que a fecha de hoy no se ha ejecutado. «Es una cuestión de voluntad política, porque aunque el Gobierno esté en funciones puede publicar en el BOE la modificación de los decretos de retribuciones, pero se ha olvidado por completo. El acuerdo firmado con el Ministerio de Economía y Hacienda y por el de Justicia sigue sin ejecutarse», señala esta letrada. De hecho, el primer plazo era el mes de julio y ha vencido.

Así que todas las asociaciones de los LAJ en bloque han optado por emprender la reclamación por la vía contencioso-administrativa y como paso previo al procedimiento judicial, que puede eternizarse años, han presentado un requerimiento que está a la espera de contestación. «La pelota sigue estando en el tejado del Gobierno, porque con las elecciones pensábamos que esto iba a ir más rápido, pero nos podemos ir a enero perfectamente». Los secretarios abordarán la estrategia a seguir en el congreso nacional que celebrarán el próximo mes de octubre en Burgos, aunque Silvia Santana adelanta que «no nos vamos a aquietar, porque hay un acuerdo firmado que tienen que cumplir».

Mientras tanto, en el día a día, afirma, «la consigna es trabajar para no suspender más juicios y que se puedan celebrar todos dentro del caos jurídico para que salgan los procedimientos que están atados».

«El que hace el trabajo, que lo cobre» es la máxima a la que se acoge Juan José Banciella, presidente del sector Justicia de CSIF Castilla y León, al referirse al «conflicto cerrado en falso», que se ha saldado con más de un millar de vistas suspendidas al día en los juzgados de la comunidad que tienen que volver a reseñalarse tras la huelga. Los funcionarios, subraya, son el 90% de las plantillas judiciales «y no saldrá adelante ninguna reforma judicial sin contar con ellos». Subraya que el que se forme ahora «tiene como primer compromiso ineludible sentarse a hablar con los funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia» porque, recalca, «somos los que la hacemos funcionar y tiene que reconocerse y pagarse nuestro trabajo y, si para ello es necesario cambiar la ley, que se cambie». Porque, augura, «sin voluntad de diálogo, la Justicia seguirá en pie de guerra y desgraciadamente lo pagarán los ciudadanos».

Recuerda este funcionario que hay unas necesidades «inaplazables» en Valladolid a las que no se ha dado respuesta, que se reivindican desde hace años y que no se pueden supeditar a que sea una realidad la Ciudad de la Justicia en el edificio de San Pablo, «con un horizonte temporal muy lejano». Enumera, entre esas necesidades, la creación de un nuevo juzgado de Familia, completar las secciones de la Audiencia Provincial, más refuerzos de personal para revisar los expedientes de incapacidades (las antiguas tutelas) y un juzgado de guardia de 24 horas, además de un servicio común de registro y reparto, además de otro juzgado de primera instancia.

Señala el decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Javier Martín, que, aunque lo han solicitado a la Gerencia de Justicia y al decanato no disponen del dato exacto de cuántos asuntos han quedado atascados o pendientes de registrar en los juzgados, pero tiene claro que va a haber un aluvión después de las Ferias de Valladolid. Menciona como ejemplo de la «preocupante demora» que en su despacho tiene demandas que llevan sin ser admitidas a trámite desde el mes de febrero pasado. Reivindica que se desmpolve el Pacto de Estado por la Justicia «gobierne quien gobierne« a igual nivel que existe un consenso por destinar recursos prioritariamente a la Sanidad y la Educación.

La decana de los Procuradores, Mar Abril, también augura una rentrée» complicada« por »el retraso tremendo en la tramitación, con un atasco del triple de asuntos, así que no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar«. Para hacerse una idea, apostilla, »solamente en el Juzgado de Primera Instancia 15 había casi 200 demandas por admitir antes de las vacaciones de agosto« y esa es la media de reparto de asuntos bloqueados en cada juzgado civil. Señala Abril que a ello se suma el hecho de que se está volviendo a la presencialidad, »cuando hay vistas y señalamientos que se podían mantener en la vía digital« lo que, a juicio de los operadores judiciales, serviría para dar salida a los procedimientos de manera más rápida. Esta vuelta a la presencialidad va a ocurrir en el Juzgado 4 Bis, que está dedicado en exclusiva a la resolución de las cláusulas suelo.