«Lino tuvo el control total en Asaja y sectoriales, hizo y deshizo a su antojo», según el fiscal

El sexto y último día del juicio que se sigue de forma telemática en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha estado centrado en la exposición de las conclusiones de las partes, trámite en el que el acusador público, a lo largo de casi hora y media, ha realizado un resumen de la actividad delictiva que, a su juicio, realizaron los cuatro inquilinos del banquillo, tanto el referido Lino Rodríguez como su esposa, Ana de la Fuente, y los que fueran gerente y vicepresidente, Fernando Redondo y Gerardo Rico, respectivamente.

«De una manera triste he resumido veinticinco años de la vida de Asaja y tengo que reconocer el trabajo realizado por la juez de instrucción y los inspectores de la Policía Nacional, que se han dejado dos años de su vida en esto», ha subrayado el fiscal del caso en el broche de una exposición en la que ha colocado a Lino Rodríguez como alma máter de los 'tejemanejes' realizados entre 1990, fecha de entrada del aludido al frente del sindicato, y 2015 en el seno de la OPA y de las distintas sectoriales o filiales.

En ese escalafón, el fiscal ha colocado a Lino Rodríguez, de ahí los trece años y medio pedidos para él por un delito continuado de administración desleal, otro continuado de falsedad documental en concurso medial con otro continuado de apropiación indebida y un delito de falsedad en documento mercantil, actividad delictiva que, según el acusador, se vio facilitada desde su cargo de presidente de Asaja Valladolid tras ganarse la confianza de los asociados y manejar a su antojo, con disposición en beneficio propio, de las subvenciones públicas de las distintas sectoriales a través de un laberinto de movimientos de dinero entre unas y otras «con el único propósito de esconder el origen del mismo».

«Se trata de sociedades independientes, con su personalidad jurídica, sus ingresos y gastos propios, sin perjuicio de formar un grupo de empresas a efectos laborales», ha advertido el fiscal, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que pese a ello Lino Rodríguez controlaba todo al ocupar también cargos en las sectoriales, sin que el entonces tesorero entre 1990 y 2013 y denunciante de la trama, Alberto Cano, manejara las cuentas.

De hecho, el tesorero, a quien algunos de los testigos han calificado durante el juicio de «mero títere», dejaba en Asaja una chequera firmada y no planteaba problema alguno para los intereses de Lino «hasta que Cano empezó a preguntar por determinadas cuestiones y entonces el acusado le echó de la organización», ha recordado la acusación pública para fundamentar la tesis de que el líder agrario alcanzó el control de todas las cuentas «para hacer su santa voluntad».

Y es ahí donde ha situado desde el año 2000, como partícipe a título lucrativo, a la esposa del sindicalista, Ana de la Fuente, al frente de la sociedad Sodeprin SL, de la que eran socios ambos y que fue contratada inicialmente para elaborar las nóminas de los trabajadores de Asaja pero que, como entiende el fiscal, cometió un delito continuado de falsedad documental en concurso ideal con un delito de apropiación indebida, por el que se enfrenta a dos años de cárcel.

En ese contexto, el fiscal ha enmarcado no solo el importante número de trasferencias ingresadas en la cuenta personal de Lino y, entre otros, los 80.000 euros desviados de Indycons a Campo de Peñafiel, sociedad de la que era administrador, o los más de 90.000 euros de Ifycar que supuestamente llegaron a parar a una caja de seguridad que compartía con su esposa en Banco Popular y que pudieron ser utilizados por el matrimonio para comprar un solar por 60.000 euros en Peñafiel, sino incluso la formalización de un contrato «secreto» a favor del encausado.

El polémico contrato, inicialmente suscrito con Derco y años después asumido por Asaja, ha ocupado buena parte de la intervención del fiscal, quien no ha dudado en calificar el mismo de «falso», ya que se hizo sin conocimiento ni consentimiento de la junta directiva de la OPA, y a pesar de ello el acusado estuvo percibiendo mensualidades por importe de hasta casi 4.000 euros, sin haber justificado tampoco actividad alguna.

«Alega que fue la junta directiva de Asaja la que, tras diez años trabajando para el sindicato y quemar dos coches en viajes, le ofreció un contrato, pero esto no se sostiene porque nadie conocía de su existencia y es en 2016 al tomar las riendas el nuevo órgano de dirección cuando se denuncia este hecho», ha incidido el acusador público, que también alude a la testifical y al informe de la Inspección de Trabajo para desmontar la versión de que Lino desplegara una actividad laboral para el conjunto de la organización agraria. «Tras diez años al frente de Asaja decide ponerse un sueldo y a partir de entonces evita el control por parte de la asamblea general, que cuando se celebra tan solo aborda cuestiones generales«, recrimina el fiscal.

Capítulo aparte ha supuesto la gran cantidad de cargos y reintegros por 200.000 euros que Lino Rodríguez efectuó con 'tarjetas black' de Derco y Remolacheros, ya que el acusador mantiene que el acusado «ni liquida, ni justifica ni permite el control», entre los que ha enumerado gastos de restauración, como la celebración del banquete de comunión de un hijo en La Parrilla de San Lorenzo por 1.850 euros; compras de ropa y calzado, joyería, gastos por tratamientos dentales, en ocio, muebles, azulejos, interiorismo, electrodomésticos y hasta en un sexshop, así como en un contrato de Securitas Direct, sin olvidar los viajes, entre otros, realizados a EuroDisney en 2002, otro a Milán en 2003 y uno a New York en 2004.

Con respecto al exgerente de Asaja, Fernando Redondo, y el que fuera vicepresidente, Gerardo Rico, el acusador público ha sido mucho más breve a la hora de centrar los cargos contra ellos, en el primer caso, fundamentalmente, por los gastos de adquisición de fichas con una tarjeta realizados en un casino en 2008 y 2009 y por los que le pide seis años de cárcel, al entender que incurrió en un delito de apropiación indebida, en el que estima la atenuante muy cualificada de reparación del daño -devolvió en su día más de 5.700 euros y hace dos días otros 11.450-.

El segundo, según la petición del fiscal, se enfrenta a una posible condena de cinco años, también por apropiación indebida, en relación con sendas transferencias por importe global de 80.000 euros que fueron a parar de Indycons a la sociedad Campo de Peñafiel, de la que Gerardo Rico era presidente.

Al margen de las peticiones de condena del acusador público para los cuatro encausados, junto con indemnizaciones que suman cuatro millones de euros, y las peticiones absolutorias de las defensas, los letrados de las acusaciones particulares, Asaja e Indycons, han mantenido también invariables sus escritos acusatorios.

Asaja imputa tan solo a Lino Rodríguez y su esposa por falsedad documental, delito societario continuado y estafa y solicita para cada uno de ellos cinco años de prisión, mientras que Indycons acusa a Lino Rodríguez y Gerardo Rico de apropiación indebida y falsedad e interesa para cada uno de ellos una condena de seis años.