La Ley Trans: bajo la lupa de expertos y sin avalanchas en el Registro

Cuando se cumplen los primeros quince días de aplicación, en los que 17 personas de las 32 que se han acercado al Registro Civil de Valladolid para informarse ya han solicitado que se inicie el procedimiento para cambiar el sexo que figura en su fe de vida, profesionales de la justicia y el derecho, la salud, el activismo social y laboral se pronuncian sobre las claves y los agujeros de un texto que para sus promotores solo persigue «igualar» y reconocer los derechos civiles de un sector de la población sobre la base de su identidad de género, pero que para sus detractores es una chapuza legislativa que abre la puerta al fraude porque se ha hecho con precipitación, sin consenso, que destila dogmatismo y 'borra' a las mujeres.

«Lo que pretende esta ley es que nadie tenga que pasar por lo que he pasado yo». Marina Echebarría Sáenz, doctora en Derecho Mercantil, profesora de la Universidad de Valladolid y pionera en el activismo LGTBI, despliega el argumentario sobre el que se sustenta la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y lo salpica de cifras, datos y referencias bibliográficas en el enésimo intento de desactivar la andanada de críticas suscitadas por la norma, en cuya confección ella ha participado. Comenta que, posiblemente a no mucho tardar, Vox plantee una cuestión de inconstitucionalidad.

-Ninguna de las personas que han acudido al Registro han querido cambiarse el nombre. ¿A qué cree que se debe?

-Posiblemente porque ya se lo habían cambiado, pues a los menores que antes no podían hacer la modificación registral de sexo sí se les permitía cambiar el nombre. Quien no cambie de nombre no sabe con lo que se va a enfrentar, porque si su documentación dice Juan y su aspecto no dice Juan va a tener problemas hasta cuando vaya a pagar con tarjeta en el supermercado. ¡La cajera no le va a admitir el pago! No tener una misma identidad en todos los documentos tiene un coste social bastante gordo. En el Reglamento del Registro ya se especifica que no se pueden registrar nombres que generen confusión respecto al sexo.

La profesora Echebarría se revuelve contra las manifestaciones lanzadas por los detractores de la Ley por las redes sociales y mentideros respecto de que el cambio de sexo con el solo hecho de tramitarlo en el Registro Civil sin necesidad de informes clínicos o forenses que 'avalen' la legitimidad de la transición de género va a ser un 'coladero' para la picaresca. «Cualquier ley es susceptible de su utilización para el fraude, pero hay una respuesta para estas conductas en el ordenamiento jurídico, no solo por el artículo 6 del Código Civil (los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir). También las fiscalías están habilitadas por si se observa una maniobra de este tipo para intentar un beneficio espurio. La consecuencia es la nulidad y la retroacción». Respecto de que haya personas que lo utilicen para, por ejemplo, acceder con ventaja a procesos selectivos y oposiciones, la activista es tajante. «Hay gente que no sabe dónde se está metiendo. ¿Luego van a vivir con un nombre y una identidad que no les corresponde, o piensan que después lo van a revertir? Esta acción puede ser impugnada y hay consecuencias». Respecto de «la epidemia de transiciones» y las «avalanchas» en el Registro vaticinadas desde las tribunas conservadoras, Marina Echebarría tira de estadística. «Desde 2007 en España han cambiado de sexo 7.313 personas, que es el 0,015% de la población y en los estudios clínicos se habla de una prevalencia del 0,4%. Todavía tendría que aflorar más del doble». En ese itinerario de transición a la identidad sexual deseada están una media de tres o cuatro años. «Ahora, simplemente la decisión registral no va a estar ligada a un tratamiento».

El magistrado de la Sala Civil de la Audiencia de Valladolid, Francisco Salinero, apunta que la ley obedece a una necesidad social de regularizar la situación de las personas transgénero, pero considera que habría sido pertinente establecer un periodo de 'vacatio legis' para que los operadores jurídicos pudieran haber estudiado a fondo el texto antes de su entrada en vigor, que considera «precipitada». Respecto de un posible recurso de inconstitucionalidad en el horizonte, este veterano jurista ve algunas trazas de que pueda prosperar por algunos artículos. «Tenemos nuevas realidades sociales que hay que regular y se tiene que dar respuesta a unos ciudadanos, pero hay artículos que pueden rondar la inconstitucionalidad, como la prohibición de que se informe sobre tratamientos y expresiones de género aunque la persona lo consienta, pues el consentimiento está siempre presente en las relaciones personales en cualquier ámbito de la vida». Este artículo establece además sanciones administrativas importantes.

Otro agujero que aprecia el magistrado Salinero es que la ley «no pone un tope a la concatenación excesiva de rectificaciones indefinidas que se permiten y que generan inseguridad jurídica y una sensación de falta de seriedad, además de que tendría que poner barreras para que no sirva a los oportunistas y que no se utilice fraudulentamente». Una persona trans puede cambiar el sexo en el Registro y a los meses puede revertir esa decisión y volver a la asignación anterior.

En función de la edad de la persona transgénero, el cambio de anotación en el Registro Civil se realiza por la vía administrativa o por la vía judicial, con presencia del fiscal de menores.

El procedimiento, destaca el magistrado, «es relativamente rápido y sencillo, de trámite preferente y urgente, pues solo tienen que presentar su solicitud, ofrecen un nuevo nombre que cumpla con los requisitos de dignidad que establece el Código Civil y esta petición no está condicionada a un informe médico ni necesitan haber modificado su apariencia ni haberse sometido a operaciones quirúrgicas». En la oficina se les informa de las consecuencias jurídicas que supone este cambio.

Para la psiquiatra Ruth González, la Ley Trans «vuelve a colocar el estigma en la salud mental» y considera que desvincular el cambio de sexo en el registro del seguimiento terapéutico en el caso de niños y adolescentes va a traer consecuencias no deseadas. «Si un niño o un adolescente viene de problemas como las agresiones sexuales, el bulling, la anorexia o el maltrato y rechaza su propio cuerpo eso no significa que automáticamente tenga disforia de género», apunta. «Si viene de un problema y decide que es trans y luego se da cuenta de que era otra cosa, pasar por salud mental le va a ayudar en ese proceso». Sin embargo, se lamenta, el legislador «ha prescindido por completo de nuestra experiencia. Porque no se trata solo de cambiar el sexo en el DNI es que influye en todo el ámbito vital y hay decisiones que van a tomar estos menores que pueden ser irreversibles».

Considera que se están lanzado muchas cortinas de humo «y no nos fijamos en lo esencial, que la adolescencia es una edad de conflicto en la que el cuerpo cambia y que es un proceso en el que primero no te aceptas, tienes complejos y cuando pasa el tiempo te aceptas con tu nariz y tus orejas. Por eso, en una edad de tanto cambio hay que tener un acompañamiento. Ni todo es disforia ni todas las disforias nacen en la edad infantil».

Desde la pandemia, indica, se han incrementado en un 30% las consultas sobre disforia sexual de menores. «Tenemos que ser cautos en analizar los datos, porque los chavales lo han pasado muy mal en la pandemia, se ha producido un repunte en trastornos de la alimentación y en casos de disforia de género. Se han sentido muy solos y aislados, lejos de sus amigos y confinados con sus padres, que a esa edad es el enemigo. Muchos han buscado en Internet y se ha producido un efecto contagio, porque el grupo marca mucho a esa edad».

Porque en la adolescencia, subraya, «hay un cambio de perspectiva de uno mismo y te despegas de los tuyos para ir a buscarte a ti mismo en el grupo social y tienes que sentirte identificado y aceptado».

Se trata de minimizar los riesgos y que el daño sea mínimo en el supuesto de que el menor considere que, durante la transición, se ha equivocado, insiste la doctora Ruth González. «Tiene que haber un tiempo donde la persona va a convivir con el rol».

Respecto del perfil de los menores que llegan a su consulta, señala que la mayoría son chicos y a muchos ya se les estaba tratando en la infancia por trastornos como el TDH. «Nos comentan que no están de acuerdo con su género o vienen los padres tras pasar por atención primaria y tratamos de ajustar las expectativas». Hay casos en que con la hormonación se consiguen cambios, otras veces no son demasiado evidentes. «Intentamos dar validez a lo que piensan y que se acepten y a vivir con su cuerpo, porque al final convives con tu cabeza». También se ocupan los psiquiatras de la Unidad infanto-juvenil del Hospital Clínico de informarles sobre los efectos secundarios de los tratamientos hormonales.

«Privarles de esta asistencia es dejarles desprotegidos y el sentido común poco tiene que ver con la ideología, que aquí los credos los guardamos en el cajón», apostilla respecto de las críticas recibidas desde algunos foros activistas LGTBI. En este sentido, matiza que las asociaciones y organizaciones que reclaman derechos para estos colectivos «tienen su lugar», pero reivindica que la asistencia a los menores con disforia de género tiene que tener un enfoque multidisciplinar, con un papel esencial de los profesionales de la salud mental en el proceso. Por el contrario, entiende que «se está criminalizando con la Ley Trans lo que se está haciendo en el servicio de salud mental».

La sindicalista Yolanda Martín no está de acuerdo con que esta normativa perjudique los derechos conseguidos por las mujeres, respecto la afirmación de un sector del feminismo opuesto a la Ley Trans de que esta 'borre' a las mujeres. «Creemos que blinda unos derechos a un colectivo que ya tenían que estar asumidos, aunque habrá que ver el desarrollo reglamentario posterior». Apunta también que el fraude de ley es poco probable. Desde Comisiones Obreras, señala que las personas trans van a tener preservados sus derechos en los centros de trabajo. «Vamos a promover cláusulas en los convenios colectivos de no discriminación y se defenderán los derechos laborales y sociales de estas personas, para que tengan un entorno favorable, seguro y de respeto».