Juzgado togado militar de Valladolid, en la Delegación de Defensa. ricardo otazo

El juzgado togado militar de Valladolid asume la investigación por irregularidades en El Empecinado

La Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Terrestre remite al comandante auditor la denuncia para que abra diligencias sobre la presunta malversación de fondos

M. J. Pascual

Valladolid

Lunes, 27 de febrero 2023, 15:12

La Fiscalía Jurídico Militar del Tribunal Militar Territorial Terrestre 4 de A Coruña ha solicitado al Juzgado Togado Territorial 42 de Valladolid que abra diligencias previas sobre la denuncia de supuestas irregularidades cometidas por mandos en la gestión de la base de El Empecinado, ... en Santovenia de Pisuerga. Así se ha confirmado este lunes desde el Ejército de Tierra, desde donde han declinado realizar comentarios al estar el caso «judicializado».

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La decisión de la Fiscalía Militar de remitir el asunto al comandante auditor se produce después de que la Fiscalía de Valladolid haya visto indicios delictivos en el comportamiento de algunos responsables del acuartelamiento militar tras estudiar la denuncia anónima, a la que se han aportado documentos y fotografías que justificarían que la autoridad militar realice una investigación en profundidad sobre el asunto.

El escrito recibido en la Fiscalía, acompañado de facturas y correos electrónicos, denuncia «la utilización indebida de fondos públicos para un beneficio personal y privado de personas pertenecientes al ámbito militar que, en comandita con determinadas empresas privadas de Valladolid y una de Burgos, y un plan diseñado a tal efecto, han estado desviando fondos del patrimonio público, sin que exista debida causa y motivación para dicha utilización». En principio, el supuesto fraude habría alcanzado los 180.000 euros.

Los hechos denunciados se circunscriben a los años 2021 y 2022, aunque se solicita que se amplíe la investigación a años anteriores, cuando al menos cuatro altos mandos de El Empecinado, en connivencia con representantes de siete empresas, «solicitaban y consentían» la emisión de facturas por parte de terceros, sin que estos llegasen a prestar esos servicios, incrementando presuntamente el valor unitario de los conceptos facturados o falseando la realidad. En alguna de esas peticiones se llegaba a solicitar la emisión de una factura para cubrir comidas y otros gastos, no justificados y sobre los cuales no existía autorización de pago con cargo a fondos económicos del Estado.

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Facturas prefabricadas

En uno de los correos electrónicos aportados a la denuncia como prueba, un alto mando pide a una empresa ajena al sector de la hostelería la emisión de una factura para «cubrir una comida» con el importe exacto de 322,69 euros. «Necesito una factura para una comida», refleja la comunicación. Los supuestos implicados en el fraude utilizaron los correos oficiales de la base. En una de estas comunicaciones se solicita dividir facturas superiores a 5.000 euros «al no poder gestionarla en una conjunta». Otro de los ejemplos detallados en la denuncia reflejan una factura con la venta de 1.000 kilos de harina, emitida por una mercantil dedicada a otros servicios alejados de la alimentación. Se aporta también una fotografía que capta una reunión en un bar entre un alto mando de El Empecinado y responsables de dirección de dos empresas de Valladolid.

Ahora, el juzgado togado militar vallisoletano abrirá una investigación para determinar si, como se expone en la denuncia, los hechos que se relatan pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública, «a través de centenares de facturas que muchas de ellas no superan la cantidad de 1.000 euros».

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Al respecto de esta denuncia se ha pronunciado este lunes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien ha señalado que el presunto caso de malversación por posibles irregularidades económicas por parte de cuatro mandos de la base El Empecinado (Agrupación de Apoyo Logístico 61) en Cabezón de Pisuerga (Valladolid) «está en la vía judicial correspondiente, como procede en un Estado de derecho».

En declaraciones recogidas por Ical, Barcones señaló que «no procede por parte de la Delegación del Gobierno hacer ningún tipo de comentario». «En este caso es una cuestión militar, y en nuestro país tenemos una sección especifica dentro de la vía jurisdiccional para todas aquellas cuestiones del ámbito militar. En esta Delegación del Gobierno, y más siendo una cuestión militar, llevamos a rajatabla que cuando algo está en vía judicial no procede hacer ningún tipo de comentario», señaló.

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Cuestionado también al respecto el general César García del Castillo, jefe de la cuarta subinspección general de Valladolid y Palencia, en el acto de inauguración de dos exposiciones con motivo del quinto centenario del Palacio Real de Valladolid, subrayó que no tiene «ningún tipo de comentario que hacer». «No es el momento ni el lugar. Además está sub judice todo, no puedo decir nada», concluyó.

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