El juzgado ordena investigar las finanzas del presidente nacional de Enfermería

El Colegio de Enfermería de Valladolid está personado en la causa y lleva años pidiendo que se investigue «la trama empresarial» del presidente del Consejo nacional. En concreto, conforme el Ministerio Fiscal y según repasa la organización vallisoletana, los hechos investigados son «los contratos de asesoramiento y consultaría concluidos por el investigado en su condición de presidente del Consejo General de Enfermería y del Consejo Andaluz de Enfermería con diversas entidades vinculadas al entorno empresarial de José María San Segundo Encinar que a través de la mercantil Abertas a la esposa e hijo del investigado, sin causa que lo justificara.

Asimismo, la realización de un viaje de varios miembros de la organización nacional y sus acompañantes, con ocasión de la celebración en 2018 en Singapur de un congreso internacional, abonando parte de los gastos mediante gratificaciones extraordinarias en sus nóminas o mediante la emisión de facturas a mercantiles vinculadas al investigado por servicios no prestados».

También incluyen las acusaciones «la presunta facturación falsa por la dirección y coordinación de cursos de formación a enfermeros de los ocho colegios profesionales de Andalucía».

El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid había archivado la causa inicialmente;pero el Ministerio Fiscal consideró que había que llamar a declarar a los investigados. Esto fue en mayo de 2023.

Y a la par, en este cruce de acusaciones, el Colegio General de Enfermería de España presentó el pasado 25 de abril una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Madrid, contra Alfredo Escaja Fernández, expresidente del Colegio de Profesionales de Enfermería de Castilla y León, entre otros. En la demanda interpuesta por Florentino Pérez Raya se los acusaba de presunta administración desleal, apropiación indebida y descubrimiento y revelación de secretos.

Ahora, el nuevo paso judicial es el de investigar las cuentas y movimientos y declaraciones fiscales de Florentino Pérez y de otras 18 personas y entidades con el fin de dirimir si hubo desvíos y en qué cuantía.

El juzgado, tras argumentar en los razonamientos jurídicos, los requisitos que proporcionan «una justificación objetiva y razonable a la injerencia del derecho a la intimidad como es la supuesta comisión de varios delitos de administración desleal, apareciendo en el seno de las investigaciones que se han ido practicando la necesidad de la obtención de información relativa a las relaciones entre personas y sociedades que hayan podido tener participación en los citados hechos delictivos a la que se puede llegar mediante el análisis de la titularidad y movimientos de las distintas cuentas corrientes que han sido solicitadas en el atestado de referencia, así como titularidades patrimoniales y datos relativos a la Tesorería General de la Seguridad Social».