El Consejo de Enfermería reclama 180.687 euros al expresidente Alfredo Escaja

El objetivo de abrir esta investigación, destacan fuentes del consejo, es «recuperar el daño reputacional y el patrimonio de los 330.000 enfermeros que hay en España».

En la documentación presentada ante el juzgado se relata que cuando Pérez Raya llegó a la presidencia en 2017, inició un proceso de «transparencia y austeridad» para «exigir las responsabilidades derivadas de actuaciones ilegales detectadas». Aquel mes de octubre solicitó al entonces gerente, Julio González, la documentación relativa a las entidades que gestionaba dentro del grupo corporativo del Consejo, entre las que se encuentran Cofunsalud, S.A. y E-Network Salud, S.A. En la denuncia se relata que no se pudo acceder a la misma dado que «fue extraída del despacho por la ventana» y tampoco a la caja fuerte »porque no estaban ni las llaves ni las claves«.

El proceso de investigación ya ha ocasionado diversas actuaciones judiciales en busca de posibles responsabilidades penales a lo largo de 30 años de mandato (1997-2017) por presuntas irregularidades. En diligencias previas están las acusaciones de pagar bodas, bautizos y otros gastos de los citados hermanos con dinero del Consejo junto con las sociedades Cofunsalud y E-Network Salud.

La documentación, recoge la demanda, «permite evidenciar la relación directa y vinculación» de ambos con Alfredo Escaja, desde 1993, cuando se le encargó al expresidente de la Enfermería de Castilla y León dirigir y gestionar el XX Congreso Internacional de Enfermería en Madrid. «Estas gestiones, según auditorias realizas por KPMG y Audisur, presentan importantes irregularidades. Como consecuencia, el Consejo tuvo que abonar las pérdidas, que fueron de 454.770 euros», recoge la documentación judicial.

En otro pleito abierto, hay un testimonio ante la Audiencia de Madrid en el que una persona que trabajaba de forma directa Escaja «reconoce haber percibido más de 20 millones de las antiguas pesetas» por conceptos que ya habían sido facturados a otras entidades, señala el denunciante. Los hermanos González Jurado y Escaja «pactaron y establecieron un sistema para abonar a este último a través de una sociedad determinadas cantidades económicas mensuales sin que nunca se llevaran a cabo por el Escaja ni por su sociedad ni trabajos ni asesoramientos a favor de las empresas pagadoras de las cantidades económicas, a pesar de orquestar toda la simulación bajo fórmulas contractuales, incluso, predatadas y basadas en asesoramiento y actividades formativas».

Las cantidades presuntamente ilegales abonadas a esta sociedad instrumental, Serviclar 2000 -utilizada por Escaja y familiares suyos- y que ahora se reclaman ascienden a 180.687,45 euros. Estos pagos corresponderían a presuntos trabajos de asesoramiento sin ningún tipo de constancia ni informes sobre esta actividad. «Los acuerdos se realizaron con un pacto entre los denunciantes sin ningún acuerdo expreso de los consejos de administración».

Recoge además la denuncia que Alfredo Escaja figura como representante legal de la sociedad Desarrollos Aulares S.A., con sede en Cuauhtémoc (México), dedicada al sector de la construcción. Apunta la demanda que «sorprende que alguien con un sueldo de enfermero pueda constituir y poner en funcionamiento este tipo de sociedades en el extranjero».

En cuanto a la interceptación y difusión ilegal de correos internos de la organización colegial nacional, recoge que Escaja presentó el 13 de julio, ante el Juzgado de Intrucción número 2 de Ávila, un escrito al que acompañaba, entre otros documentos, dos correos electrónicos que afirmaba haber recibido de forma anónima; aunque «fueron obtenidos ilegalmente». De hecho, el Consejo denunció en mayo de 2021 ante la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional haber sufrido el hackeo de sus ordenadores y archivos electrónicos.

Los correos electrónicos, manipulados, fueron utilizados judicialmente, «a pesar de estar protegidos por el secreto de las comunicaciones», con el objetivo de acreditar una colaboración del Consejo General con varios presidentes colegiales, se indica en la denuncia.

«La divulgación de la referida cadena de correos electrónicos puede constituir un delito de descubrimiento y relevación de secretos», presuntamente por parte de Alfredo Escaja.